Desde el punto de vista normativo "hay muy poco que mejorar" en materia de lavado de activos en Uruguay

Desde el punto de vista normativo "hay muy poco que mejorar" en materia de lavado de activos en Uruguay

    El Grupo de Acción Financiera Internacional evaluará la efectividad de Uruguay a la hora de prevenir y sancionar delitos económicos. El director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos Carlos Díaz Fraga dijo a En Perspectiva que Uruguay "no está visualizado" como un país de gran consumo de drogas para organizaciones internacionales, por lo que "el atractivo que puede tener para poderosas organizaciones del crimen organizado (...) puede ser el lavado de activos en el sistema financiero". En este tema Uruguay está al día con los criterios que aún hoy están vigentes. Según destacó Díaz Fraga, Uruguay "junto con Perú está evaluado como el país de mayor cumplimiento en América".

    (emitido a las 7.45 hs.)

    EMILIANO COTELO:
    Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de la Ndrangheta, esta organización criminal italiana surgida en la región de Calabria. En un seminario internacional sobre lavado de dinero y narcotráfico se mencionó que existen indicios de la presencia de ese grupo en la región, incluido Uruguay.

    Para definir la peligrosidad de esa organización se apeló a un ejemplo que llama la atención: "Pablo Escobar es un bebé de pecho al lado de ellos".

    En el seminario también se hizo mención a la presencia, en territorio nacional, del cártel mexicano de Sinaloa, y la presencia de un familiar de un presidente colombiano que intentó una maniobra de lavado de dinero, acá en Uruguay.

    Nuestro país deberá afrontar a breve plazo una revisión por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que va a evaluar la efectividad de nuestro Estado en la lucha contra este tipo de delitos.

    Entonces, ¿cómo estamos? ¿Por qué esas advertencias que se lanzaron ayer? Dialogamos a partir de este momento con el licenciado Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

    ROMINA ANDRIOLI:
    Llamó la atención lo que se manejó ayer en este seminario regional sobre lavado de activos. ¿Efectivamente es así? ¿Hay indicios de esos grupos?

    CARLOS DÍAZ FRAGA:
    Este tema salió una vez finalizado el seminario en una ronda de preguntas a partir de una afirmación de parte de la delegada argentina de que ellos tenían indicios de la presencia en la región de esta organización. En el seminario nosotros citamos uno de los libros de cabecera que estamos leyendo, "El G9 de las mafias del mundo", escrito por [Jean-François Gayraud], un comisario abogado de la policía francesa especialista en geopolítica del crimen organizado, que señala que estarían presentes ya no precisamente en la región pero sí en gran parte del mundo. Sobre todo la Ndrangheta, que hoy por hoy, según él dice citando fuentes aparentemente muy fidedignas, es quien está introduciendo el 80% de toda la droga que entra a Europa.

    Nosotros dijimos que si bien podría haber una presencia en función de ese libro, el reducido mercado que tiene Uruguay para este tipo de productos y los controles financieros hacía que este tema no nos preocupara demasiado. Ese ha sido un poco el contexto, porque prácticamente ninguno de los temas que se han mencionado han formado parte de la exposición.

    RA – ¿Qué grado de alerta hay que tener ante la presencia de estos grupos aquí en Uruguay?

    CDF – Este tipo de cosas han ido cambiando, estas organizaciones han ido sustituyendo a las tradicionales, pero Uruguay no está visualizado como un país de gran consumo para estas organizaciones. Lo que sí hablamos en el seminario es que el atractivo que puede tener Uruguay para poderosas organizaciones del crimen organizado no viene dado por un mercado potencial de tres millones -reducido a aquellos que consumen la droga, lo que es un mercado mucho más pequeño- sino que puede ser el lavado de activos en el sistema financiero. Esos son riesgos que tenemos todos los países y que podemos tener. Ahora, acciones concretas de estas organizaciones, la representante argentina dijo que allí [en Argentina] sí, pero no va por nuestra cuenta.

    RA – ¿Cómo están operando estos grupos en Argentina?

    CDF – Ella afirmaba que estaban operando en determinadas zonas. Lo que sí se ha notado, estudiando estos temas, porque es nuestro trabajo pero nosotros no formamos parte, es que estos grupos se acercan cada vez más a las fuentes de producción para ir cubriendo cada vez más eslabones en la cadena productiva. Supongo yo que al ser los que entran el 80% de la droga a Europa estarán acercándose a fuentes de distribución para estar cerca de los grandes productores de determinadas drogas en Sudamérica.

    RA – Y si hay cierta vulnerabilidad en Argentina, ¿no debería ponernos un poco en alerta por la proximidad que tenemos?

    CDF – Pero usted no va a encontrar aquí un mercado que resulte atractivo a este tipo de organizaciones. A ver si lo pongo más claro: estas organizaciones no trabajan con pasta base, están para otra cosa, que pueda ser de tránsito o no, ese es otro tema, pero esto tampoco se visualiza. Le vuelvo a insistir: otro tema es el lavado de activos, en este tema no juega el territorio, países que han sido refugio de capitales, no tenemos por qué suponer que ilícitos, como puede haber sido Suiza en la historia del siglo pasado, no lo eran por la cantidad de habitantes ni porque fueran refugio de actividades criminales directamente. En eso es en lo que tenemos que pensar algunas veces.

    RA – Yendo a ese punto, ¿cuál es nuestra situación respecto al lavado de activos?

    CDF – El problema que está teniendo el lavado de activos en el mundo es algo que también señalamos, nosotros venimos de tener la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, tomamos la presidencia ahora en setiembre del grupo de lavado de expertos de la Organización de los Estados Americanos. El problema es que a partir del año 2012 han cambiado todas las normas de valoración de los países, Uruguay de acuerdo con los criterios que aún hoy están vigentes para evaluar los países, junto con Perú está evaluado como el país de mayor cumplimiento en América. Surgen nuevas normas, el mundo entero está por enfrentar una nueva ronda de evaluación, de este lado del mundo al primero que se va a evaluar va a ser Cuba, del otro lado en principio España y Noruega inmediatamente, y estamos todos a la espera de cuáles van a ser los criterios de evaluación. Lo que sí sabemos es que van a ser un tanto diferentes a lo que han sido anteriormente porque hemos estado participando en la elaboración de algunos de los criterios.

    Eso nos lleva a decir que la responsabilidad que tenemos hace que, sabiendo cómo va a ser evaluado el país en 2018, empecemos a trabajar para compatibilizar la situación del país con esos criterios.

    RA – Pero hasta ahora estamos hablando del marco normativo.

    CDF – No, desde el punto de vista del marco normativo poco o nada tenemos para mejorar.

    RA – ¿Estamos blindados desde ese punto de vista?

    CDF – Yo diría que poco o nada, hay unas discusiones sobre si se incorpora o no el delito fiscal como precedente de lavado de activos, son discusiones que tienen solución aprobando una ley. El problema es que cuando hablamos de efectividad tenemos que hablar de procesos, de estadísticas, de cosas que no se arreglan instantáneamente a través de aprobar una ley o no, sino del comportamiento en determinado período de tiempo.

    Eso nos lleva a concluir que si vamos a ser evaluados en 2018 tenemos que exhibir en determinadas áreas un comportamiento por lo menos durante dos años. Eso nos lleva a que pensemos en que el 1° de enero de 2016 ya tienen que estar en marcha esos nuevos aspectos que pudieran merecer cambios. Lo que a su vez, volviendo un poquito atrás, hace necesario que en el presupuesto 2015 sean aprobadas este tipo de cosas. Sabemos que un Gobierno que asume el 1° de marzo, sea cual sea, no tiene tiempo para introducir estas normas al presupuesto conjuntamente con otro montón de normas que le va a introducir. Eso nos ha llevado a pedirle apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo para conjuntamente con técnicos extranjeros empezar, en este año, a elaborar los análisis de riesgo y el diagnóstico de tal forma de poder entregárselo al Gobierno entre en enero o febrero, porque antes de eso es imposible terminarlo.

    RA – Yendo a la práctica, saliendo un poco de lo normativo, ¿por dónde pasan los mayores riesgos y amenazas hoy en día para Uruguay en materia de lavado de activos?

    CDF – En nuevas culturas, en incorporar…

    RA – Cuáles son las actividades que se prestan…

    CDF – En el sistema financiero, sin perjuicio de que también estamos trabajando junto con la OEA  codo a codo, se están revisando algunos aspectos. Pero deberíamos ir al sector real de la economía, me refiero a sujetos obligados como inmobiliarias, rematadores o asociaciones civiles, que todavía no están como sujetos obligados. Hay una serie de aspectos que merecen atención, que si usted los ve desde el punto de vista normativo no precisan ley, pero sí precisarían que revisáramos la relación que el Estado está teniendo con ellas. En algunos casos, como en el de las asociaciones civiles, esa relación ha sido planteada antes que se planteara este problema de lavado de activos y en consecuencia se maneja por otras normas.

    RA – ¿Por qué se ve a estas organizaciones sin fines de lucro y civiles? En la nota que hace el matutino El País se menciona que usted incluyó hasta las iglesias dentro de este grupo que debería tener algún mayor control.

    CDF – Lo sugirió un periodista. El GAFI pide que todas aquellas organizaciones sin fines de lucro como los clubes de fútbol, las iglesias y los partidos políticos tengan cierta regulación, y los países -Uruguay no es excepción en nada- tienen que detener su mirada también en estas asociaciones y no preocuparse exclusivamente de los bancos. Eso pide las nuevas recomendaciones y este nuevo escenario al que me estaba refiriendo.

    RA – En los casos de los agentes que ya está regulados, que deben reportar a propósito de operaciones sospechosas, siempre hay una diferencia en torno al mercado inmobiliario. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en este sector?

    CDF – Un problema cultural. Insisto, no quiero defender a nadie, ese problema existe en toda América: ha avanzado el tema del lavado de activos dentro del sistema financiero por el desarrollo del sector, porque los controles son hechos no solo por los países sino también por las casas matrices, el control en materia de lavado de activos de una institución financiera con casa matriz en cualquier país llega a todas las sucursales y eso hace que el sistema se haya ido perfeccionando. Pero eso ha funcionado solo dentro del sector financiero, no es lo mismo fuera de él, hay diferentes grados de madurez, y es uno de los problemas. No se puede salir a relacionarse con una inmobiliaria de la misma manera que lo hace con un banco y esas son cosas que queremos revisar.

    RA – ¿Cuál es el panorama que tienen del sector inmobiliario?

    CDF – Hoy por hoy estamos en conversaciones con la Cámara de Inmobiliarias, que va a trabajar con nosotros en este proceso al de diagnóstico que me estoy refiriendo, que va a estar constituido por una serie de mesas de trabajo coordinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el cual va a ser llamado todo el sector privado para ver cómo entienden ellos que debemos relacionarnos. A esta altura creo que todo el mundo sabe que deben formar parte del sistema de previsión y no hay ninguna duda en ese sentido.

    RA – ¿Pero hoy en día no reportan operaciones sospechosas para la cantidad de volumen que se maneja de operaciones?

    CDF – No están reportando, exactamente. Parecería que debería haber más reportes, pero nos lo dirán y descuento que es un proceso un poco más largo que el otro pero que no hay forma de dejar de cumplirlo. Todas son exigencias internacionales que nosotros compartimos y que no recogerlas podría implicar una grave consecuencia para el país si es incluido en alguna lista.

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