Duras acusaciones y denuncias de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego

    La Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) hizo nuevas denuncias sobre la gestión de casinos municipales. En conferencia de prensa realizada en la tarde de este miércoles, los trabajadores acusaron al actual director de Casinos del Estado y ex director de Casinos Municipales, Juan Carlos Bengoa, de conocer a los propietarios de las empresas a las que le fueron otorgadas las concesiones de los slots.

    Afirmaron también que Orestes González no era funcionario municipal sino asesor de Bengoa, y que existe un documento que señala que quedaría al frente de los Casinos Municipales ante la ausencia de su titular.

    Los funcionarios señalan que todo lo que ocurrió en los casinos municipales fue el resultado de una política realizada a ex profeso para fundirlos y fomentar la privatización.

    Ampliando las denuncias del semanario Brecha, aseguraron que "Bengoa mintió" en sus últimas –y escasas– apariciones públicas (fundamentalmente en una entrevista con radio Sarandí), al decir que no tenía posibilidad de conocer a los directores de estas empresas que hicieron negocios con la Intendencia y que aparecen cuestionadas en la investigación administrativa realizada por la actual administración.

    Señalan también que el actual director de Casinos del Estado "mintió" al decir que Orestes González y José Antúnez eran simples funcionarios del municipio.

    Uno de los integrantes del sindicato, Sergio Piteta, recordó las entrevistas que los trabajadores tuvieron con ambos, como asesores de Bengoa, y se refirió a una de las empresas a las que se vincula a familiares de Orestes González, Libretol, S.A.

    "El contador Bengoa, para hacer mención a una de ellas, que es Libretol, dice que en realidad (la empresa) no participó de los contratos de arrendamiento directo, ya que se le devolvieron las máquinas porque no tenían aceptador de billetes, y que no recibió ningún centavo de la Intendencia. Nosotros tenemos acá la licitación pública por la cual se adjudica y a Libretol se le adjudican 10 máquinas en arrendamiento al 30%. Además, tenemos un listado y un anexo, de cuando integramos una comisión al inicio de la administración Ehrlich que discrimina los arrendamientos por máquinas por empresa, y Libretol arrienda al 30%. En lo que fue de enero a julio de 2005 iba percibiendo 860.119 pesos", señaló.

    Respondiendo a declaraciones de Bengoa en cuanto a que no tenía forma de saber quiénes eran los directores de las empresas, Piteta señaló: "El tema está en que se reúnen sólo con representantes, pero los contratos los firman con los integrantes del Directorio. Pudimos acceder a la resolución por la cual rescinde el contrato de la otra empresa denunciada, Macale S.A., para incorporarla en la licitación y dice ‘rescindir el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 20 de marzo de 2002 con la firma Macale S.A., representada por la señora Rose Marie Sosa Delgado, relativa al arrendamiento de 10 máquinas tragamonedas’".

    Rose Marie Sosa Delgado es, justamente, quien figura como directora de la firma.

    Las denuncias sobre Orestes González también abarcan a su desempeño actual, al frente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. El secretario de finanzas de COFE, Leonel Revelese, aseguró que el jerarca permite juegos que no dan ganancias y arremetió contra algunos como "El juego de la cédula", en el que aseguró que participan medio millón de cédulas que nunca fueron emitidas por el Ministerio del Interior y lo calificó de "estafa".

    "Nos referimos a Supermatch, al que hoy por hoy no juega nadie y se sigue manteniendo, al Kini, que da dado pérdidas y se sigue manteniendo, aunque sirve para canalizar otras rutas que tienen las bancas de quinielas para vender otros servicios y para introducir otros juegos", señaló.

    Revelese también dijo que se le otorgó una agencia de forma directa a la esposa del presidente de la Banca de Quinielas de Montevideo, Roberto Palermo, sin abrir el correspondiente registro de aspirantes.

    Además, hizo otras denuncias sobre el control de los juegos de azar: "Estamos denunciando que no hay un mejoramiento de los aspectos de control del juego que debe hacer el Estado sobre los privados. No hay un programa propio de liquidación de juegos del Estado, que es el organismo controlador, y no se han realizado monitoreos del software que los agentes de quinielas agrupados en las bancas liquidan al juego".

    El representante de COFE señaló que hay otros funcionarios que han tenido sumarios y actuaciones "muy apartadas de la ética". "Nos referimos al caso de la doctora escribana Ruth de Vita, que sigue siendo la principal operadora política del organismo, con el agravante de que a instancias de nuestro sindicato y de COFE se le exigió a la Junta Anticorrupción y al ministro de Economía, quien después de largo tiempo resolvió suspenderla con 180 días por haber cometido serias irregularidades en una intervención que hizo el Estado en la banca de quinielas de Salto", sentenció.

    Mientras tanto, el Consejo Político de Asamblea Uruguay resolvió este miércoles respaldar la gestión del director de casinos Juan Carlos Bengoa y de quienes fueran sus asesores cuando era el responsable del área durante la administración municipal de 2000-2005, Luis Orestes González y José Luis Antúnez.

    Señala además que apoya la investigación administrativa que viene desarrollando la IMM y expresa su preocupación por "la falta de garantías que hasta el presente ha caracterizado al tratamiento conferido a este asunto", contraviniendo las disposiciones municipales que disponen mantener "reserva y confidencialidad" en este tipo de investigaciones.

    Del mismo modo, Asamblea Uruguay rechaza algunos comentarios y declaraciones públicas que "prejuzgan irresponsablemente las actuaciones de compañeros que merecen nuestra confianza, inflingiéndoles un claro daño moral y entorpeciendo el desarrollo de la investigación".

    En este sentido, el comunicado "exhorta a todos los interesados a abstenerse de formular juicios apresurados y aguardar con serenidad el desarrollo y las conclusiones de la investigación que se viene desarrollando" que, en opinión del sector, "se vería considerablemente fortalecida si se apoyara en un examen profesional externo que garantizara la total independencia de sus resultados respecto a intereses ajenos al asunto".

    Siguiendo esa línea, la mayoría de los integrantes del Consejo Político de Asamblea Uruguay se abstuvieron de realizar declaraciones una vez finalizada la reunión. El portavoz del encuentro, el senador Carlos Baráibar, se limitó a decir que "está todo dicho" en el documento y que no existe una campaña para desprestigiar al líder del sector, el ministro Danilo Astori.

    "Creo que es una declaración exaustiva y precisa en los términos en que está planteado el debate. Está todo lo que, en el debate más amplio, se plantea", señaló.

    El ministro Danilo Astori anticipó en El Espectador su respaldo a la gestión de Juan Carlos Bengoa, antes de que trascendieran los detalles de la investigación en el semanario Brecha. Además, se ha habla de un enfrentamiento entre el MPP (sector al cual pertenece el intendente Ricardo Ehrlich), Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista, que lidera el ex intendente y actual ministro de Vivienda, Mariano Arana.

    En las últimas horas el ministro de Ganadería, José Mujica, tomó distancia de un posible pedido de renuncia a Bengoa y apoyó la idea de Asamblea Uruguay de realizar una auditoria externa sobre la gestión en Casinos durante el período cuestionado.

    Además, criticó a quienes supuestamente están utilizando el tema para "atacar al ministro Astori", y defendió al ex intendente Mariano Arana, de quien dijo "es Gardel", considerando que no tiene responsabilidad política por las supuestas irregularidades ocurridas en Casinos durante su administración al frente de la comuna.

    También se sumó a la polémica en las últimas horas el Partido Colorado, en este caso con la intervención del edil forista Cesar García, quien presentó la denuncia sobre casinos en noviembre de 2006 y esta mañana la amplió con el informe del Tribunal de Cuentas y la publicación del semanario Brecha.