El programa partidario del Nuevo Espacio es el resultado de un trabajo de largo plazo en el que participaron más de 170 técnicos. El presente material es una síntesis de dicho programa, condensado en 200 medidas, que expresa la propuesta de nuestro partido para el Uruguay del 2000.

El Nuevo Espacio ha sido el único partido que presentó ante la ciudadanía su propuesta programática con tiempo y en profundidad de cara a la instancia electoral de este año. Mientras algunos partidos redactaron apresuradamente sus propuestas y otros aun hoy carecen de un planteo programático escrito, el Nuevo Espacio, desde hace meses, distribuye su programa a quienes tengan interés en conocer nuestras soluciones para el Uruguay de estos próximos años.

"Por un Uruguay más justo" expresa la forma en que el Nuevo Espacio ve la realidad de nuestro país e indica los caminos que nuestro Uruguay debería recorrer para el logro de la felicidad colectiva.

Prosperidad, solidaridad y transparencia son las tres ideas fuerza que atraviesan nuestro programa.
Prosperidad, porque un país que no crece es un país que no puede promover el bienestar colectivo.
Solidaridad, porque un país que no se preocupa por los más débiles está condenado a la desigualdad y a la infelicidad.
Transparencia, porque un país sin transparencia es un país gobernado por los criterios del clientelismo político y amenazado por la corrupción.
Agosto, 1999

EMPLEO:
Máxima prioridad
Fomento de la inversión privada mediante el impulso de un plan de concesión de obras públicas, para aumentar las fuentes de trabajo.
Aprobación de una ley de negociación colectiva que fomente el diálogo bilateral entre empresarios y trabajadores y que brinde certeza jurídica a los acuerdos en el ámbito laboral.
Garantía de transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso al empleo en el Estado, mediante la oferta nacional y pública y el ingreso por concurso o sorteo.
Creación de un Instituto Nacional de Empleo encargado de impulsar políticas activas de promoción de empleo, con autonomía de gestión para llevar adelante sus cometidos.
Puesta en funcionamiento de un Programa de Empleo Social dirigido a los desocupados recientes, en particular jefes de hogar con bajos ingresos que por razones de edad, nivel de educación o experiencia laboral tienen escasas posibilidades de acceder a nuevos empleos.
Diseño y operación de un Programa de Reestructura del Empleo, para realizar acciones de información, orientación, capacitación y apoyo a la reconversión laboral y la movilidad geográfica.
Desarrollo de una política de información laboral que haga accesibles a todos las oportunidades de empleo disponibles en el mercado.
Aprobación de una ley que garantice los derechos inherentes al fuero sindical.
Impulso a una mejora sustantiva de la productividad y competitividad de las empresas privadas y públicas, mediante el apoyo a la profesionalización de sus políticas de recursos humanos.
Seguimiento sistemático por parte del Observatorio del Mercado de Trabajo de las características estructurales y las realidades coyunturales del mercado de trabajo.
Establecimiento de un régimen de licencia especial por maternidad y paternidad en caso de embarazos múltiples.


ECONOMÍA:
Eficiente, previsible y orientada al crecimiento
Creación de mecanismos explícitos de discusión y definición de metas de endeudamiento público sustentable a largo plazo.
Creación de un fondo de reserva para compensar caídas de la recaudación en períodos de recesión.
Fortalecimiento y jerarquización de las agencias públicas reguladoras de los mercados financieros.
Establecimiento de mecanismos que promuevan la competencia entre empresas en todos los mercados donde sea técnicamente posible, evitando monopolios y acuerdos entre empresas, privadas o públicas, en perjuicio de los consumidores.
Redefinición del alcance del secreto bancario, limitándolo a la finalidad exclusiva de proteger la privacidad del depositante.
Lucha frontal contra la evasión impositiva y el contrabando, mejorando la gestión tributaria y aduanera y endureciendo las penalizaciones ante incumplimientos e infracciones.
Modificación de la estructura tributaria, aumentando los impuestos directos de acuerdo a criterios de progresividad y eficiencia recaudadora, considerando la implantación del Impuesto a la renta de las Personas Físicas y ampliando la base de aplicación del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio a aquellas provenientes de todo tipo de capital.
Búsqueda e implementación de mecanismos que permitan reducir las tasas de aportes patronales.   
Disminución de las tasas actuales del Impuesto al Valor Agregado mediante su generalización a los sectores que actualmente no se encuentran alcanzados.
Eliminación del Impuesto a las Retribuciones Personales para los sueldos ubicados en la franja inferior y reducción paulatina de su aplicación a las demás franjas.


GASTO SOCIAL:
De acuerdo a las prioridades
Modificación de la estructura del Presupuesto Nacional incrementando sustancialmente la participación de los gastos en educación básica y técnica, justicia, seguridad ciudadana y lucha contra la pobreza.
Mejora de la calidad de los servicios públicos estableciendo mecanismos transparentes de evaluación por desempeño.
Establecimiento de mecanismos transparentes y formales de ascenso del personal del sector público, vinculándolo al desempeño evaluado según criterios objetivos.
Promoción de la participación del sector privado en la ejecución de políticas públicas mediante la intervención de organizaciones no gubernamentales.


PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS:
Previsibilidad, selectividad y transparencia
Creación del Ministerio de la Producción mediante la fusión de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería, trasladando a su órbita la Dirección General de Comercio y estableciendo la coordinación del Banco República con el Poder Ejecutivo a través de dicho Ministerio.
Fijar como objetivo de toda política de promoción de actividades productivas el incremento sostenido de la productividad de las empresas.
Establecimiento de mecanismos públicos y transparentes de difusión de los resultados esperados y obtenidos de las políticas de promoción que involucren exoneraciones tributarias y tratamientos particulares y excepcionales.
Diseño de políticas tendientes a la descentralización geográfica de la producción.
Promoción de las estrategias tendientes a la mejora en la calidad, la certificación y la innovación tecnológica por parte de las empresas.
Establecimiento de una política agresiva y discrecional de captación de inversión extranjera directa, sometida a evaluación transparente y a posteriori de sus resultados.
Promoción de estrategias sectoriales de desarrollo agroindustrial.


EMPRESAS PÚBLICAS:
Al servicio de sus usuarios y adaptadas a los desafíos regionales
Definir como único objetivo estratégico de las empresas públicas el brindar a sus usuarios bienes y servicios de la mejor calidad y al más bajo costo posible.
Priorizar los intereses del sector productivo en la fijación de las tarifas públicas.
Establecer, en todas las áreas de actuación de las empresas públicas, órganos reguladores independientes que garanticen la defensa de los consumidores.
Aprobación de una ley reglamentaria del art. 187 de la Constitución, asegurando la idoneidad técnica y la capacidad de gestión empresarial de quienes sean designados para dirigir las empresas públicas.
Prohibición a los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de postularse a cargos electivos durante el período de gobierno posterior a su alejamiento del cargo.
Reducción del número de Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados al mínimo compatible con la norma constitucional.
Establecimiento de un cronograma para la equiparación de derechos y obligaciones de las empresas públicas a sus similares de la actividad privada en los aspectos comercial, laboral, tributario y de recursos humanos, tendiente a convertirlas en sociedades anónimas, con el Estado como propietario del paquete accionario.
Aprobación de una ley que reglamente los gastos de publicidad, contratación de vehículos y contratación de personal por "arrendamiento de obra", impidiendo su utilización con fines de clientelismo político o proselitismo electoral.
Modernización efectiva y profunda del Banco de la República, a fin de convertirlo en un instrumento de desarrollo económico, orientando fundamentalmente la oferta de créditos hacia aquellos sectores no atendidos por el sistema financiero privado.

AGRO:
Reestructurar el sector
Reestructura general de la tributación del sector agropecuario, evitando la doble o triple imposición sobre el valor de la tierra y promoviendo una tributación basada sobre la renta efectiva.
Eliminación del IMESI al gasoil y reducción sustancial de la tasa del IMABA.
Desarrollar medidas específicas de alivio financiero sobre los productores en situación de endeudamiento, manteniendo el criterio de premiar al "buen pagador".
Eliminar los obstáculos que afectan la eficiencia productiva y la competitividad.
Favorecer la integración social, evitando la exclusión de los grupos sociales más frágiles.
Proteger la sostenibilidad ambiental y la cultura rural.
Favorecer todas las formas de organización de la sociedad civil y la participación de los interesados y usuarios de todos los programas organizados desde los poderes públicos.


PYMES:
Apoyar el esfuerzo de los micro y pequeños empresarios
Aprobación de un Estatuto de la microempresa que contenga en un solo instrumento legal todas las disposiciones referidas a condiciones de constitución, requisitos de funcionamiento y política crediticia y tributaria aplicables.
Reducción de la presión fiscal y simplificación del sistema tributario, a fin de combatir la evasión y la informalidad.
Fortalecimiento de la acción de la DINAPYME, jerarquizando la intervención del sector privado en las comisiones de desarrollo de políticas de apoyo al sector.
Habilitar la participación del sector privado en la administración, gestión y supervisión de los fondos de garantías de créditos.
Impulsar mayores facilidades para el acceso al crédito por parte de micro y pequeñas empresas.
Priorizar la inversión pública y privada en capacitación para micro y pequeños empresarios.
Revisar la legislación laboral y comercial con el fin de evitar que los procesos de tercerización encubran relaciones laborales que perjudiquen a las partes contratantes más débiles.

TURISMO:
Potenciando el Uruguay
Impulso a la inversión pública en infraestructura como requisito para el desarrollo turístico.
Fortalecimiento del Ministerio de Turismo tanto en materia de recursos como en sus atribuciones.
Desarrollo de una política reguladora del espacio aéreo sobre la base de la "libertad de cielos".
Desarrollo de iniciativas dirigidas al impulso del turismo social.


ENERGÍA:
Prepararnos para los desafíos de la integración regional
Creación de un mercado mayorista del gas natural, asegurando el libre acceso a la capacidad de transporte.
Creación de un organismo regulador del sector de combustible independiente de la Administración Central con el cometido de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del mercado.
Tratamiento diferencial del suministro eléctrico rural para garantizar su efectiva universalización.
Promover la diversificación de nuestra matriz energética.


TELECOMUNICACIONES:
Regular y universalizar
Universalizar el acceso a la telefonía básica y a Internet.
Creación de un organismo regulador independiente, que concentre las funciones hoy dispersas en distintos organismos estatales y fomente la competencia.
Aprobación una ley general de las telecomunicaciones.
Incorporación de nuestro país a las negociaciones de la Organización Mundial de Comercioen materia de telecomunicaciones.


PUERTOS, MARINA Y PESCA:
Desarrollo y modernización
Reexaminar, con respaldo técnico, el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas.
Actualizar la legislación en materia de marina mercante.
Revisar la legislación y cometidos del INAPE.
Racionalizar la captura de peces, preservando las especies.
Crear un organismo que coordine las actividades marítimas y proyecte políticas de Estado en este campo.


AMBIENTE:
Una estrategia de desarrollo sustentable
Aprobación de una ley reglamentaria de la nueva norma constitucional sobre protección del ambiente.
Definición y coordinación de una política nacional de aguas.
Establecimiento de incentivos a la utilización de prácticas que eviten la erosión, la degradación y contaminación de los suelos y a todas aquellas medidas de manejo productivo tendientes a conservar la biodiversidad.
Aprobación de una reglamentación de los estándares de contaminantes del aire en fuentes fijas.
Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dotándola de todos los medios jurídicos, humanos y materiales necesarios para cumplir cabalmente sus cometidos.
Desarrollo de una política ambiental a nivel regional que atienda, entre otros temas, a la problemática de la Usina de Candiota, la contaminación del Río Uruguay, los efectos ambientales de la Hidrovía y la Usina Termonuclear de Atucha.
Promoción de la educación ambiental, tanto en los ámbitos formales como informales
Impulso a la formación de lugares apropiados de disposición final de residuos industriales y domiciliarios


DESCENTRALIZACIÓN:
Oportunidades para todas las regiones
Impulsar un adecuado funcionamiento de la Comisión Sectorial de Descentralización.
Modificación de la Ley Orgánica Municipal.
Fortalecimiento del Congreso Nacional de Intendentes.
Impulso a las instancias existentes de descentralización.
Promoción de la participación de los diversos actores en los procesos de desarrollo local y regional.
Promoción de la radicación de nuevas inversiones atendiendo a una distribución más equitativa del desarrollo regional.
Desarrollar un análisis y evaluación rigurosos de la marcha del proceso de descentralización en Montevideo.


Política Exterior:
Afirmando nuestro lugar en el mundo
Profundización del proceso de integración subregional buscando el perfeccionamiento del MERCOSUR como mercado común.
Reivindicar el respeto a los acuerdos institucionales y exigir el funcionamiento de las instancias orgánicas pactadas.
Búsqueda de acuerdos de integración a nivel del continente americano a partir de una estrategia definida a nivel de MERCOSUR.
Definición de una política de defensa contra la competencia desleal (anti-dumping) que no busque encubrir aspectos de protección frente a competidores realmente más eficientes.
Transformación de Montevideo en la capital político-administrativa del MERCOSUR.
Impulso a la construcción del Puente Colonia-Buenos Aires que hará efectivo el trazado del eje vial del MERCOSUR a través de Uruguay.
Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de las políticas macroeconómicas entre los países del MERCOSUR, tendientes al establecimiento de un pacto fiscal.
Profundizar los lazos económicos, políticos y culturales con la Unión Europea.
Creación de comisionados temáticos que puedan colaborar en el establecimiento de una política exterior del MERCOSUR.
Creación de una Secretaría de Asuntos Estratégicos con capacidad prospectiva.
Promoción del voto de los uruguayos residentes en el exterior.

EDUCACIÓN:
Inversión prioritaria para nuestros niños y jóvenes
Incremento de los recursos presupuestarios (en términos relativos y absolutos), jerarquizando la gestión docente y acordando las bases para una progresiva mejora de su remuneración sustentada en el crecimiento del PBI.
Impulso de la descentralización pedagógica y administrativa de las instituciones educativas, aumentando su responsabilidad respecto a la práctica educativa y sus resultados.
Profundización del papel de las instituciones educativas locales como articuladoras de una acción formativa de carácter integral.
Reestructura de la actual organización de la ANEP, tendiente a darle mayor coherencia y articulación al sistema.
Ampliación de la cobertura de los liceos de tiempo completo.
Sistematización, ordenamiento y regulación del sistema de educación terciaria emergente.
Reconocimiento del nivel universitario de los Institutos de Formación Docente.
Consolidación de un sistema permanente de evaluación en la enseñanza primaria y secundaria e incorporación a este tipo de práctica de la enseñanza de nivel terciario.
Promoción del desarrollo de una oferta dinámica, actual y amplia en materia de posgrados.


INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:
Investigar e innovar no es solo para países ricos
Alcanzar un nivel de gasto en investigación y desarrollo de al menos el 1% del PBI.
Coordinación de los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológicos a través de la jerarquización institucional de los organismos ejecutores.
Creación de un Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo.
Apoyo e impulso al CONICYT dotándolo de un nuevo estatuto institucional y de los recursos suficientes y estables para cumplir con su función de promoción de la investigación científica y tecnológica.
Conversión del PEDECIBA en un programa permanente.
Puesta en marcha del Fondo Nacional de Investigadores.


CULTURA Y DEPORTE:
Una apuesta en serio
Coordinación e integración efectiva de las políticas culturales y deportivas con el sistema educativo formal.
Promoción de la igualdad de oportunidades para todos los actores culturales, otorgando prioridad en la acción del Ministerio de Educación y Cultura a las áreas geográficas o sociales más desprotegidas.
Establecimiento de mecanismos e incentivos que promuevan la participación del sector privado en el financiamiento de iniciativas culturales.
Creación de un Fondo de Fomento a la Producción Artística y Cultural.
Atención especial a la situación de "transculturación" en los departamentos fronterizos, a través del sistema educativo formal y promoviendo la producción y emisión de programas nacionales en los medios.
Desarrollo de un programa de capacitación de recursos humanos en gerenciamiento y administración de actividades culturales.
Creación de un organismo descentralizado encargado de la coordinación y ordenamiento de una política de deportes.
Implementación de mecanismos eficaces para mejorar sustancialmente el deporte de competencia.


SALUD:
Calidad y equidad para todos
Extensión gradual del derecho a la cuota mutual a los pasivos.
Reestructura y reorganización de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para asegurar la cobertura de toda la población.
Creación de un registro único de usuarios de los servicios de salud públicos y privados que evite la duplicación de la cobertura asistencial.
Impulso al proceso progresivo de descentralización de la gestión de los hospitales públicos.
Definición precisa de la demanda real que enfrenta cada hospital público, cuya prioridad será la población de menores recursos y los sectores que no cuentan con asistencia sanitaria.
Establecimiento de un hospital de referencia y un centro de atención primaria de salud a cada usuario de acuerdo a su lugar de residencia.
Expansión de la atención primaria de la salud, fomentando la inversión en las áreas con deficiencias de cobertura.
Promover la racionalización de la oferta médica.
Fomentar la participación de los usuarios de servicios de salud en
asociaciones para la defensa de sus derechos.
Desarrollar una política de salud mental que mejore los criterios de tratamiento y medicación de los enfermos psiquiátricos.


VIVIENDA:
Factor decisivo para la integración social
Aprobación de una ley de ordenamiento territorial que regule el crecimiento urbano y establezca normas de acceso a la tierra y a los servicios definiendo competencias ministeriales, municipales y privadas.
Estructuración de una auténtica política de vivienda, cuya formulación esté a cargo del Ministerio de Promoción Social y que descentralice su ejecución a través de los Gobiernos Departamentales.
Reintegración del Banco Hipotecario del Uruguay como un actor protagónico en la política de vivienda, otorgándole un papel específico.
Impulso y organización de las iniciativas de autoconstrucción, desarrollando una política de crédito específica.
Política de recuperación de viviendas usadas.
Políticas específicas orientadas a la integración de los asentamientos irregulares.


SEGURIDAD SOCIAL:
Un sistema solidario y para todos
Reducción a 30 años de la exigencia de aportes registrados al sistema de seguridad social.
Unificación de las diferentes afiliaciones eliminando la división actual entre actividades civiles, rurales o de industria y comercio.
Aprobación de una nueva regulación legal de las situaciones de incapacidad.
Aplicación estricta de las sanciones legales previstas a las empresas privadas u organismos públicos que no vuelquen sus aportes en tiempo.
Modificación radical del sistema de subsidio por desempleo, incluyendo a los trabajadores rurales y domésticos y revisando su financiamiento actual, exclusivamente a través de transferencias de rentas generales.
Universalización del régimen jubilatorio general a los demás institutos previsionales, atendiendo a sus especificidades y formas de financiamiento.


FAMILIA:
En el centro de la lucha contra la pobreza
Creación de un Ministerio de Promoción Social, reuniendo y articulando organismos ya existentes con el cometido de coordinación, programación y regulación de las políticas sociales orientadas a las familias en situación de pobreza.
Implementación de Centros Sociales a escala local que articulen los servicios sociales existentes en cada zona y que brinden información directa a las familias sobre sus derechos y la forma de ejercerlos.
Formalización e incremento sustantivo de las prestaciones de asignaciones familiares, independizándolas de la existencia de miembros de la familia con inserción formal en el mercado de trabajo y asegurando su efectivo impacto en las familias de menores recursos.
Extensión de la cobertura de atención al niño a edades más tempranas, involucrando en ellas a la familia.
Consolidación y profundización del proceso de descentralización de la ejecución de programas iniciado por el INAME.
Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales sin fines de lucro en la participación y gestión de programas sociales.
Fortalecimiento de los programas de atención a los niños en situación de calle.


JUVENTUD:
Protagonistas de hoy
Establecimiento del derecho al voto desde los 16 años, sin carácter obligatorio.
Implementación efectiva de la ley de empleo juvenil.
Fortalecimiento de las instituciones de capacitación laboral y profesional.
Ampliación de la cobertura y los recursos asignados al Programa PROJOVEN.
Creación de un Hogar Estudiantil para jóvenes del Interior, ampliando los cupos hoy disponibles.
Impulso a los programas de intercambio juvenil a nivel de la región y de otros países.
Creación de un Plan Nacional de Apoyo a Jóvenes Creadores y Jóvenes Empresarios.
Promoción de una efectiva descentralización de la enseñanza pública universitaria.


ADULTOS MAYORES:
Abriendo espacios de integración social
Promoción de una política de retiro parcial.
Apoyo a programas de carácter recreativo, social, cultural y de servicio comunitario que generen espacios de participación.
Establecer subsidios complementarios para posibilitar el pago de tickets y órdenes a favor de los jubilados de menores recursos afiliados a mutualistas.
Impulso y desarrollo de los programas de vivienda destinados a los jubilados.


DERECHOS SOCIALES:
Igualdad de género
Establecimiento de mecanismos de control que garanticen la aplicación de las normas de igualdad en el acceso al empleo y las remuneraciones.
Creación de una Defensoría específica para las víctimas de la violencia sexual y doméstica.
Impulso de los programas de asesoramiento y apoyo a las personas que viven la problemática de la violencia doméstica.
Desarrollo de programas dirigidos a la mujer jefa de hogar con hijos a cargo brindando orientación y acceso a servicios sociales.
Desarrollo de programas de prevención del embarazo adolescente y atención a la adolescente embarazada.
Desarrollo de programas dirigidos a la promoción de la mujer rural.
Impulso de medidas concretas que promuevan la participación de la mujer en la actividad política.



DEMOCRACIA:
Profundizando y consolidando su ejercicio
Resolución del tema de los detenidos-desaparecidos sobre la base de la verdad, para permitir la reconciliación definitiva entre los uruguayos.
Creación de un Consejo de los Derechos Humanos con la función de realizar el seguimiento y diagnóstico sobre el respeto a los derechos humanos.
Desarrollo de programas de apoyo a las personas con capacidades diferentes.
Creación de la figura del Defensor del Pueblo.
Reglamentación del uso de las bases de datos que contienen información sobre las personas.
Impulso a la participación de la sociedad civil a través de sus diferentes organizaciones, generando un marco legal favorable a esta asociaciones.


FUERZAS ARMADAS:
Por su definitiva integración a la sociedad
Reestructuración del sistema educativo militar integrándolo dentro de los valores comunes al conjunto de nuestro sistema educativo.
Reestructuración de las Fuerzas Armadas concentrando su accionar en las tareas que posean fines específicamente militares o estratégicos.
Adecuación de la estructura de recursos humanos a las tareas necesarias, mejorando sus remuneraciones.
Establecimiento de un "patrón de carrera" para cada una de las armas que contenga los criterios aplicables a la regulación de la carrera militar.
Integración de la Justicia Penal Militar al Poder Judicial.
Continuidad de la participación de las Fuerzas Armadas en las Misiones de las Naciones Unidas dirigidas al mantenimiento de la paz.


SEGURIDAD CIUDADANA:
Un Estado eficaz y una población protegida
Creación de la policía judicial.
Reforma de la Ley Orgánica Policial.
Reestructura del sistema de formación de oficiales y personal subalterno.
Mejora de las remuneraciones del personal policial ejecutivo, reconociendo la dedicación exclusiva.
Contratación de un seguro de vida para todo el personal policial ejecutivo.
Regulación y control efectivo del uso de armas de fuego.
Redistribución del personal policial a favor de la función de patrullaje y atención de las Comisarías.
Redefinición de la estructura organizativa territorial de la seguridad ciudadana.
Creación de una unidad especial de la policía, de alcance nacional, encargada de la custodia perimetral de las cárceles.
Promoción de una efectiva Policía Interna, que ataque los fenómenos de corrupción dentro de la institución.
Revisión de la normativa que regula la actuación de las empresas privadas de seguridad.
Restablecimiento de la confianza de la población en el Instituto Policial, generando ámbitos de integración con la sociedad.
Tipificación del delito de tortura.
Separación de la administración carcelaria de la órbita del Ministerio del Interior.
Transformación del sistema carcelario generando condiciones adecuadas de control y trato a los detenidos.
Creación de un Hospital Penitenciario, en el marco de la reestructura de los hospitales públicos.
Creación de nuevas alternativas de tratamiento a la situación de los menores infractores.
Promoción de la oferta laboral y educativa para todas las personas privadas de libertad.