Problemática social

Asentamientos y exclusión

Asentamientos . adhocfotos
Asentamientos adhocfotos

Según el Ministerio de Vivienda en Uruguay, se define un asentamiento irregular como “agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente se agregan también carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales.”

Se trata de construcciones rudimentarias que carecen de aislamiento térmico, servicios higiénicos, de un lugar destinado a cocina, y en el que generalmente adultos y menores comparten el mismo espacio destinado al descanso.

589 asentamientos irregulares hay en Uruguay y 165.271 uruguayos viven en esa situación, de acuerdo a los resultados del Censo 2011. Aunque en los últimos dos años y a partir de la crisis económica esa cifra pudo haber crecido significativamente

La mayoría ubicados en Montevideo. Pero 7.000 personas están asentadas en Maldonado y en Colonia hay 500 familias en idénticas circunstancias. Flores parece ser el único departamento sin asentamientos.

Según informaba El Observador el año pasado “la erradicación o mejoramiento sustancial de no menos de 73 asentamientos marginales comparte con la reducción de la pobreza el primer lugar en los logros de las políticas sociales de los dos gobiernos del Frente Amplio. De los cientos de asentamientos irregulares en todo el país, mayoritariamente en Montevideo con 412 según las últimas cifras oficiales disponibles, solo algo más del 7% se beneficiaron con transformaciones básicas. En algunos casos, barrios enteros fueron trasladados a viviendas nuevas en ubicación diferente. En otros, se mejoraron viviendas en el mismo lugar y se proveyeron servicios públicos”.

En el imaginario popular se asocia asentamiento con delito. Y puede ser que en algún lugar en particular sea así. Pero la generalización es injusta. Por ejemplo en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en Maldonado, viven unas 1.500 personas y este año apenas unas 15 fueron detenidas, incluso la mayoría de estos no vivía allí sino que lo usaba como aguantadero aprovechando la irregularidad del lugar.

Los asentamientos tienen que ver con la pobreza y las dificultades para acceder a la tierra. Ya no para un pobre, un terreno mal ubicado es casi inaccesible para jóvenes que pretendan consolidar una familia.
Los planes de construcción para vivienda social que tiene mucho marketing, en la práctica no han servido para los fines propuestos. La especulación inmobiliaria domina el mercado.

Pero esto viene al caso porque mañana 35 familias que tienen a su cargo a casi 90 niños, asentadas en el Parque Guaraní cerca de Maroñas, serán desalojadas. El viernes fueron procesadas 8 personas por usurpación, uno con prisión y están todos amenazados si mañana no se van voluntariamente.

Los jueces que cumplen con lo que establecen las leyes, no tienen un criterio único ante iguales circunstancias. Podría citar ahora de memoria mas de una decena de ocupaciones de tierras realizadas por ricos y a veces famosos en Punta del Este sin que nunca siquiera hubieran sido citados por un juzgado.
En el año 2011 Gustavo Gonzalez y Benjamín Nahoum publicaron en el año un libro titulado “Los sin tierras urbanos, causas, propuestas y luchas populares”.

Y entre muchas cosas muy interesantes proponen estudiar limitaciones al derecho de propiedad. O tal vez habría que estudiar el “derecho de uso”, más que la propiedad de una vivienda.

Como sea, no es este un problema que pueda soportarse varias decenas de años por delante. Con excluídos no se construye un país.

La columna de Carlos Peláez

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