Publicado
en Búsqueda
(05.11.98)


Las finanzas de los partidos


Por Daniel Gianelli

La reciente visita del politólogo italiano Glovanni Sartori para dictar una conferencia sobre el "Homo videos. La sociedad tele dirigida" en el marco del 75º aniversario de Radio El Espectador incorporó a la agenda de las reflexiones y debates políticos y académicos locales, aunque más no fuera fugazmente, una cuestión ciertamente tan polémica como interesante: el impacto que tiene la televisión como medio informativo en las sociedades democráticas.

Sartori, un destacado intelectual de las ciencias políticas que ejerce la docencia en las universidades de Florencia y de Columbia (Nueva York), viene de escribir un ensayo pleno de reflexiones sobre los procesos a través de los cuales el ciudadano recibe a diario informaciones sobre los más diversos hechos de la actualidad, sobre las características y la calidad de la información transmitida a través de medios que emplean la palabra escrita y de los que priorizan la imagen.

Refiere también al impacto que ello tiene en la formación de la opinión de los ciudadanos, en sus decisiones diarias y en sus pronunciamientos electorales, así como en las tendencias que se manifiestan en la vida democrática.

Sartori destaca lo que resulta bastante obvio, que los periódicos logran dar mayor profundidad a las noticias mediante la palabra escrita, mediante las interpretaciones y los análisis de los hechos que permiten comprender cabalmente una noticia, mientras que la información presentada en la televisión es, por la propia característica del medio, un show fugaz de la noticia; apenas una aproximación a la información relevante. Una información que impacta visualmente, que despierta emociones y que, consecuencia de ello, nubla o bloquea razonamientos.

La cuestión no es menor sobre todo cuando la televisión se ha convertido en la mayor parte de los países en el principal, cuando no el único, medio a través del cual se informan vastos sectores de la sociedad, principalmente aquellos de menores niveles educativos y económicos.

El tema es bien actual, rebasa las fronteras nacionales (aunque en cada sociedad tiene sus propias características), y tiene una importancia sustantiva respecto del futuro de las comunidades democráticas.

Pero Sartori ha reflexionado también sobre otros temas de la actualidad política que tienen claras implicaciones sobre el futuro de la democracia.

En su libro "Comparative Constitutional Engineering", por ejemplo aborda el tema de la corrupción, un fenómeno que provocó un terremoto político en su propio país y que barrió con el sistema de partidos vigente durante casi medio siglo en la Italia de la posguerra.

Recuerda que dos presidentes sudamericanos, Fernando Collor de Mello y Carlos Andrés Pérez (este último en ejercicio de su segundo mandato), fueron destituidos bajos graves cargos de corrupción. Las acusaciones de haber aceptado que el narcotráfico financiara su campaña mantuvo acorralado al ex presidente colombiano Ernesto Samper buena parte de su mandato, limitando de hecho su capacidad de gestión. La administración Menem en Argentina ha estado salpicada por frecuentes escándalos, involucrando las denuncias de corrupción a políticos, magistrados, etc. Un fenómeno al que, en una magnitud diferente, nuestro país no ha podido escapar.

En "Comparative Constitutional Engineering" Sartori sostiene que si bien hay países en los cuales la sociedad ha sabido preservar mejor ciertos principios y valores éticos, se percibe en el mundo un avance de lo que considera la política sucia.

A su juicio ello se debe al entrelazamiento de tres factores: 1) la pérdida de la ética en el servidor público, 2) en un mundo cada vez más interdependiente y en el cual los negocios han crecido enormemente hay demasiado dinero en la vuelta; y 3) porque el costo de la actividad política y particularmente de las campañas electorales resulta absolutamente exagerado y está fuera de todo control.

Es un fenómeno viejo como el mundo que los servidores públicos resulten tentados por grupos de interés tanto para tomar decisiones como para dejar de cumplir cometidos. Pero el volumen de los negocios que se articulan hoy día, el costo de las obras públicas que se emprenden o se conceden, han estimulado el apetito de quienes toman decisiones en el ámbito de la administración pública (gobernantes, jerarcas y técnicos de la burocracia), presionando, a la baja, sobre los estándares éticos.

Sartori destaca bien que, cuanto más intervencionista es en lo económico la política de un Estado, más son las posibilidades de gobernantes y burócratas de ser tentados por los intereses particulares.

Pero además, los políticos sienten permanentemente la presión que supone la lucha por conservar o acceder al poder, lo cual conlleva la necesidad de conseguir recursos para poder financiar su actividad política y sus cada vez más costosas campañas electorales.

Para ello se golpean múltiples puertas, todas a las que se tenga acceso. Y resulta ingenuo no advertir que las contribuciones recibidas generan compromisos. Por otra parte no siempre esos recursos se destinan a financiar actividades o campañas políticas.

Para Sartori enfrentar y frenar esta patología de la vida política es una cuestión de extremo interés para la salud del sistema democrático. Sobre todo porque estos hechos contribuyen a generar o profundizar brechas en la confianza de los ciudadanos respecto de gobernantes y políticos. Consecuentemente, inducen al ciudadano a tomar distancia de la vida política, a no involucrarse -o a hacerlo en menor medida- incluso en el seguimiento de los grandes temas que hacen a la vida de la comunidad.

Con Sartori debe remarcarse que "los costos electorales (...) deben ser limitados" y que, cuanto más se pueda alejar el Estado de áreas extra políticas, menores serán las ocasiones y tentaciones para el florecimiento de la corrupción". Y cabe reclamar penas más duras y controles más efectivos.

Estas reflexiones del politólogo italiano, ciertamente no pensadas a partir de la realidad uruguaya, no dejan de caemos como anillo al dedo en momentos en que el país enfrenta lo que, por designio del nuevo texto constitucional, será la campaña política más prolongada de su historia. Esta seguidilla de comicios (internas de abril, legislativa y primera vuelta presidencial de octubre, balotaje presidencial de noviembre y municipales de mayo del 2000) fatigará al ciudadano con diecinueve meses de campaña, en la que la acción legislativa será escasa o nula y los candidatos golpearán una y otra vez las puertas de sus amigos para poder financiar sus actividades y su propaganda.

Frente a tal situación queda patente el hecho de que, pese a que cada día el discurso político emplea con más frecuencia el término transparencia, poco o nada se ha hecho tornar transparente la financiación de los partidos y los candidatos para hacer explícitos los apoyos (y eventualmente los compromisos).

Muy por el contrario, en los trece años de restablecida la democracia, el único movimiento efectivo que se ha dado ha sido en la dirección inversa, habiéndose derogado una Ley de Partidos Políticos sancionada por el Consejo de Estado durante el proceso de salida del régimen de facto que establecía normas para ejercer alguna clase de contralor sobre las finanzas de los partidos.

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Búsqueda, 05.11.98