Con Nelson Chicurel
El crédito al consumo y la usura
Nelson Chicurel es uno de los escasos contadores públicos que en Uruguay se han
especializado en matemática financiera aplicada al estudio del crédito al consumo. Se ha
transformado en algo así como la referencia técnica de los damnificados por las
prácticas abusivas ideadas por los ingenieros de tal crédito.
Jorge Jauri
Muchos de esos ingenieros han importado sofisticados programas de países con
hiperinflación para que las empresas se defiendan de cualquier eventual sorpresa. Donde
se ha alcanzado la estabilidad de precios esos programas son armas prohibidas.
Nelson Chicurel integra el equipo de asesores de la lista 15, es admirador confeso de
Ramón Díaz -con quien discrepa acerca de la conveniencia de fijar una tasa máxima de
interés legal-. Chicurel conversó extensamente con BRECHA sobre los aspectos más
concretos de la delincuencia financiera, y lo hizo desde la angustia de un joven liberal
atosigado por la perversión del dogma. Lo que sigue es un buen retrato de lo que sucede
con un conjunto de técnicos que alimentan el pensamiento y la gestión del presidente
Batlle.
- ¿Por qué tanto interés en las tasas de interés y los créditos al consumidor?
- Porque hay mucha ignorancia acerca del tema, porque esa ignorancia ha permitido mantener
una situación que ya no se puede perpetuar. Pero el interés surgió realmente cuando
comprendí la mecánica de la simulación que realiza la mayoría de los oferentes de
crédito en el país y que la información al consumidor es entre lamentable y pésima.
Esto servía y sirve para cobrar cualquier interés. Por ejemplo, el famoso interés
"corrido" (un 60 por ciento de interés "corrido" anual, 5 por ciento
al mes, en pagos mensuales, equivale a un 213 por ciento de interés efectivo anual). En
este negocio la desinformación no es un simple defecto del sistema.
- Las incipientes organizaciones de damnificados por los abusos plantean la necesidad de
controlar el mercado de otra manera. Al margen de mejorar la información y la
fiscalización de un mercado tan cerrado, ¿está usted de acuerdo con que se fije una
tasa máxima legal o de usura?*
- Como partidario de una economía de mercado tengo muy claro que la única manera de que
tal mercado exista es cuando hay plena libertad y capacidad de ingreso al mismo, es decir
que no haya, por ejemplo, monopolios u oligopolios cerrados y que sí exista transparencia
y total información entre los operadores financieros. En lo que respecta a la fijación
de una tasa de interés legal máxima o de usura, es importante recordar que maestros del
liberalismo, como Adam Smith, estuvieron absolutamente de acuerdo en ello. En su famoso
libro Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones, en el capítulo IV sobre "el capital prestado con intereses",
Adam Smith admite que tiene que existir una tasa legal de interés, que debería ser un
poco más alta que la tasa más baja corriente, aunque no ha de excederla en mucho.
Aclaraba que si la tasa legal fuese muy alta, el mercado tendería hacia esa tasa y
"la mayor parte del dinero que se prestara iría a parar a manos de pródigos y
proyectistas descabellados, que son los únicos capaces de abonar réditos tan
crecidos".
- El sábado 1 de julio entra en vigor la ley de relaciones de consumo. ¿Contribuirá a
eliminar la usura legal?
- De acuerdo con los artículos 15 y 24 de esa ley es fundamental informar y publicitar en
forma adecuada las tasas de interés de los productos o servicios que se venden a
crédito. Esto significa que debe existir una mayor transparencia que la que hay en el
momento actual, en el que no se suele informar ni publicar la tasa de interés efectiva
anual, sino la nominal, la diaria o hasta la popularmente conocida como "tasa de
interés corrida". Dicha información o publicidad de la tasa tiene que tener en
cuenta todos los impuestos (trátese del IVA o del IMABA, ya que para el consumidor supone
un costo porque no los puede deducir), así como también todos los gastos, seguros,
comisiones, etcétera que pueda haber. El tema de la publicidad de la tasa de interés es
tan tabú que permite que en el mercado de tarjetas de crédito se diga hoy que las tasas
bajaron a la mitad en lugar de decir que estaban cerca del 200 por ciento y que bajaron a
menos del 90 por ciento con IVA incluido. Cuando se publica el interés anual efectivo con
todos sus componentes y gastos, la nominación de la tasa debería ser CTF (costo
financiero total), porcentaje que aparece en la publicidad de cualquier producto o
servicio que se vende a crédito en países como España o Argentina.
- ¿Alcanzará con informar mejor?
- De acuerdo al artículo 30, no debería haber cláusulas abusivas en los contratos, como
a mi entender sucede cuando se cobran productos bonificables o multas y moras
injustificadas en las tarjetas o financieras. Los productos bonificables son importes de
dinero provenientes de intereses de los que un "tarjetahabiente" se exonera de
pagar, al abonar al contado la totalidad del resumen de cuenta de su tarjeta. En pocas
palabras, las tarjetas cargan a los consumidores intereses a partir del mismo momento en
que efectúan sus compras. Sólo existe el descuento de los productos bonificables cuando
se paga la totalidad de la cuenta de la tarjeta al contado. Esto da intereses increíbles,
ya que una persona que debía 1.000 pesos, abona 900 y le queda un saldo de 100, tiene
intereses por la totalidad de los 1.000 y no por los 100 que le quedan por pagar. Al mes
siguiente paga una tasa de interés por esos 100 pesos que es desopilante, como es el
5.000 por ciento efectivo anual. Este cálculo es abusivo, pues tiene inconsistencias como
la de que sólo se cobra a los que financian. Es un contrato netamente comercial (un
descuento pronto pago) y no de carácter financiero en empresas que son típicamente
financieras, y que va en contra del origen de la tarjeta (que era de un mes libre de
intereses para las compras). El invento se concibió en la Argentina hiperinflacionaria de
fines de los ochenta, en la que de no haberse hecho esto, se fundía la mayoría de las
tarjetas.
Otro abuso es la multa y la tasa por mora que, si se suman, a veces alcanzan intereses
disparatados. Una importante tarjeta de crédito internacional cobra una multa de 160
pesos por no pagar en fecha, más un interés de 750 por ciento incluido el IVA (para
disimularlo dicen 0,48 por ciento diario más IVA). De acuerdo con la legislación actual,
la multa y la mora son libres cuando deberían tener un tope de 103,70 por ciento (en
conjunto), que es la media de 59,25 por ciento más un 75 por ciento. En dólares la media
es 15,86 por ciento y el tope 27,75 por ciento.
- ¿Qué más debería o podría hacer el gobierno para desterrar realmente la usura?
- Ahora depende un poco de la reglamentación de la ley. Hay quienes creen -en el propio
gobierno- que alcanzará con que se promulgue la ley. Otros creemos que la regulación de
la misma es esencial para que realmente se pueda aplicar. Pero, además, el Ministerio de
Economía o el Banco Central podrían ofrecer una buena información al usuario mediante
un sistema de publicidad comparativa a través del uso de rankings. De
esta forma se publicaría un listado de empresas financieras -desde la que cobra más a la
que cobra menos-, que favorece la competencia plena entre las instituciones para ofrecer
al cliente el menor costo. Esto se está haciendo con gran éxito en Argentina, ya que
empezaron con las tarjetas y ese sistema se aplica ahora a las mutualistas, AFAP (AFJP) y
colegios. Otro aspecto sería dar un instructivo de fácil uso para que la población en
general pueda calcular la tasa de interés efectiva. Yo creo que el sistema de los
multiplicadores es muy sencillo, ya que conociendo el importe total (por ejemplo, un
producto de 1.000 pesos que vale 1.200 en seis cuotas de 200 indica que la tasa es de 151
por ciento efectivo anual, si se paga la primera cuota al contado, y 90 por ciento
efectivo anual, si se paga al mes siguiente. Tal vez debería hacerse un cuadro de
multiplicadores para los topes de usura, sabiendo que debería reclamarse o no aceptarse
una tasa de interés que los supere.
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* Véase el libro de Chicurel, publicado por Fundación de Cultura Universitaria, Tablas
para el cálculo de cuotas y tasas de interés efectivas.
Sutil mensaje de la Presidencia
al oligopolio del crédito
Un mes atrás el mercado de las tarjetas de crédito se vio convulsionado por un
sorprendente gesto de OCA Card, que luego fue seguido, no sin reticencias, por otros
emisores de tarjetas. Como si nada, la empresa líder decidió bajar a la mitad los
intereses de su financiamiento (véase BRECHA, 19-V-00).
Unos días antes, el ya designado presidente del Banco Central, contador César Rodríguez
Batlle, había informado a los responsables de los grandes cupos financieros que su primo,
el presidente, veía con malos ojos la continuidad de un negocio insoportable en épocas
de estabilización. Años hacía ya que la estabilización se había extendido a casi
todos los rincones de la economía con una única excepción: el precio del dinero. La
señal era contundente: ha pasado el tiempo de la administración. Si el mercado del
crédito no se autorregula según el dogma, se impondrá una severa intervención del
Estado, la que poco se parecerá, obviamente, a las payasadas actuales.
Pese a que más de un administrador extranjero del crédito está habituado a la impunidad
y a la soberbia, en este país aún basta un gesto del presidente. Unas horas después de
la advertencia, el grupo Banco de Boston, propietario del sistema OCA, diseñó y comenzó
a aplicar una estrategia que no sólo le permitirá preservarse, sino que además
mejorará su posicionamiento y ganará parcelas de mercado. Los administradores de esa
tarjeta anunciaron que desde el 14 de mayo bajarían sus tasas a la mitad.
Asumido el dato político, había que apresurarse. Entre otras razones porque en pocos
días -el 1 de julio- entrará en vigor la ley de relaciones de consumo, y con ella será
más difícil mantener impunemente la usura. |
Un mercado peligroso
La creación de "dinero plástico" y su articulación con la emisión que
realiza y controla el Banco Central es una de las asignaturas pendientes que gobernantes y
profesionales de la economía prefieren por lo general ignorar. El manejo monetario de la
economía -célebre y útil tecnología con la que trabajan todas las autoridades
monetarias-, es en Uruguay una práctica plagada de variados misticismos y ocultismos.
Dicho más claramente, el gobierno no está en condiciones de manejar activamente la
economía del país, no sólo por su pequeñez y dependencia, sino porque va perdiendo
progresivamente capacidad de manejo y fiscalización de los medios de pago. La
dolarización de la economía deja una porción pequeña de esos medios de pago bajo su
jurisdicción, quizás un 20 por ciento o algo menos. Pero, además, el dinero plástico y
el crédito no controlado han pasado a tener un gran predominio.
A falta de datos oficiales -el BCU y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del
Area de Defensa del Consumidor, están armando sus bases de datos con extrema dificultad-,
se estima que el mercado del crédito al consumo ajeno a los bancos asciende a 1.000
millones de dólares. El grado de monopolización de este crédito es aun más
impresionante que el de otras áreas tan o más caras para la tranquilidad pública (el
supermercadismo, por ejemplo). La mención a la "tranquilidad pública" no es
arbitraria si se tiene en cuenta lo que está sucediendo con los precios de ese mercado
oligopólico. La advertencia del presidente ha contribuido a que se corrijan excesos que
ya nadie va a sancionar civil, comercial o penalmente. Sin embargo, de no mediar
cláusulas explícitas en la reglamentación de la ley de relaciones de consumo que
entrará en vigor el próximo sábado, seguirán existiendo prácticas casi mafiosas.
Véase el ranking de tarjetas según emisor y sus costos ya corregidos y
compáreselos con el programa del gobierno en materia de precios: inflación: 5 por
ciento; devaluación, 7,5 por ciento, salarios estabilizados... en la mejor de las
hipótesis.
El mercado financiero no se ha podido autorregular, es caro y tiene ámbitos espurios como
el del crédito al consumo. La necesidad de la regulación pública de manera bien
diferente a la actual rompe los ojos. Por otro lado, este mercado está aportando una gran
dosis de inseguridad a aquellos hogares que ya no están en condiciones de recibir más
incertidumbres y angustias. Una estimación privada de la inflación para los hogares de
ingresos bajos y medios arrojaba (con la incorporación de los costos financieros a la
canasta de consumo) un porcentaje escalofriante: 60 por ciento. |
Los caros eurobonos
Mientras los uruguayos disfrutaban del feriado del lunes 19, el mundo entero trabajaba y
en los mercados se comenzaba a comercializar los eurobonos emitidos por el gobierno, y
sobre cuyas condiciones los uruguayos recién se enteraron formalmente al día siguiente.
Claro que los que siempre manejan información privilegiada ya sabían el viernes 16 todo
lo que debían saber sobre la emisión. Demasiados bancos, corredores de Bolsa e
inversores institucionales intentaban ese día adquirir lo que podían del prometedor
eurobono uruguayo que el Chase Manhattan había contribuido a emitir.
Como en otras oportunidades, los primeros compradores de la deuda emitida por el Estado
uruguayo en el exterior fueron los uruguayos, o más exactamente los que estaban en
conocimiento de la emisión.
El comunicado oficial del BCU conocido en la mañana del martes -48 horas después de que
se iniciara la comercialización pública- informaba acerca de algunas características de
la emisión y, por supuesto, del éxito de la misma. Sin embargo, la información pública
aportada por el BCU fue, como mínimo, escasa. El Banco Central indicó únicamente que la
demanda había superado ampliamente la oferta. Informó también que se habían colocado
los 300 millones de dólares pero que se podía haber llegado a los 650 millones sin
ningún tipo de problemas. El comunicado destacó otras dos variables importantes: en
lugar de a 20 años, Uruguay había emitido a diez y la tasa de interés fija que pagaría
anualmente hasta su vencimiento será de 8,75 por ciento. Lo que no informó el banco fue
el precio de la emisión del eurobono ni la tasa de retorno (TIR, el rendimiento anual
efectivo del bono). Horas después se sabría la razón de la significativa demanda.
Estaba previsto que el comprador de la emisión inicial recibiera una bonificación del
orden de los 120 puntos básicos (por cada bono cuyo valor a pagar dentro de diez años
fuera 100, el comprador sólo pagaría 98,31). La bonificación distribuida a lo largo de
los diez años y la tasa nominal (8,75 por ciento anual) producen un retorno superior al 9
por ciento, el costo más elevado que ha pagado el Estado uruguayo en los últimos años y
una señal muy significativa acerca de cuál será la tendencia de las tasas en el mediano
plazo.
Pese a sus deseos, al país le cuesta mucho diferenciar su riesgo del regional. Por un
lado tiene dificultades crecientes para colocar su deuda en los mercados internacionales,
pero por otro necesita ese dinero. Lo que no parece conveniente es nutrir los titulares de
la prensa con información incompleta y, naturalmente, con autoelogios artificiosos. Entre
otras cosas, porque algún comunicador exigente podría desear conocer las razones por las
que un bono que el viernes se vendía en Uruguay a 98,316 -un descuento considerable que
se le hace al comprador, al margen de una tasa ya elevada- el miércoles siguiente se
vendía, en Montevideo y en el mundo, a 99,45. Es probable que la explicación de la
operación sea un poco más compleja de lo que se puede informar en un comunicado de
prensa. Sin embargo, no parece muy atinado echar las campanas al vuelo cuando Uruguay debe
pagar tales intereses para mantenerse en el mercado y pagar las cuentas de todos los
días. |
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