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Las asociaciones de jueces y fiscales
se pronunciaron sobre las denuncias
del intendente Villanueva Saravia
EN PERSPECTIVA
Martes 16.06.98, hora 07.50 AM.
EMILIANO COTELO:
Tal como era de prever, la denuncia que el intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia,
presentó el miércoles pasado en la Comisaría de Río Branco, adjuntando la grabación
de una conversación entre el juez de esa localidad, Gerardo Siri, y el ex fiscal Walter
Cancela, se ha convertido en uno de los centros de debate y de generación de
declaraciones y polémicas.
Aquí hemos reflejado varias de las facetas abiertas por este episodio, pero ayer, como se
pronosticaba, terminó siendo un día muy intenso en esta materia. Por ejemplo, el
Ministerio Público y Fiscal presentará denuncia penal contra Saravia por haber revelado
públicamente el contenido de esa conversación telefónica privada. Asimismo, pedirá a
la Justicia la apertura de una investigación en torno a la interceptación clandestina de
dicha comunicación.
Como ya habíamos adelantado, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación,
doctor Oscar Peri Valdez, solicitó el viernes 12 a la doctora Blengio que estudiara si
corresponde o no denuncia penal para investigar la presunta interceptación de esa
conversación telefónica, así como la revelación de su contenido por el intendente
Saravia. Peri Valdez sostuvo en su resolución que "nuestro derecho tutela penalmente
la libertad y seguridad de la relación de telecomunicación, comprendiendo la
comunicación telefónica como manifestación especial y sensible de la libertad
individual". Agregó que, "si en un estado de derecho el escamoteo telefónico
pasa a ser tolerado cayendo en la órbita de la impunidad, ya no va a darse intimidad
familiar o personal posible. Si alguien requiere una razón privada no podría utilizar el
teléfono: ese aparato va a ser mirado con desconfianza como si tuviera cara de agente
secreto, como un intruso en el hogar". Añade el escrito que "surge de estas
actuaciones que el señor Villanueva Saravia, a través de la referida denuncia y de otros
medios, por vías orales y gráficas, ha dado a conocer (...) el contenido de la presunta
comunicación telefónica, sobre cuya interceptación no se cuenta con información".
Dijo que en tal sentido "también corresponde que la eventual trascendencia penal de
dicha conducta de revelación sea examinada, estableciéndose con carácter prioritario
las razones o móviles que la determinaron".
La fiscal nacional María Blengio estudiaba anoche si asumirá competencia en el caso o
trasladará los antecedentes al fiscal de Río Branco, Carlos Reyes. La doctora Blengio
trataba de averiguar si la grabación había sido difundida públicamente primero en los
medios de comunicación de Cerro Largo o en los de Montevideo, con el fin de establecer a
qué fiscalía correspondería competencia en el caso. No obstante, más allá de dónde
se radique la denuncia, es firme la decisión del Ministerio Público de investigar estos
hechos, según fuentes oficiales y judiciales consultadas en ambas ciudades.
Por otra parte, trascendieron dos pronunciamientos: el de la Asociación de Magistrados y
el de la Asociación de Fiscales, que reproducimos a continuación.
"ASOCIACION DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY
"Montevideo, 15 de junio de 1998.
"La Asociación de Magistrados del Uruguay, en atención a hechos de notoriedad dados
a conocer por diversos medios de prensa oral y escrita, que refieren a una denuncia
fundada en una supuesta conversación telefónica privada formulada por el señor
intendente municipal de Cerro Largo, Villanueva Saravia, que involucra al señor juez
letrado de 1ª Instancia de Río Branco, doctor Gerardo Siri, la Comisión Directiva de la
Asociación de Magistrados del Uruguay, en su sesión ordinaria realizada en el día de la
fecha, considerando que, de acuerdo a lo dispuesto por su estatuto (Capítulo I artículo
3º, numeral 6º) le compete «defender la profesión de juez a fin de que la sociedad y
el Estado reconozcan y respeten la posición institucional del Poder Judicial y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la dignidad de cada magistrado como soporte de
tales instituciones»,
"DECLARA:
"1) Se reafirma con total énfasis los postulados básicos del Estado de Derecho, que
son el marco de referencia de nuestra actuación, en el más absoluto convencimiento en la
tolerancia al discurso de las ideas, la libre expresión de las mismas y el respeto por la
Justicia, a la que naturalmente también están sometidos los jueces, como camino a
transitar en una sociedad democrática.
"2) Que, sin emitir pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos que se atribuyen
al asociado, resulta claramente atentatorio contra los derechos humanos, fundamentales de
todos los ciudadanos, la invasión a la vida privada de los mismos, en forma no autorizada
y su difusión, y en extremo preocupante por su gravedad institucional cuando tal cosa se
efectúa en la persona de un servidor público y en el caso de un magistrado
judicial".
Firman la declaración el presidente de la Asociación, doctor José Balcaldi, la
vicepresidenta, doctora Beatriz Venturini, y el secretario, doctor Alejandro Guido.
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"ASOCIACION DE MAGISTRADOS
DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL
"Ante la entrega para su difusión por los medios de comunicación de una grabación
obtenida mediante la interceptación de una comunicación telefónica, que supuestamente
involucraría a magistrados del Ministerio Público y Fiscal, la Asociación de Fiscales
hace saber a la opinión pública:
"1) En nuestro Estado de Derecho, la intervención de una línea telefónica o
sistema análogo de comunicación entre personas puede únicamente ser dispuesta por orden
judicial, en los casos previstos por la ley, por cuanto supone una mengua al derecho a la
libertad individual consagrado en nuestra Constitución.
"2) Manifiesta su repudio a la invasión de la privacidad de un ciudadano -revista o
no la calidad de magistrado- fuera de esos casos y por la vía establecida legalmente,
vulnerando el más elemental derecho a la intimidad.
"3) Entiende que cuando tales hechos refieren a un magistrado, se trasciende el
ámbito personal para ingresar en el institucional.
"4) En consecuencia, se ve en la necesidad de reiterar lo ya expresado en el mes de
octubre de 1997, respecto a que resulta imprescindible contar en el departamento de Cerro
Largo con un clima que preserve las condiciones básicas para el normal ejercicio de la
función de magistrado y la independencia técnica de los fiscales, que sólo deben estar
subordinados a la ley".
Firman: doctor Carlos García Altolaguirre, presidente, y doctora Sylvia Gari, secretaria.
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