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Buscan cerrar manicomios y sustituirlos por atención comunitaria

Buscan cerrar manicomios y sustituirlos por atención comunitaria
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Uruguay explora distintas alternativas de atención de salud mental que se pondrán en marcha una vez que se logre el cierre de los manicomios, previsto para 2025, dijo a Sputnik la psicóloga María Paula Correa, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

"A partir del cierre de los hospitales monovalentes para 2025 pensamos que es necesario que se establezcan dispositivos sustitutivos con recursos, porque actualmente no hay una red que pueda sostener el cierre de los manicomios sin que las personas queden sin atención, es imperiosa la necesidad de que se empiecen a establecer" afirmó Correa, vocera de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna.

En 2012 se creó la Asamblea, que reúne organizaciones, usuarios de servicios de salud mental, familiares, profesionales y grupos que trabajan para hacer visible la vulneración de las personas en el actual sistema y que participaron en la redacción de la nueva ley.

El lunes se realizó en Montevideo la VI marcha por salud mental como forma de visibilizar esta problemática y también comenzó el V Encuentro Antimanicomial, que continuó el martes y "tiene que ver con qué hacemos con la locura, con la nuestra o la de los otros", dijo Correa.

MODELOS

Italia es un ejemplo en cuanto a sacar la atención de salud mental de los hospitales psiquiátricos, debido a que en 1978 aprobó la "ley Basaglia", en honor al psiquiatra Franco Basaglia, considerado el padre de la psiquiatría sin manicomios.

La ley 180 fue la primera norma nacional que logró que se cerraran las instituciones psiquiátricas, excepto las penitenciarias, a finales de los años 90, que se generaran otros servicios que permitieran a los usuarios de estos centros integrarse a la sociedad y que se garantizaran derechos a estas personas.

En Uruguay, la nueva ley establece que en 2025 se cerrarán todos los manicomios y las colonias psiquiátricas para dar paso a una nueva etapa.

La norma establece que una persona puede ser internada contra su voluntad solo si los médicos o un juez consideran que hay "riesgo de vida" para sí misma o terceros.

"En la ley se establece que se van a cerrar y se va a tender a la desinstitucionalización, el tema es cómo se hará, es eso lo que viene faltando, lo que se enuncia desde las autoridades es que esto va a quedar más especificado en lo que es la reglamentación", explicó Correa.

Hay distintas propuestas para sustituir los manicomios, como una atención a nivel comunitario donde las personas no estén aisladas y tengan la posibilidad de ser atendidas en la comunidad donde viven.

"Esto implica otra forma de convivir con lo que llamamos la locura", agregó la psicóloga Correa.

Se requieren asimismo "centros culturales, posibilidades de trabajo, una inserción real con respeto a las condiciones de las personas (…) reafirmar esos puntos es importante para que esta ley pueda estar llena de vida y que no quede solamente escrita", observó.

LA LEY DEL PSICÓPATA

La ley de salud mental que rigió en Uruguay hasta agosto de este año fue la Nº 9.581, también llamada Ley del Psicópata, aprobada el 24 de agosto de 1936, es decir hace 81 años.

"Esta ley no supera la anterior: cambiás la denominación de psicópata a trastornado, sigue monopolizándose dentro de la disciplina médica, y no hay mecanismos de contralor para que no se vulneren los derechos; hay una especie de intención o de deseo de hablar desde una perspectiva de derechos, pero en cosas medulares la ley sigue recayendo en ver a las personas desde las patologías y no como sujetos de derecho", explicó Germán Dorta, también vocero de la Asamblea.

Esta red de grupos cuestiona la definición de "trastorno mental", por ser una "categoría que estigmatiza y patologiza a las personas", además de ir contra tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Las personas pueden transitar momentos de sufrimiento donde requieran atención más específica, pero usuarios del sistema de salud mental podemos ser todos", y por eso se rechaza el término "trastorno mental", dijo.

CARENCIAS

En Uruguay, los abordajes de salud mental históricamente fueron a través del encierro, el aislamiento y la medicación.

"Se habla mucho de que antes tiene que haber un cambio cultural para que luego se establezca la ley, ese argumento es falaz, porque las leyes y las normativas promueven un cambio cultural y promueven reconocernos como personas y no como objetos de una intervención o de patologías", afirmó el especialista.

Algunas de las principales críticas se dirigen a "la patologización de la vida, en que todo esté centralizado en un diagnóstico y en una medicación como única posibilidad de tratamiento, cuando en otros lugares del mundo los hospitales psiquiátricos no existen y los abordajes tienen que ver con la comunidad", comentó Dorta.

Muchas veces, la defensa de los hospitales psiquiátricos se relaciona con una mirada económica y errónea: juntar a muchos pacientes con algunos trabajadores de salud es más barato.

Correa explica que esta modalidad genera mayor vulneración y fragilidad en las personas, y en definitiva muchos más gastos.

La Asamblea reclamó, apelando a la ley de acceso a la información pública, información sobre los costos de atención de salud mental y así pudo saber que en 2015 se gastaba por cada persona internada en la colonia Etchepare unos 70.000 pesos por mes (unos 2.300 dólares al cambio de esa época) y unos 42.000 pesos (1.400 dólares) en la colonia Santín Carlos Rossi.

"Si eso fuera reinvertido las condiciones podrían ser otras, de repente pudiendo generar espacios compartidos entre hasta cinco personas, con esa inversión que hace el Estado, con los gastos que se generan, tendrían otra forma de atención", opinó Correa.

La psicóloga observó que "en las colonias hay una pérdida de la persona en sí misma para pasar a ser uno más, y las condiciones edilicias y de atención son bastante duras".

Otra crítica a la nueva ley es la ausencia de un abordaje interdisciplinario, lo cual se contradice con la adhesión de Uruguay a la declaración de Caracas de 1990, los principios de Brasilia de 2005 y el Congreso de Panamá, que afirman que cualquier modelo de atención centrado únicamente en lo sanitarista o lo médico tiende a la vulneración de derechos.

En el proceso de alta, solo interviene el médico tratante, sin incidencia del equipo interdisciplinario.

La "psiquiatría no tiene un estudio de campo tan fino como otras disciplinas para evaluar el daño que se le puede hacer a esta persona si se la retira de su comunidad de pertenencia", expresó Dorta.

La Asamblea echa en falta un órgano de contralor autónomo e independiente, porque la comisión de contralor prevista depende del Ministerio de Salud Pública, encargado de poner en práctica las políticas de salud mental.

El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el fin de generar conciencia.

Este año, el tema escogido fue "La salud mental en el lugar de trabajo". (Sputnik)

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