|
|
EN PERSPECTIVA
Miércoles 23.02.00 - Hora 09.10
EMILIANO COTELO:
En este mes de febrero el Poder Ejecutivo dictó un decreto por el cual sólo se podrán
adquirir equipos de televisión para abonados si éstos están destinados a conectarse con
las empresas que brindan esos servicios contando con autorización de la Dirección
Nacional de Comunicaciones. Es una resolución que afecta de manera principal la
posibilidad de contratar desde Uruguay las señales de Direct TV, la compañía de
televisión satelital que opera en todo el continente, que no tiene habilitación en
nuestro país, pero cuyos decodificadores y antenas parabólicas podían adquirirse en
comercios de plaza.
A partir de un mail de un oyente de En Perspectiva, que nos escribió desde Ciudad de la
Costa planteando una serie de preguntas relacionadas con sus opciones a la hora de ver
televisión, nos pareció conveniente, sobre ese decreto, con esas interrogantes y otras,
dialogar con el doctor Ernesto Dehl, director nacional de Comunicaciones.
La parte resolutiva del decreto del Poder Ejecutivo dice: "La Dirección Nacional de
Aduanas no dará trámite a las solicitudes de importación de decodificadores
sintodecodificadores y/o receptores-decodificadores destinados al servicio de televisión
para abonados sin la previa autorización otorgada al importador por parte de la
Dirección Nacional de Comunicaciones. Todo importador de dichos equipos deberá informar
a la Dirección Nacional de Comunicaciones la cantidad, marca, modelo y número de serie,
así como el nombre y dirección del adquirente, aun cuando sea distribuidor de los
mismos. Asimismo deberá expresar, en forma de declaración jurada, que los aparatos
importados serán destinados exclusivamente a las empresas autorizadas a prestar el
servicio de televisión para abonados. Los mismos requisitos deberán cumplir los
importadores y distribuidores con respecto a los equipos que a la fecha del presente
decreto posean en existencia".
Esta es la letra fría del decreto, ¿podemos explicar el fundamento?, ¿por qué este
decreto en este momento?
ERNESTO DEHL:
Este decreto nace para instrumentar el mecanismo de contralor de las importaciones de
materiales y equipamientos para la televisión para abonados. Existe una norma que
autoriza a determinadas empresas a brindar este servicio, servicio que nunca puede
ofertarse a terceros sin tener la autorización del Poder Ejecutivo.
EC - Estamos hablando de empresas que operan con el sistema de cable o de aire, como el
MMDF o el UHF.
ED - Cualquier tecnología con la que opere la televisión para abonados.
EC - Ultimamente también hay televisión satelital para abonados en el interior del
país.
ED - Nosotros instrumentamos una política tendiente a cubrir toda la República, por eso
en el año 1997 elevamos al Ejecutivo un proyecto que se transformó en una resolución
que extendía las áreas de servicio de los operadores actuales. Hay que tener presente
que en Uruguay hay aproximadamente 95 operadores de televisión para abonados, muchos de
ellos con una penetración muy importante que, en el departamento de Rocha, por ejemplo,
ronda cerca del 80 por ciento. Este porcentaje se repite en otros departamentos, por lo
tanto la televisión para abonados ha sido uno de los instrumentos tecnológicos que más
se ha desarrollado en nuestro país. Sin perjuicio a esto todavía existen zonas donde las
empresas no han llegado con sus servicios; en ese caso el Estado no tiene ninguna
responsabilidad, porque esa actividad depende del sector privado, nosotros hemos
instrumentado todos los mecanismos para que esas empresas puedan brindar sus servicios.
EC - ¿Por qué hace referencia a las empresas autorizadas a brindar el servicio de
televisión para abonados?
ED - Porque deben cumplir determinados requisitos. Las autorizaciones se otorgan a partir
de un llamado público a interesados, que se hizo en los años 1992 y 1994, cuando se
autorizó a más de 140 empresas a brindar el servicio en todo el país. De esas más de
140 empresas, por fusiones, caducidad..., han quedado aproximadamente 95. Eso está
regulado en el decreto 349 del año 1990, hecho específicamente para la televisión para
abonados. A nuestro entender ese decreto tiene normas en desuso; la tecnología avanza y
las normas jurídicas no acompañan. Ese es uno de los problemas de la Dirección Nacional
de Comunicaciones, nos faltan marcos jurídicos con fuerza de ley, carecemos de un marco
jurídico completo, actuamos por medio de decretos. Desde hace un buen tiempo cada vez que
concurrimos al Parlamento, a la Comisión de Defensa, exponemos que las telecomunicaciones
deben tener un lugar más importante que el que tienen en nuestro país. Los países que
han apostado a las telecomunicaciones se han desarrollado, y hoy Uruguay está para
apostar a ambos, a las telecomunicaciones y al desarrollo.
EC - Yo le preguntaba por qué este decreto en este momento.
ED - El objetivo era controlar la existencia de algunos aparatos que ofrecían un servicio
de televisión para abonados y que establecían una desigualdad con las empresas hoy
autorizadas por el Poder Ejecutivo.
EC - ¿A qué se refiere concretamente?
ED - Todas las empresas autorizadas por el Poder Ejecutivo pagan un tributo muy importante
y cumplen con ciertas normas, requisitos o exigencias preestablecidos en el pliego y
posteriormente en decretos o leyes. Las empresas que brindaban este servicio en forma no
autorizada no cumplían con estos requisitos y exigencias y además no estaban autorizadas
por el Poder Ejecutivo.
EC - Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Audinel SA, que comercializaba los equipos
que permiten conectarse al servicio de Direct TV.
ED - Ese es uno de los casos, había otra empresa que ofrecía el servicio de televisión
para abonados sin la autorización del Poder Ejecutivo: vendía una antena o decoder que
sólo servía para brindar el servicio de televisión satelital en su modalidad para
abonados.
EC - Los responsables de esas empresas han insistido en que su actividad se limitaba a
vender los aparatos receptores por los cuales pagaban todos los impuestos que había que
pagar y cumplían con todas las formalidades del caso. La conexión al servicio de Direct
TV era una decisión de quien había adquirido los equipos.
ED - La venta se hacía para brindar ese servicio, el objetivo que se perseguía era
brindar televisión para abonados; nadie va a comprar un aparato para ponerlo encima de
una mesa y dejarlo ahí.
EC - Cuando usted hablaba de competencia en desigualdad de condiciones se refería a los
contratos que los adquirentes de los equipos hacían después, por ejemplo
telefónicamente y pagando con tarjetas de crédito al exterior, con una firma como Direct
TV.
ED - Hemos estado indagando, solicitando información a las empresas de Direct TV; hemos
recibido respuesta de Argentina y estamos a la espera de la de México. En Argentina
manifiestan que ellos tienen la representación para toda esta zona y no han autorizado a
ninguna empresa la importación o exportación de los equipos, y menos para la
comercialización dentro de territorio uruguayo. Tengo una nota enviada por un
representante de esa firma, el gerente de Administración y Finanzas, donde se menciona
que no han otorgado autorización alguna. El usuario que compra un aparato corre el
riesgo, a su vez, de ser eliminado del sistema porque, tanto la conexión como la
desconexión, se hacen satelitalmente. Por lo tanto también tratamos de protegerlo.
EC - Concretamente, el decreto apunta a cerrar la posibilidad de que ciudadanos uruguayos
contraten servicios de televisión satelitales para abonados, no habilitados en Uruguay.
ED - El decreto apunta a eso, pero no impide en nada que ante una solicitud el Poder
Ejecutivo haga un llamado a interesados en ofrecer el servicio de televisión satelital.
Durante todo estos cinco años nunca recibimos solicitud alguna de esas empresas, -tanto
de Direct TV como de Sky, aquellas que tienen satélites iluminando esta zona- para que la
Dirección de oficio o por medio de parte haga el llamado público a interesados.
EC - Con este decreto se busca frenar la práctica de contratar los servicios de Direct TV
o Sky desde Uruguay. Pero usted aclara que si Direct TV y/o Sky se presentan, hacen el
trámite para quedar autorizadas por la Dirección de Comunicaciones y pasan a tener una
empresa representante que facture desde Uruguay, se podría volver a contratar el
servicio.
ED - El Poder Ejecutivo haría un llamado a interesados, -si se presentara una sola
empresa éste no sería necesario, simplemente se la autorizaría-. Le estoy hablando de
la política actual de telecomunicaciones... en pocos días cambiamos de gobierno.
EC - Si viniera un pedido para comercializar los servicios de Direct TV desde aquí ¿se
autorizaría efectivamente, o dependería de diferentes criterios?
ED - La televisión para abonados tiene como requisito previo que se haga un llamado
público para interesados. En este gobierno existiría voluntad para realizar dicha
autorización. Hay una solicitud en trámite de la empresa Audinel para brindar un
servicio de televisión satelital; allí no se dice que estén representando a Direct TV.
EC - En declaraciones formuladas al diario La República el señor Gabriel Pérez,
director de Audinel, señala: "En primer lugar Audinel se presentó en marzo de 1999
ante la Dirección Nacional de Comunicaciones solicitando esa autorización para operar y
cobrar en Uruguay solucionando ese problema. El escrito ingresó con la carátula 441/99 y
hace casi un año que estamos esperando respuesta. Lo único que nos dicen es que está a
estudio de Jurídica".
ED - No, ya tiene el estudio de Jurídica del Ministerio y de Jurídica de la Dirección
Nacional de Comunicaciones.
EC - Pérez pregunta: "¿Por qué si queremos hacer todo de acuerdo a la ley y cobrar
y aportar en Uruguay, además de pagar todos los trámites aduaneros como corresponde, no
nos dejan?".
ED - El servicio que esa empresa solicita ofrecer no es el de Direct TV, no lo señala en
ningún momento en su petitorio. Podrá ser otro servicio de televisión satelital directa
al hogar, pero no es el de Direct TV; tampoco adjuntan documentos que indiquen su calidad
de representantes de dicha empresa ni informes técnicos sobre la clase de servicio que
van a proporcionar, estudio de zonas o presupuesto de estaciones, es nada más que una
petición. Ya tienen un estudio en el que se establece que hoy las normas dicen que se
debe hacer un llamado a interesados, pero se les solicita el cumplimiento de determinadas
exigencias que aportarán a la brevedad. Es cierto que ese expediente estuvo un buen
tiempo en trámite, pero desde hace aproximadamente dos años la política del Poder
Ejecutivo ha sido de abrirse a la tecnología y de que todo aquel que quiera brindar un
servicio en nuestro país lo pueda hacer.
EC - A partir de este ejemplo cabe la duda de si efectivamente la autorización se
concedería ante una solicitud.
ED - El espíritu de este gobierno es de autorizar a todas las empresas que vinieran a
ofrecer un servicio, siempre y cuando cumplieran con los requisitos y exigencias que marca
la norma.
EC - Gabriel Pérez, el directivo de Audinel, ha dicho en las declaraciones citadas que
"si con el decreto lo que se busca es frenar el contrabando y el ingreso ilegal de
los equipos decodificadores en realidad se consigue lo contrario. Cierran todas las
puertas a quienes importamos legalmente, pagamos impuestos y hacemos todos los trámites,
y las dejan abiertas, ahora más que nunca, para los que traen todo de contrabando".
De hecho también existían equipos de estas características que no habían sido
comprados en Audinel o algún otro comercio de plaza sino que habían llegado
contrabandeados. ¿Con este decreto no se va a fomentar que la gente adquiera equipos
contrabandeados y de todas formas se termine conectando con Direct TV o Sky?
ED - Eso es cometido de la Dirección Nacional de Aduanas, no de la Dirección Nacional de
Comunicaciones. La Dirección Nacional de Aduanas debe hacer los controles respectivos;
nosotros le solicitamos uno de la solicitud de importación de decodificadores o
sintodecodificadores. No creo que el contrabando aumente por este decreto que persigue el
objetivo de que las empresas que operen en Uruguay lo hagan en pie de igualdad, no que una
pague los tributos correspondientes y otra vulnere la parte tributaria de nuestro país.
Nuestro objetivo no es tapar el cielo con las manos, los servicios que cumplan con las
exigencias que establece el marco jurídico deben ser puestos en funcionamiento. Creo que
el Legislativo entrante debe preocuparse un poquito más por el tema de las
telecomunicaciones, uno de los más importantes en el mundo.
EC - ¿Qué mencionaría usted como más urgente en este tema de vacíos legales?
ED - Hay que reformar prácticamente todas las normas en materia de telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones dejan grandes dividendos al país, hay extranjeros y uruguayos que
quieren realizar sus inversiones en Uruguay, lo que va a redundar en un mejor servicio
para toda la población.
EC - De todos modos puede seguir habiendo más gente que se conecte a estos servicios de
televisión satelital que operan desde el exterior simplemente consiguiendo equipos
ingresados ilegalmente al país.
ED - No nos corresponde controlar eso; sí debemos establecer mecanismos para proteger las
empresas que funcionan y al propio usuario. Creemos que Uruguay ha tenido un adelanto muy
grande en materia de televisión para abonados; de otro modo no habría una penetración
del 80 por ciento ni 95 operaciones de cable. No estamos hablando de que se esté dando
servicio únicamente a las metrópolis, se lo está dando también a los pequeños
poblados. Eso ha cambiado la forma de pensar de la gente del interior; como hombre del
interior me he percatado de ese cambio, se le ha acercado el mundo. Si existe otra
tecnología y otro servicio que supere el actual, el Poder Ejecutivo lo deberá autorizar.
EC - El mail que precipitaba este reportaje dice lo siguiente: "Me gustaría hacerle
llegar la experiencia que viví para llegar a tener un sistema de televisión. Vivo en el
quilómetro 23,200 de la ruta interbalnearia, dentro de un emprendimiento inmobiliario
privado, en el cual somos el día de hoy 26 vecinos. El concesionario del cable en ese
lugar es Cable Plus, servicio monopólico. Me mudé al lugar a fines de febrero de 1999; a
la semana me interesé por el cable y pedí la instalación que supuse sería rápida,
porque la mitad de mis vecinos cercanos ya lo tenían. La conexión pasa por la puerta del
complejo. No quiero relatar todas las peripecias por las que pasé, tuve que enloquecer
desde el encargado de ventas a los colocadores, incluyendo al jefe técnico de Cable Plus,
y sin embargo después de tres meses terminé dándome por vencido. El viernes 28 de mayo
a la mañana llamé a la gente de Direct TV. El sábado, al día siguiente, a la mañana,
me instalaron la antena y el receptor. El mismo sábado, al mediodía, estaba viendo
televisión con imagen digital, con sonido digital y con una tecnología de punta,
desconocida, lamentablemente, para el 99 por ciento de los uruguayos. Hablamos de más de
140 canales en audio y video, con opciones de escuchar la película en el idioma que
prefiera, de ver la película a la hora que prefiera y pagar lo que a uno más le
convenga. Pregunto, ¿por orden de quién me tengo que ver privado de lo mejor cuando lo
mejor está accesible tan fácilmente? ¿No será que no hay libertad de elegir, o que no
existe la libre competencia en televisión?".
¿Qué dice usted?
ED - Existe la libre competencia en materia de televisión, siempre y cuando las empresas
prestadoras de este servicio se presenten y soliciten la autorización correspondiente en
nuestro país. Hemos escuchado de otras oportunidades en que se ha vivido lo mismo que
este oyente; pero no son las más, son las menos. Si no ¿dónde están y a quiénes
brindan servicio las 95 operaciones que le mencionaba? La empresa Cable Plus, la única
autorizada en toda la Costa de Oro, en 1993, nos ha solicitado, en esas zonas donde tiene
problemas para la extensión de cables, permiso para brindar a todos los usuarios
servicios por medio de televisión satelital o el TDH. Sabemos que existen problemas, no
hay soluciones para todo el país. Sabemos que algunas empresas no cumplen con las
exigencias que impone la Dirección Nacional de Comunicaciones -y cuando no cumplen tienen
las sanciones correspondientes-, pero entendemos la situación del oyente.
EC - Recibimos otro mail de un oyente que vive en la zona de San Carlos y que está
disconforme con el servicio de televisión cable local. ¿Qué pasa cuando alguien está
disconforme con un servicio de televisión para abonados que es el único disponible y al
mismo tiempo tiene la opción de conectarse con un sistema satelital que viene de afuera y
que tiene calidad digital?
ED - Estoy totalmente de acuerdo en que esas personas puedan estar disconformes -no creo
que sean las más sino las menos-, tienen todo su derecho, pero les puedo asegurar que el
espíritu que reina en la Dirección de Comunicaciones, en el Poder Ejecutivo que fija las
políticas de comunicaciones -nosotros somos un organismo de asesoramiento, coordinación
y ejecución de esa política-, es el de autorizar. Le repito que en estos cinco años en
que hemos estado al frente de la Dirección de Comunicaciones siempre se ha dicho por qué
no se autorizan las empresas satelitales que brindan servicio de televisión para abonados
en Uruguay: porque no han hecho solicitud alguna.
---------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mariana Viera Cherro
|
|
