Entrevista con el senador Alejandro Atchugarry.

"Este presupuesto se propone claramente no aumentar la presión tributaria y el peso del Estado sobre la población en general. Hay un impulso a la racionalización y a la austeridad"

ALEJANDRO ATCHUGARRY:
Claramente; creo que tal vez valga la pena explicar el sentido. En una economía cerrada, 30 o 40 años atrás, todo dependía de la decisión de nosotros, los políticos; de los legisladores o los ministros, que decidían que la industria tal iba a tener un subsidio implícito admitiéndole un reintegro o un precio a cobrar al público, entonces la torta se repartía en buena medida a través del presupuesto. Además, ha habido un cambio en la proporción de funcionarios públicos en comparación con la cantidad de trabajadores privados, que al fin de la dictadura militar eran muchos más.

Es decir que desde muchos puntos de vista había la sensación de que el presupuesto decidía el destino de la nación. Hoy eso no es así en forma directa. Para empezar, las empresas públicas, que no pasan por el presupuesto, mueven y facturan, si tomamos también los bancos, más que el presupuesto. Si además consideramos que el Banco de Previsión Social está fuera, yo diría que largamente más que en el presupuesto nacional se mueve en los presupuestos de las empresas públicas. Hablamos de algo más de 4.000 millones de dólares al año, o sea que el presupuesto nacional gasta 21 de cada 100 pesos que usted gana, además las empresas públicas y el Banco de Previsión Social se llevan otra parte, con lo cual al final, de cada tres pesos que usted gana, el Estado le gasta uno. Este es un primer dato para tener una visión global.

El segundo dato es que hoy, en un país abierto a la región a través del tratado del Mercosur y más ampliamente abierto al mundo, muchos datos de este mundo en el que nos tocó vivir, que no es el mismo de hace 40 años, están dados de afuera. El gobierno ya no decide más lo que van a valer la leche, la carne y demás, sino que lo decide el mercado internacional, a veces para bien -como en el caso de la carne y la leche en polvo, que han subido- y a veces en forma horrorosa -como en el caso del arroz, que ha caído a la tercera parte de su precio-. Son datos de la realidad que un pequeño país como Uruguay no puede cambiar.

En consecuencia, la primera señal que yo, como ciudadano, espero de este presupuesto, es tener la lectura: ¿el Estado va a seguir fagocitando los esfuerzos de los sectores productivos, o va a no aumentar el peso que tiene sobre esos sectores? Primer dato global: este presupuesto se propone claramente no aumentar la presión tributaria y el peso del Estado sobre la población en general.


EC - ¿Qué más se propone este presupuesto?


AA - Como línea grande y global se propone disminuir paulatinamente ese peso. Hay un impulso a la racionalización, a la mejora de la gestión -lucha que no viene escrita en el presupuesto, sino que viene más facultada-; hay también una línea de austeridad que sí viene dicha expresamente, conscientes de que de ésta nacerán menos impuestos para los ciudadanos, menos peso sobre los sectores productivos.

Este es el centro, el corazón de la propuesta. Y luego, de alguna manera el Estado quiere reforzar la atención a los sectores básicos, y envía una señal clara en el presupuesto. A juicio del Poder Ejecutivo, los sectores básicos son los que cuidan y los que enseñan. No queremos aumentar el peso, pero como partimos de la base de que la economía va a crecer, algo de ese crecimiento será volcado a menos impuestos, pero otra parte irá a reforzar en especial al personal, el factor humano de estas actividades. Por lo tanto, hay una señal clara en cuanto a volcar lo que se pueda obtener a una mejora salarial de, sobre todo, los que cuidan y los que enseñan. Es una señal muy clara que aparece en el presupuesto con una facultad al Poder Ejecutivo de aumentar entre un 10% y un 50%, en términos reales, las remuneraciones de estos funcionarios que, además, en términos cuantitativos constituyen la masa que cobra por la Administración Central.

En consecuencia, creo que ahí también hay una señal muy clara en cuanto a que primero vamos a tener un equilibrio reduciendo el déficit. Al mismo tiempo no queremos aumentar los impuestos y, como apostamos a una reactivación de la economía, vamos a estar atentos a la misma para poder concentrar el esfuerzo del Estado en aquellas funciones que la población más reclama. O sea, cuidar a la familia y educarla, que, de las funciones que hace directamente el Estado, son las más importantes. Hay otras funciones muy importantes, como la salud, pero todos sabemos que buena parte de ésta no pasa por el presupuesto estatal, si bien una parte sí lo hace.


***


EC - Avancemos en algunas áreas en particular. Por ejemplo, ¿este presupuesto implica que se continúa caminando en la reforma del Estado?

AA - Sí, claramente. Tal vez con un menor nivel de gastos, cambiando un poco la estrategia en cuanto a que en la fase anterior de la reforma del Estado se utilizó en el orden de 140 millones de dólares.

Este presupuesto apuesta en primer lugar a seguir la línea de austeridad, en el sentido de no contratar nuevos funcionarios, salvo un maestro o un policía. Es más: hay un aumento de 1.100 policías en esa etapa de cuidar la seguridad, en especial en el Sur de la República. Pero, en términos generales, más que a recompensas por abandonar la función pública, se apuesta mucho más a la disciplina de contratar menos personal y de ir mejorando el Cepre (Comité para la Reforma del Estado), que se mantiene, y demás organismos tendientes a mejorar la gestión. La idea básica es, si hay recursos informáticos y de muchas naturalezas intelectuales, mejorar la atención al usuario, la fortaleza del Estado en planificar y pensar, y seguir en la línea de bajar la burocracia, que en el fondo nadie quiere pero que se encostra en todos los Estados, no sólo en el nuestro. Uno se distrae un segundo y ya aparece la costra burocrática.


EC - ¿De qué manera se va a aumentar o mantener la disciplina en cuanto a no contratar nuevos funcionarios, por ejemplo? ¿Con qué instrumentos?


AA - Sigue vigente la ley elaborada entre el actual presidente de la República y este servidor, que establecía no contratar nuevo personal por 10 años, a partir de 1996, salvo en las especialidades mencionadas. Esa es la regla. Hay retoques porque siempre aparecen fugas; por ejemplo, en este presupuesto se regula el sistema de las pasantías para que no degenere en una fuente de contratar y tenga la función buena, razonable, de permitirle a quien estudia algo tener una pasantía, una beca de trabajo que lo ayude a terminar los estudios con un ingreso y a hacer su primera experiencia laboral. Pero no puede ser la vía para tomar nuevos funcionarios.


EC - Los contratos de becarios y pasantes se renuevan únicamente por dos años más.


AA - Eso para los que ya estuvieron en esa situación un poco de forzamiento o desnaturalización de la pasantía. De aquí en más se quiere volver al concepto primario, de uno o dos años. Por supuesto que después siempre pasa que la persona desearía seguir trabajando y el jefe de la oficina desearía mantenerla, está en la naturaleza humana. Pero hay que tener muy claro que si queremos tener un sistema de pasantías éstas deben ser a término, para dar lugar a otro chico que tiene el mismo derecho.

Si dejamos a los pasantes, pueden pasar dos cosas: o se terminaron las pasantías porque no hay más cupos o comenzamos a engrosar la burocracia, que es lo que nadie quiere. Después nos reclaman los rurales, los industriales, todo el mundo: "Señores, achiquen el Estado".

¿Cómo se achica el Estado? Como no queremos echar a nadie, lo primero es no tomar más gente, entonces hay una pelea persistente para bloquear. Hay organismos que tienen patente para tomar gente.


EC - ¿Cuáles?


AA - Por ejemplo las intendencias, porque así lo dispone la Constitución; el gobierno central no puede impedirles hacerlo. Luego hay algunos organismos del 220 en los que, por su grado de autonomía, la decisión de tomar o no más funcionarios no pasa por la decisión del Poder Ejecutivo, como la Universidad, el Poder Judicial, etcétera. No son estos organismos los que han generado la dificultad. Las intendencias sí, han tenido, como todos sabemos, actitudes muy distintas. Las hay como la de San José, que desde siempre tiene 600 funcionarios y no tiene problemas económicos, y están las que han cedido, de todos los partidos, a la tentación de tomar gente y tienen dificultades económicas.

Tenemos dificultades porque tomamos gente y después reclamamos, por un lado con derecho, que el interior de la República reciba recursos para hacer obras, mejorar la vida de la gente, y por otro más recursos para mantener a los empleados que el gobierno central no quiere pero las intendencias sí toman. Después piden para pagar los salarios de estos funcionarios que no debieron tomar, no debieron mantener y ahora quieren que sigan. En definitiva, están diciendo: "Señor legislador nacional, ponga usted la cara para pedir dineros de impuestos a la gente para pagar los funcionarios que tomé, y además no quiero poner la cara para decirle al pueblo de este departamento que voy a tener que aumentar los impuestos municipales para pagar". Porque lo manda la Constitución, porque es un tema de naturaleza política y social. Es uno de los puntos sobre el que vamos a tener una gran discusión acerca de hasta dónde llega la ayuda del Estado central y, sobre todo, para qué es esa ayuda.


***


EC - Estábamos hablando de funcionarios públicos del presupuesto que ahora entra a consideración del Parlamento. Usted se detenía en el capítulo becas y pasantías; no mencionó otro de los rubros que ha dado lugar a discusión en estas últimas semanas, el de los contratos de arrendamiento de obra y servicios.


AA - Esos contratos han bajado de 1.600 a 700 y pienso que van a bajar algo más.


EC - No forman parte del presupuesto; ¿o sí?

AA - No directamente, pero sí indirectamente, porque integran el componente del nivel de endeudamiento del presupuesto.


EC - ¿Qué tiene el presupuesto en esta materia?


AA - Autoriza los créditos. Es con cargo a esos créditos que a veces se contrata personal, porque el crédito es para hacer tal cosa, por ejemplo para mejorar el Estado, para mejorar la competitividad, para la cuestión social, para erradicar los asentamientos irregulares, mejorar la situación de la salud y demás.

En todo crédito hay una obligación del Estado de tener fuerza de inteligencia; así lo disponen los organismos internacionales. El BID dice: yo le voy a prestar 100 millones de dólares, pero quiero que los use bien. Entonces tiene que tener un apoyo: si por ejemplo va a pedir 100 millones de dólares para las intendencias del interior, tiene que haber un apoyo que fortalezca la forma de administrar. Si pide dinero para tal cosa que tiene que ver con la salud, en el Ministerio de Salud Pública debe haber gente. Si va a atender a las familias humildes, debería tener asesores que se ocupen de esto.

En estos contratos siempre se presta para las cosas que se necesita, para la necesidad del Estado de contratar gente para realizar estudios puntuales de un programa o para recibir asesoramiento a propósito de la conducción económica o política de la energía eléctrica, del gas o demás. También, naturalmente, se prestan a que aparezcan contratados algunos ciudadanos con muchos menos méritos.


EC - ¿De qué manera se corta directa o indirectamente, en este presupuesto, esta última posibilidad?

AA - No creo que sea un tema tanto de ley; es un tema de responsabilidad y sentido común. Este gobierno bajó, en cinco meses, de 1.600 a 700 funcionarios contratados. Esto no quiere decir que deje de usar los contratos, porque los tiene que usar, porque además hay mucha gente valiosa, buena, que está haciendo funciones importantes y que ha sido mezclada en esa mala consideración pública junto con otros que tal vez no merecerían estar siendo contratados. Hay que separar bagres de tarariras.

Creo que esto es lo que, con sensatez, va a hacer este gobierno. Va a gastar seguramente menos de la mitad de lo que se gastaba antes, va a mantener algunos contratos y en algún caso incluso va a contratar a algún funcionario más, y también va a no contratar o renovar los contratos en los casos en que esto no se justifique. En forma global, de cada 10 dólares que se gastó el año pasado este año se va a gastar sólo cuatro. Hay un ahorro del 60% ya al día de hoy. Es una buena línea, bajar sustantivamente, defender lo que se está haciendo bien y no seguir haciendo lo que se estaba haciendo mal.


EC - Ya que estamos hablando de salarios, funcionarios y formas de contratación, en el proyecto de presupuesto se procura a nivel del gobierno central nuevas categorías de personal de alta especialización. ¿Qué se busca con esto?


AA - Hay un gran desorden de remuneraciones en el sector público, profundamente injusto. Se procura regularizar el nivel de remuneraciones. Le pongo un ejemplo: el director general de un ministerio, que debe trabajar por lo menos 12 horas diarias, hoy gana mucho menos que un escribiente de último grado de un banco estatal o aún de algunas empresas públicas. Esto ocurre con el director de Medio Ambiente, el director de Vialidad, el director de Salud; veamos qué temas...

Tampoco se puede subir mucho, porque el subsecretario, que es el tope, también gana menos que un gerente de banco estatal. De todos modos van a seguir ganando mal; lo que se procura es ordenar un poco las remuneraciones de estos funcionarios para volverlas un poquito más acordes. De cualquier manera, la inmensa mayoría de estos ciudadanos gana mucho menos que en la actividad privada, en promedio menos de la mitad que en sus respectivas profesiones en cualquier empleo privado y menos de la mitad por sus especialidades que en cualquier empresa pública o cualquier banco estatal. Eso es así, no tiene arreglo, le pasa también al ministro.

Se procura por lo menos ordenar un poquito, tratar de hacer una muy ligera mejora, que de todas formas va a dejar lo sustantivo igual; la política de remuneraciones es aluvional, por criterio histórico y por fuerza de presión o por la riqueza del organismo. Si yo trabajo en Antel, en el Banco de Seguros o en el Banco República gano, por las mismas horas y el mismo trabajo, dos, tres, cuatro o cinco veces más que un uruguayo como yo, también empleado del Estado pero que trabaja en el Ministerio de Educación y Cultura o en el Ministerio de Industria. A veces es chocante, porque de repente están en la misma línea. Uno está en una empresa que depende del Ministerio de Industria y de repente quien lo controla gana mucho menos que él, que es el controlado. Eso es así, no hay mucho para hacer, pero por lo menos se procura emprolijar algo esas enormes diferencias.


***

EC - En su discurso al cierre de la Expo Prado, el presidente de la Asociación Rural, Roberto Symonds, dijo: "El año pasado señalábamos que ni la crisis asiática, ni la rusa, ni la brasileña, tuvieron ni tienen nada que ver con nuestra descompasada relación cambiaria, ni con el impresionante y desmedido costo del Estado uruguayo, y mucho menos con el crecimiento de una Contribución Inmobiliaria Rural que en 10 años subió más del 700% en valores constantes".


AA - O sea, las intendencias.


EC - Symonds agregó que "el ancla cambiaria y la estabilización de la economía hicieron recaer sobre nuestras espaldas todo el peso de la inflación". En Uruguay se hizo "la mitad de los deberes. La otra mitad, que era una reforma efectiva y radical del Estado, quedó por el camino".

Por esto, mi consulta sobre cuánto de reforma del Estado tiene este proyecto de Ley de Presupuesto tiene particular actualidad. Desde la óptica del ingeniero Symonds, el hecho de haber utilizado el ancla cambiaria llevó a que el sector agropecuario cargara con todo el peso de ese proceso. Y dice que faltó la otra parte de los "deberes": la "reforma efectiva y radical del Estado". Con esta ley, ¿se satisface de alguna manera esa demanda?


AA - Yo quisiera ser un poco más amplio. La Ley de Presupuesto tiene el marco de actuación para mantener una reforma gradual y en base a austeridad del Estado. Tampoco podemos engañarnos: el 80% del presupuesto es granito; la mitad es la asistencia al Banco de Previsión Social. Además, tenemos los intereses de la deuda externa que, lamentablemente, como la tasa internacional subió, nos van a costar 200 millones de dólares más al año.

Tenemos un núcleo central de funcionarios, sobre todo los que referíamos hoy -policías, soldados, maestros y los que refieren a algunos de los centros de actuación del Estado- que implican sueldos, y de hecho ya ganan bastante mal, o sea que pensar en pagarles menos es imposible. En todo caso, hay que tratar de pagarles algo más. O sea que hay un núcleo central que es granito, donde lo que uno puede intentar hacer es básicamente gradual, porque como no se quiere echar a nadie tratamos de que, así como hoy hay 16.000 empleados menos, lo que quiere decir que el proceso gradual va dando sus resultados, esa línea se mantenga; o sea, menos burocracia.

Segundo, mejora de algunas gestiones.

Tercero, no sé cuál es la reforma radical que reclama el ingeniero Symonds, porque miré y realmente no sé qué a qué otra reforma se refería. Me parece que hay cosas para hacer, sí, tal vez no tanto en la Administración Central, donde los gastos y salarios han decrecido en los últimos 15 años respecto al Producto Bruto Interno. Lo que pasa es que la factura jubilatoria y la de la deuda externa -que incide bastante menos-, básicamente porque se terminó con la inflación, han crecido en forma imponente, por dos buenas razones: porque vivimos más y porque no nos comemos, con la inflación, las jubilaciones. Por esas dos muy buenas razones, la factura es muy grande.

En materia de reforma del Estado respecto al Estado central y su presupuesto, hay pocos milagros para hacer; sí mucha disciplina y mucha austeridad. Sí creo que hay otras áreas que afligen al sector productivo -no sólo al agropecuario, sino a todos en general- donde hay bastante por hacer.


EC - ¿Por ejemplo?

AA - Yo le diría que hay algunas simplificaciones a hacer, el presidente Batlle refirió algo en las últimas alocuciones. Desde el punto de vista del Estado, hay algunas cosas que no tienen mucho sentido, por ejemplo la duplicación en los seguros sociales. Tenemos toda una armazón imponente en el Banco de Previsión Social y en Disse, y a su vez tenemos otra armazón repetida en el Banco de Seguros para atender los accidentes de trabajo. Si se pudiera unificar estas situaciones en un seguro social estatal, no se está pensando en privatizaciones sino simplemente en racionalización y unificación. Seguramente podríamos tener un componente grande de ahorro, sobre todo en un sector tan sensible como la mano de obra.

Pero también refiere a cosas muy resistidas por otros sectores políticos. Por ejemplo, el sector agropecuario sin duda se ve afligido, tanto en sus insumos como en su exportación, por los costos del mecanismo portuario. En la ley de urgencia que ya votamos hay una mecánica muy clara. Uno ve en la prensa que a pesar de haber discutido cinco años, de que ahora lo laudó el Parlamento, se habla de llamar por quinta vez al ministro de Obras Públicas, porque lo único que se pretende hacer es canalizar inversión privada por 200 millones de dólares en el puerto de Montevideo para bajar los costos a favor de la producción.

Yo invito a que, más que la protesta genérica de "no somos rentables, es responsabilidad del Estado que lo seamos" o hablar de la reforma global, seamos más concretos, hagamos entre los que refieren al agro, la industria, el comercio, nuestra expresión: queremos que se nos baje los costos de exportación e importación. Aquí tenemos una solución para el puerto que baja los costos y canaliza las inversiones. Además, las inversiones traen trabajo a la gente. ¿Estamos para hacerlo o no?

Tenemos un sistema costoso y duplicado, del cual además se abusa mucho en materia de seguros de accidentes. ¿Estamos para unificarlo o no? Tenemos un servicio en las intendencias que en algunos casos es costoso y debe a Dios y todo el mundo. ¿Estamos para exigir que haya una disciplina en las intendencias que no la tienen? Y así sucesivamente. ¿Estamos para eliminar algunas cosas que ni siquiera son del Estado, para sacar la certificación que hacen los bancos por la exportación y cuesta 8,5 millones de dólares por año a los exportadores? ¿Estamos para laudar lo que las agencias marítimas cobran a la industria y al agro, cuando exportan, simplemente por poner alguna constancia?

Hay mucho por hacer para bajar el costo, pero me parece que el mecanismo no es decir "quiero que refinancies mis deudas para siempre o para nunca pagar" o "quiero una protesta genérica". Se precisa la fuerza, el sentimiento de necesidad imperiosa que siento que tiene el sector agropecuario. Creo que tiene razón; discrepo con el instrumento. Tiene razón en reclamar una actitud de colaboración de la sociedad, pero me parece que la responsabilidad de todos nosotros, dirigentes gremiales y políticos, en cuanto a esa actitud de colaboración, es canalizarla en cosas concretas, porque la protesta por la protesta, la protesta global, al final es aire que se va al aire, o viento que se va al viento.


EC - Usted decía que en la problemática del sector agropecuario, o del sector productivo en general de Uruguay, están pesando costos que también vienen de los privados.


AA - También de los privados.


EC - Implícitamente está diciendo que el sector privado se hace el distraído con esos costos.


AA - Creo que no se hace el distraído, está peleando. Lo que digo es que en lugar de la protesta global -"señores, nos va mal, que alguien nos venga a arreglar"- una situación que si bien humanamente comparto y siento poco práctica, bajemos a la realidad. Está muy bien reclamarle responsabilidad al Estado, que me baje tal y cual costo, pero también está bien hacer sentir ahí la voz a los partidos políticos cuando se ponen a especular sobre soluciones que efectivamente bajan los costos, como la que referí del puerto de Montevideo. O hacer sentir la voz cuando se trata de costos de otros sectores privados. Pero, como dijo Batlle al salir, no es sólo un problema de costos; también es un tema de cómo se encara la producción. Por eso el Estado está procurando, a través de este presupuesto y de acciones del gobierno, hacer un plan ganadero y un conjunto de medidas tendientes básicamente a dos cosas.

Lo primero que requieren la industria y en especial el agro, que tiene una fuerte vocación exportadora y además es más sensible a los precios internacionales, es abrir mercados que ofrezcan mejores precios. En eso el gobierno notoriamente está remangado y peleando; a veces con gran dificultad por los proteccionismos, pero está peleando.

Segundo, me parece que lo que dice Batlle también es muy importante: no se puede seguir pensando que de a uno, aislado y haciendo cada uno lo que le parece, vamos a poder sobrevivir. Creo que hay una actitud del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en especial -hombre que reúne dos grandes virtudes: es un hombre de ciencia y además es un productor y conoce a los productores-, que está planteando en un proceso que llevará cierto tiempo pero que hay que comenzar ya -por aquello de los chinos de que el camino tiene 1.000 leguas, empecemos a caminar ahora-, que refiere a juntarse para poder tener otro tipo de costos de escala. En eso hay una actitud dinámica del Estado. Creo que igual es bueno que al sector político nos reclamen más efectividad. Es la parte que comparto del discurso de Symonds, pero le pido que se concrete y nos ayuden a los que queremos cambiar algunas cosas cuando llega el momento de cambiar.


***


EC - En el plano de las desregulaciones, este proyecto de Ley de Presupuesto, ¿avanza y de alguna manera satisface aspiraciones implícitas en un discurso como el de ayer?


AA - Sí, efectivamente, el presupuesto empieza a caminar, pero también han caminado las medidas del gobierno. El presupuesto se orienta a bajarles una serie de costos a las empresas públicas para que a su vez bajen las tarifas de comunicaciones, energía eléctrica, agua. Baja el impuesto a la moneda extranjera que pagaban, una sobretasa de aportes patronales, bajan algunos costos tendientes, en primer lugar, a bajar las tarifas por la vía de bajar algunos de estos componentes. Esto no es así en el caso de los combustibles. Esta es la única área donde no hay una baja, incluso hay un ligero incremento, junto con el impuesto que grava los vehículos de paseo.

Eso, a su vez, tiene una contrapartida: hay una enorme rebaja de impuestos al sector transporte de cargas que directamente lo beneficia, porque ese sector está en competencia abierta, hay 20.000 camioneros, casi todos de uno o dos camiones, o sea que hay una competencia casi perfecta. La baja de costos del Estado de este presupuesto va a beneficiar en una menor tarifa al sector agropecuario en especial, que es el que mueve cargas de mayor volumen y menor precio, por lo que el flete incide mucho. El valor de un tronco de árbol, desde cortado en el monte hasta el destino, está compuesto en un 10% por lo que vale el árbol y en un 90% por los servicios. A veces, en algunos sectores, como los cereales y el arroz, los servicios y los fletes son un componente de mucho mayor costo que la materia prima, el producto de la agricultura.


EC - Estábamos hablando de desregulaciones.


AA - En ese esquema en primer lugar hay una baja de impuestos selectiva, algunas desregulaciones referidas a seguros y a la posibilidad de otras áreas por el estilo. No hay desregulaciones espectaculares, por lo menos a mi manera de ver; sí una serie de facultades al gobierno para seguir sendas ya dispuestas en este tema. En cuanto a muchas otras que están planteadas, algunas son de resorte administrativo, por lo tanto no pasan por el presupuesto, y en otras trabajaremos. Estamos en el sexto mes de gobierno, transitando una crisis bastante grande, con una elección municipal en el medio. Los ministros han hecho un esfuerzo.

Hay reclamos que en alguna cosa no comparto pero me parece que hay un grado de sensibilidad importante. En la medida en que logremos canalizarlos no en la protesta estéril, altisonante y estridente; si somos inteligentes y tratamos de bajar la pelota a la cancha, y pedimos esta regulación, esta otra, este costo que me está afligiendo, este costo público o privado, y logramos bajar los 30 o 40 millones de dólares que creo se pueden bajar al sector exportador de regulaciones privadas y públicas... Vamos a tratar de incorporar esto por parte del Poder Ejecutivo en el mensaje, si es que lo hay, o de los legisladores, en este propio presupuesto. Me parece que por ahí hay un trabajo que en la medida en que nos serenemos y canalicemos esa fuerza de presión intentando acuerdos y en la buena dirección, o sea hacia buscar resultados concretos, vamos a poder hacer cosas.


EC - Me llamó la atención que se introduce una especie de filtro para nuevas regulaciones, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene que evaluar cualquier nueva iniciativa en ese sentido.

AA - Exacto. Se lo explico; yo quiero mejorarles las condiciones a los funcionarios que se sientan en los escritorios uno a tres. Entonces invento un control, una tasa, y después la reparto entre esos funcionarios. Eso es la historia de los presupuestos. Al final no sólo se le saca el dinero al contribuyente, sino que, sobre todo, le hacen padecer un papelito por acá, otro por allá, muchos de los cuales tienen otros costos que no son estatales, certificaciones de firmas, etcétera, que muchas veces no tienen sentido. Entonces, por lo menos va a haber un filtro. Salvo que sea una razón de interés, no vamos a permitir que se siga agregando trámites y gastos a la gente en general. Esto ya no refiere sólo a producción; refiere al ciudadano común y corriente que sabe que cada vez que tiene que hacer un trámite siempre aparecen un papelito y una vueltita que faltan.

A su vez, hace pocos días se sacó un decreto desregulando una serie de materias. O sea que tampoco es que no hicimos nada hasta el presupuesto. Se está haciendo, porque el gobierno está facultado para eso. Esa facultad se mantiene y se va a seguir trabajando. No todo viene en la ley, no tiene por qué venir en la ley. Mucho se está haciendo en la vía administrativa.


***


EC - Al decir del gobierno, en la exposición de motivos, los cambios que se introducen en materia impositiva no aumentan la carga global y tienden a igualar las condiciones de tributación entre el sector público y el privado y entre los agentes privados entre sí. ¿Cuáles son esas modificaciones?


AA - Las que refieren a la igualación son básicamente una disminución de algunos impuestos que más pagaban las empresas del Estado, en especial las que prestan servicios básicos, como agua, energía eléctrica y teléfonos, que pagaban un impuesto a la venta de moneda extranjera, que en su momento se derogó. Nosotros impulsamos esa derogación, fue aquello que hizo florecer cambios por todos lados, porque obviamente nadie quería pagar. Por suerte se derogó para el público en general, pero rige aún para las empresas públicas y se va a derogar también.

Las empresas públicas pagan dos o tres puntos más de aporte patronal que los privados; esto también se va a igualar. La idea es que estos ahorros sean volcados a tarifas menores, porque uno de los reclamos de los sectores productivos y de las familias es bajar el costo de las tarifas de los servicios públicos. Sin perjuicio de que además se les va a reclamar más eficiencia a estas empresas hay una disminución de impuestos tendiente a que bajen las tarifas.

En cuanto a la igualdad, voy a referir al caso que está más en la palestra. Se propone un impuesto a los paquetes con mercadería -no a cualquier carta-, que hoy, por una ley de 1992, hasta 50 dólares de valor declarado entran sin impuesto. En realidad, son más de 50 dólares, porque son 50 dólares más el flete, o sea que paquetes de hasta 75 dólares están entrando sin pagar impuesto. No parece razonable en un momento de dificultad para todo nuestro comercio que haya un subsidio a los comerciantes radicados fuera del país. Se ha dicho que es un impuesto al comercio electrónico; no tiene nada que ver, porque el comercio electrónico sigue sin estar gravado.


EC - Pero por comercio electrónico se adquiere, por ejemplo, discos o libros que vienen en ese tipo de paquetes de menos de 50 dólares.

AA - Esos paquetes se adquieren por correo electrónico, por carta, por teléfono o por fax. El comercio electrónico no está gravado, al punto que, si usted compra un programa de computación, lo baja vía Internet y lo paga con una tarjeta, no paga un solo centavo de impuesto. O sea que el verdadero comercio electrónico sigue estando exonerado.

Aquí estamos hablando de importación al menudeo; las empresas de primera línea en el mundo se encargan de decirles a los uruguayos que si compran 300 dólares lo pueden dividir en seis paquetes de 50 para no pagar nada. Es muy difícil explicarle a un comerciante instalado que si él trae una camiseta, un disco, lo que sea, le cobramos el 23 más el 5, o sea el 28% de IVA a la importación, más el recargo correspondiente, el BPS y todo lo demás, pero que si en lugar de vender él resulta que lo vende alguien instalado en Miami y lo manda por correo lo exoneramos de impuestos. Entonces el hombre va a pensar que lo que tiene que hacer es cerrar la tienda en Uruguay e instalarse en las Bahamas.


EC - La pregunta no es tanto si debe estar exonerado, sino si la forma que se elige para tributar es la más adecuada, porque se establece una tasa fija de 20 dólares que si el paquete cuesta 20 dólares implica un 100% de tributo y si cuesta 50 es un 40% de impuestos.


AA - Un 40% es lo correcto, porque es el 28 de IVA más una pequeña tasa bancaria y un recargo promedio de 10% el más bajo. En realidad sigue siendo un enorme beneficio importar vía postal. Si la ley dijera simplemente que cuando usted importa a través de paquetes postales va a seguir las mismas reglas que la importación normal, ahí sí terminamos con este comercio, porque la intervención de los funcionarios despachantes de aduana y demás, sin contar impuestos, anda arriba de los 100 dólares.

Sigue siendo un gran privilegio importar por paquetes, porque lo exonera de todos los trámites y los costos. Y los costos de los trámites son tres veces más caros que los impuestos que tiene que pagar. Lo único que se está diciendo es que si un paquete vale hasta 50 dólares, que con el flete son como 70, le vamos a cobrar 20 dólares, que de promedio es el IVA y el recargo que paga cualquier uruguayo que quiera vender legalmente en plaza, dando trabajo a nuestra gente, la misma mercadería importada.

Creo que, de cada 10 uruguayos que trabajan, cuatro lo hacen en el comercio y servicios. No se trata de proteger, sino por lo menos de no desproteger, de no dar un subsidio para que cierren nuestras tiendas y se beneficien las que están radicadas fuera del país. Esto es equidad fiscal; ningún Estado subsidia para que se fundan los de adentro.


***


EC - Estábamos viendo las modificaciones en materia tributaria incluidas en este proyecto de Ley de Presupuesto. Hablamos de los impuestos que se les quita o reduce a las empresas del Estado para poder competir en mejores condiciones con las privadas. Hablábamos de este impuesto a los paquetes de menos de 50 dólares, pero hay más. Por ejemplo, en cuanto al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), se hace como una extensión cambiando la forma en que se define lo que paga quien presta servicios profesionales.


AA - Sí. Debo confesar que me enteré de esto cuando se envió el presupuesto. Pensé que no íbamos a manejar este tipo de cosas hasta el análisis de la reforma de la Carta Orgánica de la Caja de Profesionales. Incluso se está esperando el anteproyecto elaborado por esa Caja para analizarlo; la Caja Notarial ya elevó su anteproyecto. Era una de las cosas a las que nos comprometimos y pensamos es buena para el país: mejorar la condición de ambas cajas, pidiéndoles los cambios que promueven para ver si se puede bajar en algo el peso de los tributos a los profesionales más jóvenes y garantizar que ambas cajas sean sustentables en el largo plazo.

En consecuencia, una ya adelantó el trabajo -(la de) los escribanos, que siempre son muy diligentes y muy organizados- y creo que la Caja Profesional lo tiene casi pronto.

Me pareció y me parece que es un tema para ver en ese contexto, del mismo modo que cuestiones como la solicitud de la Asociación de Magistrados en cuanto a la situación jubilatoria de los jueces, que son los únicos funcionarios que por Constitución no pueden hacer ninguna otra cosa que ser jueces. Por disposición de la Constitución, los temas jubilatorios no pueden estar en el presupuesto. Parecía y parece que el tema se debe estudiar en ese contexto, más allá de que si vamos al manual sin duda todo el mundo debe tributar por lo que efectivamente gana y si eso les pasa a todos los ciudadanos todos deberíamos estar igual.


EC - Ese es el cambio que se introduce ahora.


AA - Exactamente, porque los profesionales aportamos por el ficto en todo, no sólo en el IRP, también a la Caja Profesional. Uno esperaba poder discutir esto con otra calma en el contexto de la reforma de la Carta Orgánica, viendo también qué recursos iba a requerir la Caja y cómo se distribuye la carga entre los distintos profesionales, entre los cuales a veces la situación es muy disímil. Muchos profesionales jóvenes tienen serias dificultades aún para cubrir la cuota ficta, mientras que a otros les va bien y no tienen ninguna dificultad. Ya lo anticipamos, nos vamos a tomar el tiempo para estudiar este tema, para consultar, y después vamos a ver cómo se encamina.


EC - Se crea el monotributo al comercio ambulante y sale, por otro lado, la obligación de Contribución Inmobiliaria Rural para los padrones que no excedan las 50 hectáreas.


AA - Ese es el reintegro completo, pero se mantiene una ayuda del gobierno central para, en parte, disminuir la Contribución Rural en un porcentaje, como estaba en la ley de urgencia y ya se está aplicando en este ejercicio. Aquí se avanza un poco más y se lo lleva a cero para las primeras 50 hectáreas. Es decir que si tengo 50 pago cero y si tengo más por las primeras 50 no pago pero sí pago por las siguientes.


EC - Además, se propone una rebaja del 18% de la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural a partir del año 2001 para todos los establecimientos.


AA - Exactamente.


EC - Quería preguntarle con respecto a los aumentos en la tasa del Imesi, tanto para combustible como para vehículos cero kilómetro.


AA - Exactamente. Hay un aumento para los autos gasoleros -no estamos de camiones, que siguen intocados-, que del 47% pasan al 60%; a su vez, para los automóviles a nafta se propone pasar del 30% al 40% en su primera venta; después no tienen otro gravamen. Hay un toque en las naftas en cuanto al Imesi que las mismas contribuyen, que refiere básicamente, en el caso de los autos, a la enorme rebaja tributaria que se ha hecho en el sector de transportes de carga, sobre la base de que bajarle los costos es defender no sólo el transporte uruguayo frente a los camioneros extranjeros, sino fundamentalmente bajarles los costos al agro, la industria y el comercio. Pareció que la prioridad, más que vender más o menos autos de paseo, pasaba por defender el trabajo de la gente. Si la gente no tiene empleo tampoco puede comprar autos. Entonces se puso una prioridad.


EC - Pero además incide la rebaja que se va a producir en los aranceles de importación con el nuevo régimen automotor.


AA - Eso en cuanto al costeo de los autos gasoleros, porque hay una derivación del comercio muy fuerte. En la medida en que los socios del Mercosur nos están reclamando subir los aranceles, o sea que para comprar un auto que proviene de Japón, Corea o donde sea, tengo que cobrar un arancel más alto. Lo esperable es que yo no compre el auto coreano sino uno brasileño. Si compro el brasileño, el Estado pierde el arancel, porque el brasileño entra con arancel cero. Hoy la mitad se compra en Argentina y Brasil con arancel cero y la otra mitad en el resto del mundo pagando un 22% de arancel.

Como se quiere llevar el arancel, por imposición de Argentina y Brasil, al 35%, la hipótesis de trabajo es que probablemente la relación ya no sea mitad y mitad sino, por decir cualquier cifra, tres cuartas partes de Argentina y Brasil y sólo una del resto del mundo. O sea que un 25% de autos que antes pagaban 22% porque eran coreanos y ahora, al ser brasileños, pagan cero. Lo que se busca no es aumentar la recaudación, sino preservarla.

Como yo, Estado uruguayo, pierdo recaudación de arancel porque a argentinos y brasileños no les puedo cobrar, lo tengo que cobrar en el Imesi. Teóricamente, ese aumento del Imesi que compensa el arancel no debería subir el costo del vehículo cero kilómetro.


***


EC - ¿Qué cambia, en materia de inversiones, en este período de gobierno, en relación a los cinco años precedentes?


AA - Como suele acontecer el primer año de gobierno, hay una baja de la inversión. En este caso fue un poquito más pronunciada porque el déficit estaba muy descontrolado, pero cada vez que comienza un gobierno hay una baja de la inversión en función de las necesidades fiscales. Como en todos los presupuestos se prevé, a partir del año 2000, ir subiendo el nivel de inversión y puede ser que para fin del lustro alcance más o menos los niveles anteriores. Eso en cuanto a la inversión con fondos públicos.


EC - Entonces, en el conjunto de los cinco años, ¿la inversión va a ser mayor, menor o como la precedente?


AA - La inversión programada para el conjunto de los cinco años va a ser igual o un poquito menor a la programada para los cinco años anteriores. Digo "programada" porque siempre en los últimos años se suele gastar un poco más de lo programado. O sea que es probable que el nivel de inversión realmente ejecutada de los cinco años, con fondos públicos, sea similar. Pero la idea es que la inversión sea bastante mayor que en los últimos cinco años, sobre la base de usar decididamente los mecanismos de mercado y atraer dinero de ahorro para los emprendimientos. Las herramientas son tres. Una que ni siquiera está en el presupuesto porque ya es decisión del gobierno y me consta que el Banco Hipotecario está trabajando en ella, que es recurrir al ahorro del mercado de valores -securitización, "factoring"- para poder financiar más construcción semiprivada, privada totalmente y demás -en definitiva son puestos de trabajo siempre y solución de vivienda siempre-; el banco tiene la idea, según han manifestado su presidente y su vicepresidente, de volcar entre 50 y 70 millones de dólares rápidamente al mercado.

El ministro de Obras Públicas plantea en un artículo la posibilidad, a través del "leasing", que ya está autorizado en la ley de urgencia, y otros mecanismos, de tratar de terminar edificios inconclusos y hacer otros emprendimientos, desde el Palacio de Justicia, que esperemos poder terminar para que los uruguayos dejemos de tener uno de los recordatorios de frustración más largos, no con fondos públicos sino canalizando fondos del mercado, del ahorro, a ese tipo de emprendimientos, como también al Aeropuerto de Carrasco y tantos otros, donde se está pensando no simplemente en partidas de gobierno sino también en buscar un fondo fiduciario, una empresa de economía mixta o soluciones por el estilo.

Va a haber una actitud muy decidida -ya la hay- de aumentar el nivel de inversión, pero no con fondos públicos -no hay plata- sino canalizando inteligentemente los ahorros ociosos, porque Uruguay tiene un nivel de ahorro regional depositado en sus bancos, e institucional de sus trabajadores depositado normalmente. La idea es que una pequeña parte de eso alcanza para un aumento muy grande de la inversión.

En este momento la principal preocupación del gobierno es el trabajo de los uruguayos. Fase uno, a través de pelear nuevos mercados; fase dos, bajando los costos; fase tres, aumentando los niveles de inversión. En una época de recesión, todo ello no es fácil, pero allí es donde el gobierno va a dejar el alma en la cancha.


--------------
Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Julieta Sokolowicz