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Una política antisocial

Representantes de unas 18.000 familias deudoras del BHU y de la ANV en Unidades Reajustables se movilizaron hoy en el Palacio Legislativo reclamando una solución urgente a una situación que definen como trágica.

Desde hace algunos años ambas instituciones ofrecen créditos en Unidades Indexadas que se ajustan por el índice medio salarial. Pero un número importantes de clientes quedaron atados a la UR , situación definida por la Institución Nacional de DD.HH como “irritante injusticia”. 

Ayer una cliente de la ANV fue a interiorizarse por su cuota y descubrió que de 35.000 pesos pasaba a 51.000 pesos. Pero lo peor es que la ANV no toma en cuenta los ingresos ni acepta convenios de pago, por lo que la única solución que deja es esperar tres meses a que llegue el telegrama colacionado anunciando el desalojo. En este caso se trata de un crédito por 4.700 UR tomado en el año 2000 y pagado puntillosamente mes a mes. Pero después de 17 años la deuda no sólo no se redujo sino que ahora le debe a la ANV 5.100 UR. 

Los números eximen de cualquier comentario. Una persona que tomara en el 2004 un crédito hipotecario con una cuota de 5.000 pesos en Unidades Indexadas, pagaba lo mismo en Unidades Reajustables. Pero en setiembre de este año quién paga 12.820 pesos en UI, por el mismo crédito pagará 21.040 pesos en UR.

Los deudores sostienen que “este movimiento ha denunciado desde hace muchos años la situación y la realidad año a año nos da razón. Todos los setiembres pagamos la cuota ajustada varios puntos sobre la inflación, más intereses abultados”.

Pero además sostienen que “les preocupa la aplicación del artículo 58 ( modificación de carta orgánica- 2007 ), que habilita al Banco a iniciar proceso ejecutivo y a iniciar acciones a los titulares, en caso de que el saldo obtenido por el remate de la vivienda sea menor al monto de la deuda”.

Por lo pronto han mantenido reuniones con legisladores de todos los partidos en diferentes lugares del país, además de recurrir a la INDDHH. Por ahora la única respuesta ha sido que “se trata de un problema que debe resolver el Poder Ejecutivo”.

Mientras tanto unas 50.000 personas corren el riesgo de perder su vivienda.

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