Declaración del IV Congreso del Frente Amplio

1) La ciudadanía ha vivido con vergüenza e indignación las últimas actuaciones del Poder Ejecutivo en el sentido de atropellar al Poder Judicial en la soberanía de sus magistrados y frenando todo tipo de investigaciones tendientes a garantizar los derechos de la sociedad relativos al esclarecimiento del destino de los desparecidos;

2) Que con peculiar virulencia el Ministro de Defensa Yamandú Fau y el asesor presidencial Dr. Carlos Ramela, no solo se refirieron en forma insultante para el Sr. Juez Letrado Dr. Alejandro Recarey, sino que generaron un clima de intranquilidad pública, alentando el desacato de algunos militares acusados de violaciones aberrantes a los derechos humanos, cuando eran convocados a Sede en calidad de testigos en tanto otros oficiales y personal subalterno se estaba presentando ante el magistrado sin ningún tipo de problema;

3) Que una vez mas el Poder Ejecutivo (como lo han hecho sistemáticamente los gobiernos post dictadura, custodios de la impunidad) se arroga el derecho de incluir en la Ley de Caducidad, sin dar ningún tipo de fundamento legal, a causas penales que notoriamente no estan incluidas ni en el texto ni en el espíritu de la referida ley.

4) Que en el caso de María Claudia Irureta Goyena de Gelman se trata de una ciudadana argentina, trasladada clandestinamente desde suelo argentino, por móviles aberrantes como ser conservar su embarazo para entregar a la criatura a personal policial uruguayo y luego asesinarla. Que hay un cúmulo de elementos de prueba como para avanzar judicialmente y establecer la verdad y localización de sus restos.

5) Que en el caso de Elena Quinteros se trata de una causa penal que se abrió en el año 1990, presentada por la totalidad de los parlamentarios del Frente Amplio. Causa que culminó con el procesamiento del ex Canciller Juan Carlos Blanco, por el Dr. Eduardo Cavalli, ratificado por el Tribunal de Apelaciones por unanimidad y que actualmente se encuentra a consideración de ese tribunal para resolver la situación de J.C. Blanco procesado por co autoría en el homicidio de Elena Quinteros.
En legítimo ejercicio de sus fueros constitucionales, lo que el Poder Judicial está tratando de determinar es el destino de los restos de Elena, a partir de la investigación de los enterramientos clandestinos, en predios del Estado.

6) Que una vez mas el Poder Ejecutivo, empecinado en su política de impunidad, nos expone internacionalmente.
Esa política ha conducido al país a enfrentarnos a las República y pueblos hermanos de Argentina y Venezuela comprometiendo (como lo han demostrado los últimos acontecimientos) el prestigio de nuestro país en la región y en el mundo y las relaciones de todo tipo ya que la salvaguarda de los valores de verdad y justicia y de respeto de los derechos humanos en forma integral es un principio rector en el mundo actual.

7) A partir de estas consideraciones, el Congreso Extraordinario "Héctor Rodríguez" del Frente Amplio declara:

* Que el Estado tiene la obligación de proceder al esclarecimiento pleno de las desapariciones forzadas de personas, perpetradas por la dictadura, teniendo en cuenta hoy el artículo 4º de la Ley de Caducidad. En ese marco todos los medios (del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deberán cooperar eficazmente para el logro de ese fin.
* Rechaza enérgicamente la actitud del Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, por las actitudes ofensivas para con los jueces, por la pública actitud de alentar el desacato y la omisión en el fiel cumplimiento de la ley, advirtiendo que bajo su responsabilidad existen violaciones actuales de carácter punibles como ser enterramientos clandestinos y vilipendio de cadáveres.
* Rechaza asimismo las actitudes del Dr. Carlos Ramela asesor del Presidente Batlle, cuyas desorbitadas e imprudentes declaraciones constituyeron una forma inaceptable de presión contra los magistrados. Sus expresiones críticas contra el gobierno argentino, atacando actitudes que ese gobierno ha adoptado con relación a la búsqueda de la verdad y el anhelo de abrirle el paso a la justicia, han tenido asimismo repercusiones diplomáticas negativas para nuestro país.

Montevideo, 21 de diciembre del 2003.

Esta declaración fue aprobada prácticamente por unanimidad (sin votos en contra, cuatro abstenciones) en el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio.