Sientan las bases para una política de Estado en los servicios públicos

Técnicos de todos los partidos políticos convinieron los principios que en el futuro deberían regir la prestación de los servicios públicos. El trabajo fue difundido en el seminario organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815, que orienta el general retirado Líber Seregni.


EN PERSPECTIVA
Miércoles 17.05.01, 07.35.


EMILIANO COTELO:
"Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria, que es la Patria", dijo anoche el general Líber Seregni, evocando a Artigas, al cerrar el seminario "Servicios Públicos. Aportes hacia una política de Estado", que organizó el Centro de Estudios Estratégicos 1815, auspiciado por la Universidad para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas (Pnud).

Ayer entrevistábamos al general Seregni, director del Centro, quien adelantaba lo que efectivamente ocurrió en el seminario: evidenció claras coincidencias en la mayoría del espectro político nacional respecto a los perjuicios de los monopolios estatales, y sobre la necesidad de su reforma. Esas coincidencias surgieron de las exposiciones de diversos expositores, desde el presidente de la República, Jorge Batlle, los principales líderes políticos, así como de técnicos de diversas extracciones político partidarias.

Los debates llevaron diez horas, y las ponencias irán siendo publicadas en Internet a lo largo del día. Entre algunas señales que indican la profundidad de los planteos y las aproximaciones, citamos dos comentarios: los del presidente Batlle y los del líder del Encuentro Progresista - Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Como verán, están pautados por la autocrítica sobre el manejo que sus respectivas fuerzas políticas han hecho de la cuestión de las empresas públicas.

Al comienzo del seminario, el primer mandatario admitió ayer que, "si tuviera fuerza, sacaría de la Constitución el capítulo entero de los entes autónomos y modificaría totalmente la forma de dirigir a los directores de esos organismos".

(Grabación:)

JORGE BATLLE:
"El país tiene que tener servicios óptimos como los tuvo en el pasado. Los tiene que tener. ¿Tiene los recursos él mismo para hacerlo? No los tiene. ¿Los puede recibir el Estado para hacerlo a través de sus organismos? No los puede recibir. Más allá de discutir si es bueno o es malo, yo creo que hay cosas que son horribles.

"Por ejemplo, una de las cosas que haría si tuviera fuerza, ya que me he dedicado toda la vida a reformar las Constituciones, sería sacar el capítulo entero de los Entes Autónomos de la Constitución de la República y modificar totalmente la forma de elegir el Directorio de los Entes Autónomos. Algo hemos hecho: hemos reducido a tres en algunos casos, podría haber sido uno solo, con un control político adecuado en donde corresponde estar el control. Es (mejor) tener uno solo que sepa del asunto que tener cinco, de los cuales algunos saben mucho y otros no saben nada: esa es la realidad. Y vamos a no hacernos trampas al solitario.

"Entonces, señores, esta es la situación que no solamente tiene el Presidente, tiene el Uruguay, todo el Uruguay. Y es bueno que el Uruguay lo analice, que lo discuta y que trate de emitir ideas y dar caminos y soluciones".

(Fin de la grabación)

Por su parte, y cuando finalizaba el seminario, el doctor Tabaré Vázquez dijo entre otras cosas que hay que dejar por el camino la "apropiación del Estado por parte del partido circunstancialmente en el gobierno", pero además una segunda apropación de las empresas públicas: la que llevan adelante "las corporaciones de funcionarios".

(Grabación:)

TABARE VAZQUEZ:
"El sistema político debe resolver, o más bien eliminar, esa suerte de apropiación del Estado. Las empresas públicas no deben ser tomadas como botín electoral, y sus cargos de dirección no pueden ser ofrecidos como premio consuelo a quienes no pudieron acceder a otros sitios institucionales.

"Pero hay otro tipo de apropación de las empresas públicas, que tampoco puede continuar: la de sus corporaciones de funcionarios, que a menudo confunden sus intereses, legítimos por cierto, con los no menos legítimos intereses de la sociedad. No basta con que los funcionarios de las empresas públicas defiendan los intereses corporativos: es necesario que, sin perjuicio de ello, asuman plena y cabalmente sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Porque al fin y al cabo eso son, más allá de su condición laboral.

"He aquí un importante desafío para el movimiento sindical uruguayo. Pero no sólo para el movimiento sindical, sino también para el sistema político y para nuestra fuerza política en particular".

(Fin de la grabación)

Otra de las notas fuertes del seminario de ayer fue el documento en el que se pusieron de acuerdo los nueve técnicos que participaron a lo largo del día como expositores. Ese texto fue considerado como "un hecho histórico" por el presidente de la República. En una emisión especial de Subrayado, en Canal 10, Batlle dijo que ese trabajo "es el instrumento adecuado para poder llevar adelante en paz las reformas que estos organismos precisan para cumplir con sus funciones". Lo calificó como "un paso formidable en beneficio del Uruguay", dijo el presidente.

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Estamos en comunicación con una de las participantes del seminario, la contadora Rosario Medero (Partido Nacional, Herrerismo), integrante del Directorio del Banco Central. A usted le tocó exponer sobre "Cómo la regulación de los servicios públicos puede aumentar el bienestar de los uruguayos".

ROSARIO MEDERO:
Así es, y fue realmente reconfortante ver a los líderes políticos, a todos los expositores, coincidir en que hay cosas que cambiar, en que tenemos que cambiar, coincidir en las bases de este documento que habíamos preparado, y coincidir en ponerse a trabajar, a mejorar lo que llamamos el bienestar: mostrar que hay monopolios que perjudican a todos los uruguayos, y que debemos modificar cosas para que los uruguayos vivan mejor, tengan combustibles a menor precio, tengan mejores tarifas de energía eléctrica y de telecomunicaciones...

EC - Del documento de nueve puntos que aprobaron los técnicos, ¿cuál destacaría, si le pido uno?

RM - Creo que el primero, que habla del bienestar. Dice que fundamentalmente hay que pensar que las empresas no existen para sí mismas o para sus funcionarios o sus gerentes; que las empresas públicas como Ancap o Antel sirven para servir al país. Y es un poco lo que decía Tabaré Vázquez: no es para los empleados o para sus sindicatos sino para el país. Cuando se dice "Ancap da U$S 20 millones" o "Antel aporta tanto", no son Ancap ni Antel: son sus tarifas altas, y son los uruguayos que están pagando un impuesto en sus tarifas que va al erario público.

Creo que eliminar esos monopolios, permitir que bajen sus tarifas (ayer se veía que pueden bajar entre 20 y 30%) hacen que cada uno pueda tener un poco más de luz, un poco más de calefacción, un poco más de combustible, a un precio más bajo.

EC - ¿Qué cree usted que viene después de este debate de ayer?

RM - Hay muchas cosas en las cuales trabajar. Hubo grandes propuestas en que trabajar, distintos ámbitos en que trabajar... Por una parte, el general Seregni (que fue el alma mater de esta actividad, que trabajó con todos, en las previas), ya se comprometió a hacer posteriores reuniones similares con cada uno de los temas: energía, telecomunicaciones. Por otra parte, el presidente de la República señaló que el documento da bases para aprobar estas reformas; el presidente del Directorio del Partido Nacional, doctor Luis Alberto Lacalle, también anunció que el próximo lunes se trabajará sobre este tema en el Directorio... Quiere decir que habrá una cantidad de lugares donde se podrá trabajar y creo que en forma coordinada y yendo hacia un mismo objetivo que es buscar reformas y cambios para mejorar el bienestar.

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El economista Walter Cancela es asesor de la presidencia del Encuentro Progresista - Frente Amplio, y fue otro de los expositores ayer. Su ponencia fue sobre "Producción estatal de servicios públicos. Vicios y virtudes". Para usted ¿es un detalle, una casualidad, o tiene su importancia que este seminario llevara por título "Servicios públicos...", y no hablara de "Empresas públicas"?

WALTER CANCELA:
No; no es casualidad. Las empresas públicas es una forma de prestar los servicios públicos, que pueden tener variadas formas de ejecución. Es conocido que en Uruguay varios de los servicios públicos más importantes son prestados por medio de empresas públicas. La empresa pública, en todo caso, es una forma particular de los servicios públicos.

EC - ¿De qué manera estuvo presente esta diferenciación en las discusiones de ayer?

WC - El hecho de centrar la discusión en un tema como los servicios públicos tuvo dos virtudes para que se pudiera avanzar como se lo hizo en este seminario. Por un lado, coloca el tema en un asunto concreto: no estuvimos discutiendo la reforma del Estado en abstracto, el papel del Estado en abstracto, sino que focalizamos cómo se presta los servicios públicos en Uruguay y cómo debería prestárselos. Por otro lado, porque el hecho de no concentrarse específicamente en las empresas públicas que hoy existen sino en el tema más importante, que es que la prestación de los servicios públicos contribuyan al bienestar de los uruguayos, pone en discusión también la forma de su prestación: si con empresas públicas, si con empresas privadas, si con empresas asociadas, si en competencia, si con monopolio. Y esos asuntos estuvieron presentes prácticamente en todas las exposiciones, y permitieron (justamente por tratarse de aspectos muy concretos) avanzar en descubrir que hay más acuerdos de los que aparecen a primera vista cuando se discute en términos abstractos y desde posiciones estrictamente ideológicas sobre el rol del Estado, la reforma del Estado, o como se le quiera llamar.

EC - Esto que usted menciona está en el punto 6) de los nueve que fueron acordados por los técnicos participantes del seminario, cuando señalaron que "El éxito de las reformas dependerá de la superación de planteamientos y debates que podrían derivar en una innecesaria polarización ideológica: i) la falsa oposición entre la propiedad pública y la privada, ii) la discusión abstracta sobre el papel del Estado y el de los mercados, iii) la errónea oposición entre competencia y regulación, y iv) la utilización de argumentos basados exclusivamente en la rentabilidad (presente y futura) de actividades monopólicas (públicas o privadas) como indicadores de la conveniencia de mantener dicha estructura de mercado".

¿Le resultó sencillo lograr el entendimiento con sus otros colegas en torno a estos puntos?

WC - Después de haberlo hecho, me parece que fue más sencillo de lo que uno pensaba al comienzo. Cuando el general Seregni me convocó, tenía mis dudas de que pudiéramos llegar a un documento de acuerdo...

EC - ¿Cómo surgió la idea de ese documento? ¿Estaba previsto desde el principio?

WC - Lo que estaba previsto desde el principio era intentar, desde una perspectiva técnica (que nunca es técnica pura: siempre hay una carga política; ninguno de nosotros se sacó su pertenencia política para entrar a las reuniones en que elaboramos este documento, sino al revés: trabajamos desde nuestras particulares pertenencias y convicciones, y realmente fue más sencillo de lo que yo pensaba), superando terminologías que a veces connotan preferencias ideológicas y que pueden resultar agresivas para un lado o para el otro, y poniéndonos de acuerdo sobre los contenidos sustanciales de las cosas, logramos estos nueve puntos de acuerdo que creo que son muy importantes.

Ahora: estos son puntos que elaboramos desde una perspectiva individual. Ninguno de los nueve que firmamos el documento está representando más que a sí mismo, pero a nadie se le escapa que, de algún modo, cada uno de los nueve refleja las discusiones en sus propios ámbitos políticos o de pertenencia. Eso no quiere decir que este documento sea firmado por todos los partidos políticos del espectro uruguayo. Sin embargo, escuchando ayer a los líderes de los partidos en sus exposiciones del final, todavía uno queda un poquito más sorprendidos: por qué no hemos podido avanzar más; por qué se han dado tantas confrontaciones, a veces tan "sangrientas" (metafóricamente hablando) para el país, en temas en los que, de haber sido enfocados desde una perspectiva de los asuntos concretos y en los ámbitos correspondientes, podría haberse avanzado más rápido y mejor.

EC - ¿Eso puede ocurrir de ahora en adelante, a partir de las ideas lanzadas y de las coincidencias percibidas ayer?

WC - Creo que hay campo para avanzar. Creo que lo que no debemos hacer es pensar que este tipo de avances se puede dar exclusivamente a nivel técnico. Este es un asunto esencialmente político, como dijo Vázquez ayer, y como tal corresponde a la conducción política del país. Y no me refiero exclusivamente al gobierno sino a toda la conducción política, en la que están involucrados al menos todos los partidos que tienen representación parlamentaria.

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EC - Por último, vamos al encuentro del economista Ernesto Talvi, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Ceres), quien habló sobre "El monopolio de los servicios públicos. Cuánto le cuesta a los uruguayos". Con usted ya hemos hablado de estos temas, y ha brindado más de una conferencia sobre estos asuntos. Pero, ya que leía el título de su presentación, ¿por qué no nos da dos o tres números sobre "cuánto le cuesta a los uruguayos el monopolio de los servicios públicos"?

ERNESTO TALVI:
Creo que ese es el punto de partida de cualquier diagnóstico razonable. Porque si hablamos de reforma, primero debemos determinar si es necesaria por aquel viejo y sabio precepto de que "si algo no está roto, no lo arregles".

Lo que hemos determinado es que la forma en hoy que se organiza la provisión de los servicios públicos en Uruguay, a través de empresas estatales que proveen los servicios en condiciones esencialmente monopólicas en grandes segmentos de los mercados implica sobrecostos para los ciudadanos de este país, la gente que trabaja, que invierte, de U$S 800 millones al año en lo que respecta a telecomunicaciones, energía eléctrica y combustibles. No sólo eso, sino que en nuestros cálculos, si estos sobrecostos fueran eliminados modificando sustancialmente la forma en que estos servicios son provistos, abriéndolos a la competencia, permitiendo la posibilidad de que existan múltiples proveedores, permitiendo la posibilidad de que haya aportes de capital privado, permitiendo que las empresas sean gestionadas de manera eficiente, transparente y despolitizada (que en cierto sentido fueron los principios que acordó el grupo de técnicos en el documento que se firmó ayer), podríamos liberar recursos para la economía que permitirían la creación de 45.000 puestos de trabajo, y aumentar la inversión productiva anual en U$S 600 millones por año. Creo que ese es el verdadero costo de mantener el status quo, y le haríamos un enorme favor a los ciudadanos de este país si procediéramos con rapidez a modificar el sistema que nos gobierna hasta el día de hoy.

EC - Recordemos que el senador Rafael Michelini, en el panel final, rescató ese número del informe del Ceres. "Supongo que está bien calculado, y si es así ¿por qué no verificarlo y atenderlo? Porque está de por medio nada menos que el empleo para gente que hoy está en la calle".

ET - Así fue.

EC - Usted que en los últimos meses ha trabajado con el Ceres en estos asuntos, ¿con qué sensación salió al participar de un ámbito como el de ayer, en el que estaban representadas las posiciones de todos los partidos, pero además distintos matices y también posiciones filosóficas de técnicos?

ET - Nosotros participamos en calidad de independientes, ya que no tenemos ninguna militancia partidaria, y salimos con una sensación de satisfacción, en este sentido: que un grupo de técnicos que provienen de extracciones filosóficas distintas, de corrientes de pensamiento muy distintas, son capaces -sentados alrededor de una mesa y con el adecuado liderazgo- de ponerse de acuerdo sobre ciertos principios para reformar la manera en que son provistos los servicios públicos en este país, de manera que redunden en beneficio de los usuarios, de la gente que diariamente se esfuerza por trabajar, invertir, mantener a sus familias. Eso, para mí, es un elemento central.

EC - ¿Usted esperaba que se pudiera dar?

ET - Uno tiene conversaciones informales con técnicos amigos de distintas formas de pensamiento, e intuía que las posibilidades de acuerdo serían mucho mayores que las que dejan entrever a veces los debates pirotécnicos que uno observa a través de la prensa. Lo que acá quedó plasmado es que realmente los acuerdos son posibles, y que pretender que hay diferencias ideológicas insalvables que nos separan, y utilizar eso como coartada para el status quo es falso. Eso quedó demostrado ayer.

EC - Eso en cuanto a la aproximación de posiciones entre los técnicos. Pero usted escuchó también a los dirigentes políticos, en particular al doctor Vázquez, al doctor Lacalle, a los senadores Atchugarry y Michelini, a Lamorte, de la Unión Cívica... Desde ese otro punto de vista, ¿qué conclusión sacó?

ET - Mi conclusión es que ciertos principios como el de la apertura a la competencia de estos servicios para posibilitar que existan múltiples proveedores de los servicios, algo absolutamente normal en todas las transacciones cotidianas que hace la gente. Cuando uno va a comprar un electrodoméstico va a varias casas, pregunta precios, ve distintas marcas y después elige comprar a quien le ofrece el mejor precio, las mejores condiciones, etcétera. Lo mismo valdría para las telecomunicaciones, para los combustibles, para la energía eléctrica, pero estamos tan desacostumbrados a que sea así que no imaginamos que las cosas pueden ser de otra manera. Pero la tecnología hoy habilita a que eso sea posible.

Entonces: competencia, múltiples proveedores, aporte de capitales privados, una dirección despolitizada y eficiente de las empresas, fueron temas creo que recurrentes en absolutamente todas las presentaciones, con matices, y son los temas centrales del documento que firmaron los técnicos. Por ende hay una enorme base de acuerdo que posibilita que las diferencias ideológicas no sean usadas como una coartada para la parálisis. Obviamente tampoco debería usarse el interés ciudadano para la parálisis, porque sin duda el interés ciudadano estaría enormemente favorecido si pudiéramos hacer estos cambios. En un momento, además, en que el país los necesita como el oxígeno porque estamos pasando una circunstancia compleja, y estos cambios que permitan abaratar costos, dar más competitividad a las actividades productivas, y -muy importante- que permitan atraer inversiones en estos sectores, en un momento en que la inversión está deprimida, pueden servir también como un elemento reactivador, que ayude a cambiar el estado de ánimo de la economía del país.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón