Sobre el proyecto de reforma
de la Carta Orgánica de Antel
Telecomunicaciones: una gran oportunidad
Señor Director:
El futuro de las telecomunicaciones es tarea de todos. Así, hace más de un año se
hacía público ese documento, en función de una preocupación por el desarrollo de una
herramienta decisiva para el porvenir. Ante la oportunidad de expresión que abre el
debate parlamentario sobre el tema, es que desde una perspectiva constructiva y
responsable nos permitimos hacer algunos aportes respecto la reforma en la Carta Orgánica
de Antel prevista en el art. 369 de la Ley de Presupuesto, donde es posible señalar
aspectos positivos y otros que a nuestro modesto juicio deberían ser reconsiderados en la
discusión parlamentaria.
Aspectos positivos:
1. Eliminación de la mayoría de las potestades regulatorias de Antel. (arts 3 y 4 inc
2.)
2. Eliminación del carácter monopólico de los servicios que presta. (art. 6)
3. Habilitación a conformar sociedades anónimas mixtas. (arts. 4 inc. 2 y 6)
4. Habilitación al arrendamiento de servicios. (art. 3)
5. Ampliación de los servicios que puede prestar. (arts. 4 inc. 1 y 3)
6. Promoción del desarrollo en el país de contenidos de Internet. (arts. 4 inc. 5)
7. Reducción del Directorio. (art. 8)
Aspectos a reconsiderar:
1. Las potestades regulatorias de las que se libera a Antel quedan todavía sin asignar.
(arts. 3 y 4 inc 2.)
2. Se asigna sólo a Antel la telefonía básica. (arts 3, 4 inc 2, 5 y 12)
3. Incertidumbre sobre el carácter monopólico de la telefonía básica. (arts 3, 4 inc
2, 5, 6 y 12)
4. Se mantiene la intervención previa de Antel para el control de telecomunicaciones.
(art. 7)
5. El porcentaje de acciones que puede vender de las S.A. que conforme es ilimitado. (art.
6)
6. Se le impone cargar exclusivamente y a su criterio con el servicio universal. (art. 5)
7. Las conexiones a la red son precarias y con tarifas fijadas por Antel (arts. 4 inc. 4 y
12)
Los aspectos positivos, apuntan en el buen sentido de comenzar la apertura del mercado de
las telecomunicaciones, así como flexibilizando y ampliando las posibilidades de gestión
de Antel, y promoviendo la incorporación de capitales. Por otra parte, existen una serie
de temas, en particular desde el punto de vista regulatorio y de apertura, que hacen que
la desregulación tal cual se propone tenga dificultades de implementación, que pueden
ser superadas.
1. La apertura del mercado debe estar dirigida por una Unidad Regulatoria con solvencia e
independencia técnica, que dé garantías tanto a consumidores como a prestadores. Si
bien las políticas las fija el Poder Ejecutivo, y algunos aspectos son regulados por la
Dirección Nacional de Comunicaciones, no puede haber dudas sobre quién es la autoridad
competente. Esta circunstancia podrá ser contemplada, con las medidas anunciadas para la
segunda ley de urgencia.
2. Si bien Antel continuará prestando los servicios de telefonía fija que hoy presta, es
posible y necesario abrir este sector a múltiples actores. La Comunidad Europea, la
Argentina, y los países que han abierto las telecomunicaciones, incluyen la competencia
en este segmento, como medio para promover el descenso de las tarifas y la calidad de los
servicios, ya que la condiciones técnico-económicas lo permiten. Además de nuevas
redes, se puede aprovechar las infraestructuras de los servicios públicos de TV cable y
electricidad, e incluso las de agua y gas. Por otra parte, hoy Antel carece de incentivos
externos respecto a la calidad y el costo de sus servicios. Una llamada local de tres
minutos en horario pico cuesta en Uruguay 17 centavos de dólar, en Chile 10, Brasil 8,
Argentina 7 y en Estados Unidos y Nueva Zelanda son gratis, por lo que es posible bajar
las tarifas.
Si bien la telefonía fija es un mercado comparativamente de bajo crecimiento, sigue
teniendo una importancia fundamental, ya que es la puerta de entrada para la prestación
de numerosos servicios. De hecho, en nuestro país su nivel tarifario es el principal
escollo para el desarrollo de Internet en el mercado residencial. Asimismo, en el marco de
la convergencia, los operadores ofrecen paquetes que incluyen telefonía fija, móvil,
Internet y TV cable, lo que estaría dificultado de existir esta restricción.
Nos permitimos manejar conceptos diferentes a los del Ing. Bracco cuando dice que se
excluye la apertura de la telefonía básica por las "características especiales del
Uruguay", que sin duda las tiene, aunque es opinable su influencia a este respecto, o
de "la relación extraordinariamente afectuosa que liga a la sociedad con su empresa
Antel", que sin dudas la beneficiaría en un mercado abierto, lo cual debería ser un
aliciente más para la apertura.
3. Hasta la fecha, en virtud del art. 6 del decreto-ley 14.235, todos los servicios que
presta Antel son en carácter de monopolio, incluyendo los de telefonía móvil. Este
artículo se deroga por su sustitución por el referido a las S.A. mixtas. Si el
legislador elimina el carácter de monopolio de los servicios prestados por Antel, esto
también contempla la telefonía básica. A este respecto el art. 5 dice que ese servicio
será prestado por Antel, sin especificar que sea en exclusividad. Esta incertidumbre debe
ser superada, a riesgo que el tema termine en el Poder Judicial, y lo mejor sería
eliminando toda mención a la telefonía básica en la ley.
4. Se mantiene el art. 7, que según opiniones jurídicas su derogación por la Ley de
Empresas Públicas, luego revocada por referéndum, está firme, y que establece la
intervención previa de Antel en todos los servicios de telecomunicaciones. Si bien de
hecho no se aplica -como en las licencias para transmisión de datos-, la derogación
expresa de este artículo parecería ser una omisión en la redacción, que debería ser
subsanada.
5. En las sociedades que se conformen, el porcentaje de acciones que se puede vender es
ilimitado, careciéndose también de porcentajes mínimos de participación de Antel en
los respectivos capitales accionarios. Eso sería admisible para nuevos emprendimientos,
pero tratándose de sociedades para prestar en el país servicios que ya provee Antel, si
éstas se integran con activos de Antel, se habilitaría a la venta sin mayores
restricciones de buena parte de la empresa: telefonía móvil, larga distancia
internacional, Internet, datos, video, etc., exceptuándose la telefonía básica. Al
habilitarse -pero no imponerse- la privatización -que los actores políticos manifiestan
ausente de la agenda, y que en todo caso debería ser expresamente planteada para su
análisis-, se puede desvirtuar la idea de potenciar a Antel, ya que podría desaparecer
la vinculación entre sus unidades fundamentales, terminando de hecho disuelta como grupo
empresarial. Asimismo, lo recaudado por la venta de acciones carece de destino, por lo que
se podría asistir a una desinversión en el sector.
6. El servicio universal, o sea la atención igualitaria con un servicio básico a todos
los habitantes del país sin distinción de condición geográfica o social, es uno de los
puntos básicos que atiende la regulación en los países donde se ha abierto el mercado
de las telecomunicaciones. Quizás muchos actores no lo conozcan, pero en un escenario
abierto, este servicio puede brindarse aún mejor que por un único prestador monopólico,
mediante una adecuada combinación de instrumentos regulatorios y competitivos, que
establezcan su alcance y financiación, y haciendo transparentes los subsidios necesarios,
lo que redunda en la optimización de calidad y tarifas. Con el esquema propuesto por el
proyecto, Antel carece de un marco claro sobre los alcances del servicio universal, y
sólo tiene un débil mandato expresado a través del vocablo "procurará", que
podría llevarla a desatenderlo, y aún encarecerlo, para concentrar su esfuerzo en las
áreas donde deberá competir. Por otra parte, se le carga exclusivamente a Antel y a los
usuarios de la telefonía básica con la financiación de los servicios deficitarios,
mientras que los demás prestadores y usuarios de telecomunicaciones quedan ajenos de este
esfuerzo.
7. El mantenimiento del carácter precario de las conexiones de terceros a la red de Antel
(art. 4 inc. 4), -redactado para un escenario de monopolio-, y el hecho que ésta fije las
tarifas de los servicios suplementarios de telefonía básica (art. 12), -lo que podría
incluir las tarifas de interconexión-, deja en situación desfavorable a nuevos
prestadores que necesiten usar la red. Por ejemplo, si Antel retiene en exclusividad la
telefonía básica y continúa prestando por sí -o en una S.A. que controle- la larga
distancia internacional, los restantes operadores, que deben usar la red fija, estarían a
merced del arbitrio de un competidor. Este hecho podría desalentar inversiones, ante la
ausencia aún de un marco legal que regule las interconexiones y atienda la dilucidación
de controversias.
Como conclusión, estamos al inicio de un proceso auspicioso, que en la redacción de este
proyecto -quizás con las restricciones propias de una ley presupuestal-, deja puntos que
merecerían un estudio más a fondo. El trámite parlamentario, además de considerarlos,
debería aprovechar esta instancia -o a más tardar la anunciada segunda ley de urgencia-,
para legislar criterios básicos que establezcan: una Unidad Regulatoria para las
telecomunicaciones, normas para el ingreso de nuevos prestadores, el servicio universal,
las interconexiones, la administración del espectro radioeléctrico, la apertura de todos
los servicios, - incluyendo la telefonía básica y la TV cable -, la modernización,
competitividad y continuidad de Antel como empresa regida por las mismas reglas de juego
que las de sus competidores, y un cronograma que establezca un plazo razonable para que
Antel y los demás agentes se adapten al nuevo escenario, a la espera de una cada vez más
imprescindible y urgente ley de telecomunicaciones.
En Argentina, luego de la apertura de las telecomunicaciones establecida por el decreto
del presidente De la Rúa días atrás, se estiman inversiones para los próximos tres
años de unos 6.600 millones de dólares y la creación de 15.000 empleos directos. Una
simple regla de tres con los PBI, indica que con un marco similar, nuestro país podría
atraer inversiones por 450 millones de dólares, así como 1.000 empleos directos en el
corto plazo.
El Parlamento y el Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad de asegurar que el país
aproveche esta oportunidad única de recibir inversiones, empleos y competitividad para
nuestras empresas.
20 de setiembre de 2000
Ing. Bruno Vuan
C.I. 2.674.607-4
vuan@internet.com.uy
Ing. Rafael Sanguinetti
C.I. 2.559.677-3
webmaster@charrua.com
Ing. Alberto Saavedra
C.I. 1.202.411-5
asaavedra@uruguay.com
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