Montevideo, 10 de septiembre de 2003

Prof. Carmen Tornaría
Consejo Directivo Central
Administración Nacional de la Educación Pública
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente vengo a poner en su conocimiento algunos hechos, a mi entender preocupantes, de los que he tenido conocimiento por mi labor profesional.

En el mes de agosto concurrió a consulta en el Servicio de Adolescentes de la Asociación Española, donde trabajo como médico general y médico jefe, una joven de 14 años, a quien llamaremos C. para preservar su privacidad. Estaba embarazada de 12 semanas, y concurría para comenzar sus controles con la ginecóloga de¡ servicio. No presentaba patología obstétrica, ni riesgos agregados desde el punto de vista orgánico, social ni cultural.

Esta joven cursaba el 3er. año de Ciclo Básico en el colegio religioso Divina Pastora. Cuando en dicha institución se tuvo conocimiento de su embarazo, se le comunicó que le iban a dar el pase a otro Colegio, cosa que la joven no deseaba. Es una buena alumna, que desea continuar sus estudios, y concluir el año lectivo.

Enterados en este Servicio de ese hecho, nos comunicamos con la Directora del Colegio, quien manifestó que efectivamente había sucedido lo que la joven relataba, que no podía volver al Colegio, y que esa era su opinión, y que no tratáramos de hacerla cambiar. También dijo que Ia niña debe ahora ocuparse de su crío, no puede madrugar' y "debería haberlo pensado mejor antes de hacer eso" (sic). A la pregunta de dónde piensa que C. debe concurrir de ahora en más, dijo que debía concurrir a un liceo público.

Habiendo tomado yo conocimiento de esto, he decidido comunicarlo a ustedes, en el entendido de que si bien los colegios religiosos pueden darse la normativa que consideren conveniente, ésta no puede contradecir ni violar normas más elevadas que rigen en nuestro país, y que hacen a la esencia misma de nuestro ser nacional, como la obligatoriedad de la enseñanza, la igualdad ante la ley, la no discriminación, y la protección a la familia, como base de la sociedad organizada democráticamente.

Conocemos, porque tratamos con ello todos los días, la problemática del embarazo adolescente, y el hecho de que constituye un factor importantísimo de riesgo para el abandono de los estudios. Sabemos que si no reforzamos a nuestras adolescentes para que continúen dentro del sistema educativo, las posibilidades de que abandonen el mismo y pasen a engrosar las filas de la ignorancia y la pobreza, aumentan vertiginosamente.

Sabemos también que se deben emprender acciones que lo prevengan, pero una vez consumado el hecho, nuestra obligación como adultos, seamos médicos, educadores, o responsables de las políticas públicas, es minimizar los riesgos para estas jóvenes, para que puedan continuar evolucionando, sin que el hecho de tener un hijo constituya un handicap, y mucho menos un estigma. Debemos además tener en cuenta que ese daño se duplica, puesto que el riesgo se traslada también al hijo que nacerá.

Es por eso que le dirijo estas líneas, de las que enviaré copia a la Junta Arquidiocesana de Colegios Católicos, para que juntos podamos encontrar una solución a estos lamentables episodios, y así evitar que se repitan en el futuro.

Quedo a su disposición para las aclaraciones y comentarios que estime necesarios y le saludo con mi mayor estima,

Laura Batalla