EN PERSPECTIVA
Jueves 25.05.00 - Hora 09.15
EMILIANO COTELO:
También conocido como DBS (Direct Broadcasting Satellite-"radiodifusión satelital
directa"), el DTH (Direct to Home-"directo al hogar") es un servicio de
televisión para abonados que conecta directamente a la empresa emisora con el cliente a
través de un satélite de alta potencia.
El suscriptor del servicio capta las señales con una pequeña antena parabólica (de
aproximadamente 60 centímetros de diámetro) y la hace inteligible con un decodificador
que la empresa prestadora del servicio le proporciona.
Los paquetes de programación suelen incluir unos 150 canales, aunque la oferta puede
alcanzar las 400 señales, que son tanto de televisión como de radio o musicales.
Tanto el sonido como la imagen son digitales (no analógicos, como en la TV convencional),
lo que determina una sustancial mejora en la recepción y consumo de las señales.
Para brindar el servicio en América Latina se han formado dos mega empresas: DirecTV y Sky.
DirecTV fue la primera en lanzarse al mercado, en 1996, y está respaldada por el gigante
aerospacial estadounidense Hughes Communications, junto a Editorial Abril de Brasil, MVS
Multivisión de México y el Grupo Cisneros de Venezuela, a los que en 1997 se les sumaron
Multivisión de Chile y el Grupo Clarín de Argentina.
Por su parte, Sky Latin American se hizo operativo en 1997. Sky es el emprendimiento para
esta región de News Corporation (la compañía del magnate australiano Rupert Murdoch),
que se ha asociado con dos gigantes de la televisión latinoamericana -Globo (Brasil) y
Televisa (México)- con el respaldo de Tele Communications Inc. (TCI), de los Estados
Unidos.
Pese a que estos dos sistemas de televisión satelital están plenamente operativos y se
comercializan en casi todo el continente, hasta ahora no están habilitados para brindar
el servicio en Uruguay.
En el caso de DirecTV, por ejemplo, su plan de desarrollo en la
región todavía no tiene previsto instalarse en Uruguay. De todos modos, en
conversaciones informales, sus representantes en Buenos Aires comentan que ven el marco
normativo vigente como "muy restrictivo".
Aluden así a la Resolución Nº 459/997, del 28 de mayo
de 1997. A través de ella, el ex presidente Julio María Sanguinetti habilitó a los
actuales operadores de los distintos sistemas de TV para abonados a extender su zona de
cobertura mediante sistemas complementarios de transmisión por aire (MMDS, UHF y DTH), de
modo de llegar a las zonas rurales y pequeños centros poblados.
Y para aquellos permisarios que optaran por utilizar la tecnología TDH (televisión
satelital directa), el decreto estableció que sólo podrían ofrecer un máximo de 16
señales, de las que sólo 11 podrán ser internacionales y las restantes nacionales.
Además, del total de horas transmitidas, al menos el 10% debería ser ocupado por
producción nacional.
Esos condicionamientos son los que implican un freno al ingreso de las empresas
internacionales que ofrecen servicios de DTH en la región. ¿Por qué? Porque sólo se
habilitó el TDH a quienes ya eran operadores de TV abonados, y porque se fijó un límite
máximo de 16 señales, muy inferior a la cantidad mínima de canales previstas en los
paquetes de Sky y de DirecTV, que decíamos no baja de 150.
(Por otra parte, nunca quedó muy claro por qué a las empresas a las que sí se les
permitía servir el TDH se les ponía ese techo de 16 canales que, evidentemente, acota
severamente la calidad de la programación que pueden llegar a recibir los suscriptores.)
En lo hechos, hasta ahora en Uruguay existe habilitado un solo sistema de televisión
directa al hogar, el llamado TV Rural Satelital. Está a cargo del consorcio Filsur, cuyo
capital accionario está integrado por los canales 4, 10 y 12 de Montevideo (que poseen el
20% cada uno), el Sodre (que tiene otro 20%), y el restante 20% corresponde a un grupo de
empresas de TV cable del interior del país.
.................
De todos modos, pese al marco legal restrictivo, en la práctica la TV satelital
extranjera terminó ingresando igual a unos cuantos hogares uruguayos. Las
características tecnológicas de este sistema (basado en transmisión vía satélite y
recepción con antenas parabólicas de pequeñas dimensiones) permitieron que, con el
correr del tiempo, Uruguay terminara teniendo más de 1.500 familias afiliadas, entre
DirecTV y Sky, según las averiguaciones realizadas por En Perspectiva.
Algunas de estas personas trajeron los aparatos de contrabando. Otras los compraron en
plaza, en comercios que venden e instalan los decodificadores y las parabólicas, al
tiempo que apoyan al comprador para que -mediante pago por tarjeta de crédito- se
convierta en suscriptor de estas empresas vía Argentina, vía México o Miami.
Ante esta realidad, casi al final del período de gobierno anterior, el 10 de febrero, la
administración Sanguinetti dictó un decreto por el
cual sólo autorizó la importación y comercialización de equipos que estuviesen
destinados a sintonizar los servicios de TV satelital autorizados en Uruguay.
La norma, que encarga los controles a la Aduana en coordinación con la Dirección
Nacional de Comunicaciones, despertó una polémica bastante visible, durante la cual,
entre otros, el entonces presidente de la Cámara Nacional de Comercio la calificó de
anacrónica, y reclamó su derogación.
Pocos días después de la instalación del nuevo gobierno, el 21 de marzo, el diario El
Observador adelantó que el presidente Jorge Batlle se disponía a dejar sin efecto el
decreto de febrero, y a preparar un nuevo cuerpo normativo que permitiera la
liberalización de los servicios de televisión satelital.
Desde entonces, el objetivo ha sido confirmado tanto por el propio presidente Batlle (en
visita a la sede de APU el 3 de mayo) como por el ministro de Defensa Nacional, Luis
Brezzo, que a fines de abril señaló que la nueva resolución estaba prácticamente
redactada. Más recientemente, Brezzo comentó que sólo falta ajustar algunos detalles
sobre el alcance de esta disposición, que están siendo estudiados en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Paralelamente, Andebu ha dado a conocer su posición a través de dos comunicados, uno del
31 de marzo y otro del 4 de mayo. Y, paralelamente, también han manifestado
su alarma los permisarios de TV cable del interior del país.
En sus apariciones públicas, los directivos de Andebu reclamaron, además, una reunión
con el ministro de Defensa Nacional para manifestarle directamente sus puntos de vista.
Finalmente, esa audiencia fue concedida por el ministro Luis Brezzo este martes 23 de
mayo.
******
EC - A partir de este momento vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Andrés
Lerena, asesor letrado de Andebu.
¿Cuál es la posición de Andebu ante la posibilidad de abrir el mercado en Uruguay en
materia de televisión satelital?
ANDRES LERENA:
Empezaría haciendo dos referencias para contextualizar el tema y la posición de Andebu.
Lo primero que me parece importante tener en cuenta es que en nuestro país tenemos un
sistema de televisión para abonados, porque cuando hablamos de televisión satelital
directa al hogar estamos dentro de un esquema más general, que es el de la televisión
para abonados; hay un sistema de televisión para abonados funcionando a partir de una
convocatoria que en su momento hizo el gobierno. Esto ha implicado la instalación de
empresas nacionales en un marco regulatorio establecido por el gobierno con una serie de
condiciones y requisitos también establecidos por el gobierno. Hoy tenemos en el país un
sistema operado por más de 100 empresas explotadoras del servicio de muy distinto porte,
desde las empresas de Montevideo hasta empresas en pequeñas localidades, que han hecho un
gran esfuerzo de inversión económica, un gran esfuerzo personal. En general, estas
empresas no solamente compran señales y las distribuyen, sino que la gran mayoría de
ellas ha instalado canales de generación propia en poblados de todo el país, canales
locales que económicamente representan un sacrificio importante. Cualquiera que hoy
visite el interior del país conoce la importancia que hoy tienen las empresas de
comunicaciones en general, de radiodifusión y de televisión para abonados desde el punto
de vista del desarrollo local. Hemos hablado de una inversión muy importante en los
últimos años; es el sector que ha invertido más en el país, seguramente.
EC - Ustedes han cuantificado esas inversiones, han hablado de 150 millones de dólares.
AL - Sí, se ha hablado de aproximadamente 150 millones de dólares de inversión y todo
lo que esto significa desde el punto de vista del pago de impuestos e ingresos para el
país, de la creación de puestos calificados de trabajo, etcétera.
EC - En el comunicado de Andebu del 31 de marzo ustedes agregaban que estas empresas
ocupan a 1.200 trabajadores y pagan impuestos al año por una suma cercana a 20 millones
de dólares.
AL - Exactamente. O sea que es un sector productivo muy importante hoy en el país, que
funciona en condiciones legales y reglamentarias muy estrictas, establecidas por el
gobierno. Para ponerle un ejemplo: las autorizaciones a las empresas se dan por localidad,
es decir que ninguna empresa puede explotar el servicio más allá de la localidad para la
que se le asignó la autorización. Como también se dice en el comunicado, las empresas
tienen que pagar una especie de gravamen, un canon por habitante de la localidad, del
área que se le asigna -no por abonado, sino por habitante del área-, lo que implica unos
2.500.000 de dólares por año.
EC - ¿Ese canon se está pagando efectivamente?
AL - No sé exactamente cuál es la situación empresa por empresa. Sí sé que el
gravamen está vigente, que la Dirección Nacional de Comunicaciones reclama su pago, y
supongo que hay empresas que lo están pagando y que de repente hay algunas otras que por
alguna situación económica particular no lo estén pagando.
EC - ¿En cuántos dólares está fijado ese gravamen?
AL - Está fijado en 0,55 dólares al año por habitante del área o de la localidad donde
se otorgó la autorización.
EC - Si en una determinada zona hay dos servicios operando se reparte el canon entre las
dos.
AL - Exactamente. Por eso le decía que, en términos muy generales, podríamos estar
hablando de 2.500.000 de dólares aportados por el sistema en general, por concepto de ese
canon. Este es un dato imprescindible a tener en cuenta.
Quiero hacer una aclaración: en ocasión de la solicitada del 31 de marzo, Andebu no se
opuso a la liberalización; en aquel momento incluso no estaba en discusión ese tema. En
aquel comunicado Andebu expresó su preocupación por la derogación del decreto que
establecía la limitación de la importación de aparatos, porque considera que el
gobierno tiene la obligación de garantizar a los permisarios la prestación del servicio
en condiciones legales y que ese medio -que podía ser discutible o no- servía para
reprimir lo que considerábamos una actividad ilícita -esto no fue una opinión nuestra,
sino de la Dirección Nacional de Comunicaciones-, como es la comercialización en el
país de televisión para abonados sin tener la autorización, que era lo que se estaba
haciendo.
EC - ¿Usted dice que Andebu no manifestó su oposición a la derogación del decreto?
"La preocupación de Andebu por el tema de la
televisión satelital directa al hogar no es nueva. Venimos planteando este tema desde
1994, por lo menos, cuando irrumpió el fenómeno"
|
AL - Sí, manifestamos nuestra oposición a la derogación del decreto; en ese
comunicado no nos manifestamos sobre el tema de la liberalización porque todavía no
estaba planteada en los términos en que se planteó después. En un primer momento
surgió que el gobierno tenía la intención de derogar el decreto. En esa solicitada
decíamos que lo que nos parecía importante era que el gobierno tomara medidas de
control, que podían ser las establecidas en ese decreto u otras, pero que había que
defender al permisario que estaba funcionando con autorización contra lo que era una
explotación ilícita y una competencia totalmente desleal de parte de empresas que no
solamente no están autorizadas sino que no cumplen con ningún tipo de requisitos. Ese
fue el contenido de la solicitada de Andebu del 31 de marzo.
Pero quería hacer una segunda aclaración: estamos hablando de comunicaciones
electrónicas, de comunicaciones audiovisuales, que es un tema de particular sensibilidad
en todos los países del mundo. En general, la radiodifusión y las comunicaciones
electrónicas dirigidas al público tienen el mismo tratamiento que pueden tener otros
productos o servicios, lo que hace que todos los países tengan políticas de promoción y
protección para el desarrollo de los medios de comunicación nacionales. Pero obviamente
hay que compatibilizar esa protección con las nuevas tecnologías, que es lo que en
general procuran las políticas de países desarrollados y no desarrollados en el tema.
Por ejemplo, cuando en Argentina se permite el ingreso de las trasnacionales incluso hay
un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que incluye cierta reciprocidad en cuanto al
ingreso de las señales, por ejemplo, del NahuelSat en Estados Unidos. En Argentina se
forma un consorcio donde participa el Grupo Clarín, que es uno de los grupos más
importantes en comunicación en ese país. Cuando se trata de Brasil, ahí también
tenemos un consorcio con la Red O Globo.
EC - ¿Usted quiere decir que en los países de América Latina que han abierto el mercado
a la televisión satelital proveniente del exterior desde el gobierno se ha impuesto que
en las filiales locales participaran capitales nacionales?
AL - No, no dije eso. Dije que es lo que ha pasado. El ingreso no es incondicionado, sino
que está condicionado a ciertas reciprocidades, a ciertas reglas. Se lo digo como
referencia para que después entremos a tratar la posición de Andebu sobre el tema.
EC - Yo mencionaba la limitación que el decreto que habilitó a los actuales permisarios
de televisión por abonados a operar en televisión satelital impuso en cuanto a que
podían ofrecer un máximo de 16 canales. Nunca se entendió muy bien el porqué de esa
limitación.
AL - Creo que eso tuvo una explicación circunstancial histórica. En aquel momento
todavía estaba en desarrollo la implantación de los sistemas de televisión para
abonados en el interior del país. Y en muchas localidades, por su tamaño y su capacidad
económica, la oferta de canales por parte de la empresa autorizada era más reducida que
lo que puede haber en una capital departamental o en Montevideo.
EC - ¿Usted dice que llegaba a ser de 16 canales?
"Los índices de penetración de la televisión
por cable en Uruguay son muy altos, lo que en general demostraría la satisfacción de la
gente con el sistema"
|
AL - Seguramente en muchas localidades en un principio no se andaba muy por
encima de ese número. Hubo una preocupación en el sentido de que la oferta que se estaba
estableciendo no superara lo que se estaba ofertando en determinadas localidades. Eran los
operadores de esas localidades los que iban a comercializar la televisión satelital
rural.
EC - Lo cierto es que esa norma limitó la calidad del servicio a todos los que se
suscribieran en el territorio.
AL - Es cierto.
EC - 16 señales es muy poco.
AL - Es muy poco, y más actualmente. Vamos a aclarar que ésa es una restricción que muy
fácilmente se puede dejar sin efecto. Si el gobierno considera que es un aspecto
importante y que se debería aumentar la oferta, es suficiente con que saque un nuevo
decreto donde o deja sin efecto la restricción o -si se considerara que tiene que haber
un límite- pone un límite bastante mayor. Hoy, en general, la oferta de los operadores
en las ciudades del interior y las localidades es mucho más alta que ésta de 16 canales.
EC - De ahí que los representantes de MTV han señalado que ése es uno de los factores
que han frenado la posibilidad de presentarse a solicitar la autorización en Uruguay. 16
canales es una limitación importante.
AL - Si cualquiera de esos consorcios interesados se presenta y dice que está en
condiciones de dar una oferta mucho mayor, no creo que el gobierno autorice ese servicio
limitándolo a 16 canales. Es una cosa que tuvo una explicación circunstancial y que hoy
en día nadie tiene mayor interés en respaldar.
EC - La duda viene porque una de las preocupaciones de Andebu es en qué condiciones van a
competir los actuales operadores de televisión para abonados con estos servicios cuando
ingresen al país. Vamos a partir de una diferencia enorme en cuanto al paquete de
programación; el servicio de televisión rural satelital da 16 canales y estas otras
empresas van a venir con más de 150. De pique se ha empobrecido la posibilidad de
competencia del servicio que por ahora existe en Uruguay.
AL - Sin ninguna duda. En definitiva, si sale la autorización y se produce la
liberalización va a haber que hacer cambios en ese sentido. Le reitero: hoy por hoy a
nadie le parece importante mantener esa restricción.
EC - La otra consulta relacionada con el tema: la cuota que se cobra por el servicio de
televisión satelital rural, ¿no es un poco alta comparada con los 16 canales que se
ofrece?
AL - Puede ser que sea un precio alto. No soy especialista en los aspectos comerciales y
no me encuentro en condiciones de manejar la ecuación económica de las empresas como
para saber cuál es la justificación de ese precio. Puede ser que sea un precio alto para
nuestro medio rural.
EC - En comparación con lo que cobran los otros servicios de televisión para abonados
que tienen muchos más canales en el resto del país, los sistemas de cable, por ejemplo.
AL - Sin duda. También hay que pensar que no necesariamente las condiciones económicas
de la prestación del servicio son exactamente las mismas. No es lo mismo un servicio que
se presta en una localidad donde los usuarios están centralizados, que en un medio donde
están muy dispersos. Desde la comercialización hasta los servicios de mantenimiento son
muy diferentes. No conozco los términos de la ecuación económica que llevaron a ese
precio. Puedo coincidir con usted en que es un precio posiblemente alto para la capacidad
o las posibilidades de la gente de ese medio.
*************
EC - Andebu sostiene que "debe respetarse al ciudadano radiodifusor que en el rubro
televisión para abonados ha compuesto más de 100 empresas con las consiguientes
inversiones y la generación de innumerables fuentes de trabajo". Así está dicho en
el comunicado de Andebu del 4 de mayo emitido en La Cruz, Florida. ¿De qué manera
entienden ustedes que la reglamentación debe permitir el ingreso de las empresas de
televisión satelital del exterior?
AL - Lo primero que le quiero decir es que la preocupación de Andebu por el tema de la
televisión satelital directa al hogar no es nueva. Venimos planteando este tema desde
1994, por lo menos, cuando irrumpió el fenómeno. Desde 1995 le venimos planteando al
gobierno la necesidad de considerar este tema y encontrar criterios de compatibilización
entre el interés en que haya una radiodifusión -incluyamos ahí a grosso modo la
televisión para abonados- y el desarrollo de nuevas tecnologías. Incluso le enviamos una
carta al ministro Iturria en mayo de 1995. A partir de ahí ha sido uno de los puntos
centrales de nuestra reflexión sobre el tema comunicaciones y planteos en organismos
internacionales como la Citel, en 1997-1998. Incluso preparamos documentos para los
candidatos presidenciales, tanto para las elecciones de 1994 como para las del año
pasado. Para nosotros es un tema muy importante desde hace mucho tiempo.
EC - En esa búsqueda de diálogo con el gobierno en torno a este tema, ¿Andebu procuraba
que se reglamentara la apertura, estaba dispuesta a que se produjera la apertura? La
sensación que existe es la contraria, que a Andebu hasta ahora le ha interesado cerrar la
posibilidad del ingreso de estos otros servicios.
"La preocupación que le hemos transmitido al
gobierno no ha sido la de oponerse al ingreso de la televisión satelital directa en
Uruguay. Le hemos manifestado dos o tres ideas de carácter general que nos parecen muy
importantes y algunas preocupaciones"
|
AL - Tenemos que pensar que en todos estos años hemos estado asistiendo al
proceso de instalación y desarrollo de las empresas nacionales en el tema de televisión
para abonados convocados por el gobierno. Lo que nos preocupaba -con inversiones,
esfuerzo, etcétera- era la posibilidad de un cambio en las reglas de juego que había
hasta el momento y que pudiera generar una desestabilización del sistema. Cuando hablamos
del ingreso de televisión satelital directa al hogar proveniente de los consorcios
trasnacionales no solamente estamos hablando de la incidencia sobre las empresas de
televisión para abonados, sino sobre el sistema general de radiodifusión, de la
incidencia que puede tener sobre las empresas de televisión abierta e incluso sobre la
radio; también vienen canales de audio. Es cierto que nuestro énfasis ha estado siempre
puesto en cómo compatibilizar las nuevas tecnologías respetando y promocionando las
empresas nacionales en este rubro. De alguna manera, el sistema de televisión satelital
rural fue un intento en ese sentido para satisfacer la necesidad que había en aquel
momento de llevar la televisión a todo el territorio del país y, por lo tanto, también
a las zonas rurales.
EC - Usted decía que la televisión satelital apareció cuando recién estaba terminando
de consolidarse la instalación de las empresas de televisión para abonados que se
habían habilitado en Uruguay. Da la sensación de que en Uruguay demoramos mucho en
ingresar al tema de la televisión para abonados -y al cable en particular-, y que
entonces ya vino un nuevo avance tecnológico que planteó una competencia. Ese conflicto
entre tecnología y marco legal se dio muy rápidamente, eso es lo que terminó
ocurriendo.
AL - Sí, en nuestro país el desarrollo de la televisión por cable fue bastante más
tardío que en Argentina, por ejemplo, más pronto que en Brasil, para ponerle un ejemplo
de otro país donde ésta ha tenido muy escaso desarrollo. Tampoco hay que pensar que esto
son antinomias. No creo que el tema de la televisión satelital directa tenga que aparejar
directamente la desaparición de la modalidad por cable. Posiblemente genere la necesidad
de nuevos desarrollos tecnológicos que le permitan seguir siendo competitiva. Es cierto
lo que usted dice en cuanto a que de alguna manera el desarrollo de la televisión
satelital en nuestro país se produjo en un proceso que todavía era de desarrollo
-incluso a veces bastante incipiente- de la televisión por cable.
EC - La cantidad de personas que se ha ido suscribiendo de manera "clandestina"
a Sky o Direct TV demuestra que desde hace tiempo hay una porción del público que no
está satisfecha con los servicios de televisión abierta o para abonados que existen en
Uruguay.
AL - Yo le diría algo distinto: que los índices de penetración de la televisión por
cable en Uruguay son muy altos, lo que en general demostraría la satisfacción de la
gente con el sistema. Los porcentajes de inscripción o contratación de la televisión
por cable, si analizamos todo el país, son comparativamente muy altos. Quizás no tanto
como en Argentina, que creo que es el país que tiene el índice más alto del mundo en
cuanto a penetración, pero no estamos tan lejos. Yo haría una deducción diferente:
primero creo que el sistema es bueno, si lo comparamos con lo que se proporciona en
televisión por cable en otros países, pero además creo que tiene aceptación por parte
del público, los índices de penetración son muy altos en nuestro país. En cuanto al
hecho de que haya 1.500 afiliados para la televisión satelital no tenemos que olvidar que
una porción del territorio hasta ahora había quedado un poco soslayada de este sistema,
como la población rural, a la que se procuró atender con la televisión satelital rural
y el sistema por alguna razón no ha funcionado como se pensó. Si medimos la
satisfacción del público de acuerdo al índice de penetración, deberíamos llegar a la
conclusión de que hay satisfacción con el sistema.
EC - Evidentemente es un tema discutible, porque se han afiliado 1.500 en condiciones
difíciles, en la "clandestinidad" y pagando precios altos, seguramente más
altos que los que pagarían si la instalación estuviera hecha por una empresa localizada
en Uruguay, con todas las credenciales.
AL - No sé si, por el contrario, no es más barato.
EC - Me refiero al aparato, la antena, el decodificador, etcétera. Suponiendo que
efectivamente el público esté conforme con los servicios que existen en Uruguay y que
entonces el número de los afiliados a Sky o DirecTV sea comparativamente bajo, ¿cuál es
el problema? ¿Dónde está el riesgo en materia de competencia para las empresas ya
establecidas?
"Las empresas que exploten el servicio de
televisión para abonados deben tener un marco regulatorio general. No se trata de que
pueda venir una empresa e, incumpliendo los requisitos de cualquier empresa del país,
pueda vender televisión para abonados"
|
AL - Vamos a empezar señalando que, a esta altura del tratamiento del tema de
la televisión satelital directa en Uruguay, la preocupación que le hemos transmitido al
gobierno no ha sido la de oponerse al ingreso. Hemos manifestado al gobierno dos o tres
ideas de carácter general que nos parecen muy importantes y algunas preocupaciones. No ha
sido fácil adoptar posiciones en este tema, porque no hemos tenido un conocimiento cabal
y concreto de cómo el gobierno piensa implementar esta liberalización de que se habla
con carácter general.
Incluso ha habido aparentemente una evolución en el tema. La primera noticia que salió
sobre este tema era que el gobierno pensaba autorizar a cualquier persona que quisiera
vender el sistema de televisión satelital para abonados en Uruguay con la sola
inscripción en la DGI y el Banco de Previsión Social -si quiero vender chorizos en un
carrito cumplo con las mismas condiciones-, en competencia con otras empresas nacionales
reguladas, condicionadas, limitadas. Ante eso surgió una reacción fuerte, en el sentido
de que además de todo nos parecía sumamente injusto porque iba a generar condiciones de
competencia desleal.
EC - ¿Tuvieron nuevos elementos en la reunión con el ministro de Defensa? ¿El camino no
va a ser simplemente ése?
AL - No, no va a ser ése. No conocemos los términos del decreto...
EC - ¿Qué entienden ustedes que debería decir el decreto, qué tipo de reglamentación
debería incluir?
AL - Nosotros no le llevamos al gobierno un desarrollo concreto de lo que debería ser el
decreto, le llevamos dos o tres ideas generales. La primera idea general es que las
empresas que exploten el servicio de televisión para abonados deben tener un marco
regulatorio general. No se trata de que pueda venir una empresa e, incumpliendo los
requisitos de cualquier empresa del país, pueda funcionar vendiendo televisión para
abonados, cuando las empresas nacionales tienen todo un conjunto de restricciones que
incluso implican tener personas responsables ante la Dirección Nacional de Comunicaciones
y el Poder Ejecutivo o pagar un canon. La primera noticia era que parecía que se les iba
a hacer pagar el canon que pagan las empresas nacionales. El primer planteo con carácter
general: aplicación de un marco regulatorio de la televisión para abonados en el país.
EC - ¿Qué más?
AL - La segunda -que yo diría que es una derivación de la primera- es la aplicación y
el respeto del principio de igualdad de las empresas que operan en el sistema, entre las
empresas nacionales que ya están instaladas y los nuevos operadores.
EC - ¿En qué se traduce este principio de igualdad?
"Creo que se habló de una liberalización
quizás sin haber considerado todas las connotaciones que había detrás y ahora vemos con
más tranquilidad que el gobierno está haciendo un estudio más sustancial del tema. El
ministro nos dijo que había una decisión política del gobierno en cuanto a hacer una
apertura en ese sentido"
|
AL - En este momento le podría decir: igualdad en el pago de los impuestos, en
el pago del canon, en el establecimiento de responsabilidades frente al Estado. Creemos
que no debe ni puede haber una autorización genérica; las autorizaciones deben ser ante
la presentación de las empresas. Incluso no sé si no correspondería -esto no lo
planteó Andebu- que hubiera un llamado a interesados por parte del Estado. Este es el
procedimiento que se ha utilizado normalmente en nuestro país para todo lo que es
explotación de servicios de radiodifusión primero y de televisión para abonados
después. No entramos en ese detalle. Con el ministro manejamos primero esas dos ideas
centrales y después le manifestamos algunas preocupaciones más particulares.
EC - El marco regulatorio actual exige que los titulares de los medios sean ciudadanos
uruguayos; ¿esto es algo de lo que les preocupa a ustedes?
AL - No se habló de ese tema con el ministro.
EC - Porque podría tener que ver con una idea que usted manejó más temprano en cuanto a
que, cuando en otros países se ha empezado a operar con alguna de estas empresas
internacionales de televisión satelital, se ha creado un consorcio local en el que
participan capitales nacionales o empresarios de comunicación nacionales.
AL - Eso es lo que ha sucedido normalmente en otros países. Nosotros no hemos planteado
al gobierno nada al respecto, ninguna imposición en ese sentido; es un tema que va a
tener que resolver el gobierno. Me parece que no deberíamos estar de acuerdo con que se
permitiera simplemente la instalación de una oficina comercial. Eso no condice con el
sistema de responsabilidad de las empresas de radiodifusión y televisión para abonados
en nuestro país. Pienso que tiene que haber una empresa responsable. ¿Cómo se tiene que
integrar? En ese sentido no hubo ninguna manifestación al gobierno; incluso no sé si las
empresas nacionales puedan tener interés o no en ese tema. Sé que hace muchos años,
ante una propuesta de formar un consorcio, no hubo interés de parte de empresas
nacionales.
EC - El oyente puede pensar que ustedes están planteando imponerles a quienes vengan a
operar con televisión satelital en Uruguay que tienen que asociarse con los actuales
permisarios de televisión o televisión por cable.
AL - No tengo noticias de que se haya planteado esa posibilidad a nivel de los operadores
nacionales en el tema. Si hay o no interés de parte de ellos, no lo sé, no estoy en
condiciones de saberlo. Sé que, en su momento -hace muchos años-, se descartó esa
posibilidad. En el planteo de Andebu no hubo nada en ese sentido.
EC - Pero usted decía que había otras aspiraciones por parte de Andebu.
AL - Otras preocupaciones. Se manifestó una preocupación sobre la capacidad de las
empresas trasnacionales de generar una distorsión del mercado con un manejo de los
precios que pueden no ser precios reales. Nosotros somos un mercado relativamente; esas
empresas son muy importantes y sin mayores dificultades podrían tener una política de
precios, incluso a pérdida durante determinado tiempo para imponerse en el mercado y
desplazar a las empresas nacionales de la competencia. Es una preocupación nuestra basada
en la diferencia de porte económico entre esas empresas y las nacionales.
EC - Ese es un fenómeno general cuando llegan a un país multinacionales en algún
determinado rubro. Por citar un caso que dio mucho que hablar el año pasado, recordemos
el fenómeno Géant en el rubro hipermercados. Existió ese mismo tipo de inquietudes de
parte de los comerciantes que se enfrentaban a esa nueva competencia.
AL - Hay dos aspectos diferentes. Uno es que la diferencia de porte económico genera
ciertas diferencias en la capacidad económica de la empresa, que le permiten competir con
ventajas. Como es una empresa más grande, compra más barato y puede vender más barato.
Esas diferencias entran dentro de los términos de la competencia lógica.
EC - A usted le preocupan los precios promocionales a pérdida para conquistar mercados.
AL - Y desplazar a los que ya están para después quedar en forma monopólica.
EC - Ese problema también se ha dado en el rubro de supermercados, minoristas, etcétera.
AL - Hay países que protegen contra eso. Uno de los temas que se ha discutido en todas
las reuniones internacionales sobre comercio internacional es que se establece ciertas
reglas de protección de las empresas nacionales.
EC - Ustedes están planteando que el Poder Ejecutivo debería controlar los precios.
AL - No, no planteamos soluciones concretas; planteamos simplemente la preocupación sobre
el tema y preguntamos si el Poder Ejecutivo había tenido en cuenta esta posibilidad.
EC - ¿Qué otra preocupación plantearon?
AL - Otra preocupación que planteamos era a propósito de que se estaba estableciendo una
apertura unilateral, una liberalización unilateral, sin reciprocidad. Nos parecía que
ésta no era la solución que hoy se está dando en el mundo en los procesos de apertura y
liberalización.
EC - ¿Qué quiere decir "reciprocidad" en este tema?
"Una apertura del mercado local podría
favorecer a las grandes empresas de televisión para abonados nacionales y perjudicar a
las medianas y pequeñas empresas del interior del país, que también podrían tener
dificultades para competir"
|
AL - Si la liberalización es unilateral, entonces resulta que las empresas
argentinas o brasileñas -que son las que seguramente van a ingresar al mercado- van a
poder ingresar a nuestro mercado sin que las empresas uruguayas puedan ingresar al mercado
de esos países, porque ellos sí tienen restricciones para el ingreso. No nos parece que
sea la situación más justa. Usted me podrá decir que las empresas nacionales, por su
porte, no están en condiciones de competir. No creo que ése sea un argumento suficiente,
porque cuando se nos habla del Mercosur se supone que la gran ventaja es proporcionar a
los uruguayos la oportunidad y el desafío de un gran mercado de 200 millones de
consumidores. Nosotros estamos abriendo nuestro pequeño mercado a esas empresas
instaladas en Argentina y Brasil sin que empresas uruguayas puedan hacerlo en las mismas
condiciones en esos países. A eso me refiero cuando hablo de reciprocidad, que no fue un
tema concreto sino una preocupación planteada. Los planteos concretos son los que tienen
que ver con marco regulatorio y respeto del principio de igualdad; luego hubo
preocupaciones que le planteamos al ministro.
Hubo una cosa satisfactoria en la reunión con el ministro: que nos aseguró que se está
haciendo un estudio detenido del tema para resolverlo de la mejor manera posible. Creo que
la idea surgió un poco circunstancialmente, se habló de una liberalización quizás sin
haber considerado todas las connotaciones que había detrás y ahora vemos con más
tranquilidad que el gobierno está haciendo un estudio más sustancial del tema. Desde ya
le adelanto que, de todas maneras, el ministro nos dijo que había una decisión política
del gobierno en cuanto a hacer una apertura en ese sentido.
EC - En cuanto la televisión para abonados en general, ¿cuál es la posición de Andebu?
Cuando hemos tratado este tema algunos oyentes nos han marcado que sería una
contradicción abrir a la competencia el mercado de la televisión satelital -o sea,
permitir el ingreso de empresas extranjeras- y no abrir a la competencia los otros rubros
de televisión para abonados, como la televisión cable o los que emiten por aire, donde
incluso puede haber empresas nacionales interesadas en operar. De hecho, cuando se hizo el
llamado en Montevideo, por ejemplo, hubo varios consorcios que quedaron por el camino y
tenían interés en competir incluso si se habilitaba a cuatro, cinco o seis firmas para
ese tipo de servicios. Para ese otro tema, ¿qué dice?
AL - No hemos hecho un planteo en ese sentido al gobierno.
EC - ¿No está sobre la mesa del Poder Ejecutivo esta posibilidad?
AL - No tenemos noticia. Se ha hablado de una apertura para la televisión satelital
directa al hogar; no sé qué consecuencias podría tener sobre el régimen que hasta hoy
se ha venido aplicando. No es un tema fácil; si bien usted señala -con cierta lógica-
que pueda haber una incongruencia entre esta apertura y...
EC - Claro, porque habría una apertura hacia fuera, pero no una apertura hacia adentro en
los otros servicios de televisión para abonados.
AL - Sí. Lo que pasa es que primero hay que ver cómo se implementa esta apertura.
Todavía no tenemos una información completa. La apertura se va a realizar a través de
un llamado a interesados, a través de una autorización concreta ante cada solicitud, se
va a realizar una autorización genérica... Al no manejar esos aspectos concretos y muy
importantes no es fácil tomar posición. Esos aspectos hacen, además, a las relaciones
entre las empresas establecidas. Una apertura del mercado local podría favorecer a las
grandes empresas de televisión para abonados nacionales y perjudicar a las medianas y
pequeñas empresas del interior del país, que también podrían tener dificultades para
competir. Andebu nuclea a todas las empresas y tiene que representarlas encontrando un
equilibrio entre los intereses, sobre todo teniendo en cuenta la situación de las
pequeñas y medianas empresas asociadas.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Julieta Sokolowicz
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