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Rumbo a los referéndums

Rumbo a los referéndums

    Diversos grupos de ciudadanos y organizaciones sociales están promoviendo, desde el año pasado, distintas movilizaciones con el objetivo de recolectar firmas para derogar leyes impulsadas por el gobierno que, algunos casos, habían sido consideradas prioritarias por parte de las autoridades.

    Más allá de presentarse como "apolíticas", debido que tendrán su definición a fines de 2018 y al involucramiento de algunos actores políticos , en algunos casos será inevitable que sean teñidas por un condicionamiento electoral.

    El año pasado empresarios y comerciantes del interior iniciaron una campaña de recolección de firmas con el objetivo de convocar un referéndum y modificar la Ley 19210, que instauró la “Inclusión Financiera”.

    Una “cruzada libertadora” que se inició en Treinta y Tres, con la reunión de varios centros comerciales del este del país, cuya primera idea había sido la de convocar a un “apagón de tarjetas”, exhortando a los consumidores a realizar sus compras solo con dinero en efectivo.

    Es que el punto central del rechazo a esta iniciativa radica en su artículo 64, que iguala ambas modalidades de pago. En especial que un comerciante no puede darle al cliente un descuento especial por pagar en efectivo.

    La campaña cuenta con el apoyo del Centro de Almaceneros, Minoristas y Baristas (CAMBADU) y la Confederación Empresarial del Uruguay y, según dijo a Rompkbzas Miguel Brun, presidente del Centro Comercial de Treinta y Tres, viene siendo un éxito...

    En líneas generales en esos departamentos se llegó al 10% mínimo del padrón electoral que se había tomado como base y ahora se apunta a duplicar las firmas.

    Es que, dado el tiempo en que se planteó la reforma y los plazos que quedan para el próximo acto eleccionario es el único camino que le resta a sus promotores.

    Otro de los puntos más resistidos por los comerciantes es el referido a los “altos aranceles” que deben afrontar a la hora de aceptar el pago con plásticos. En este caso, el gobierno ha reaccionado aplicando una rebaja que está vigente desde el 1 de febrero.

    Hasta el momento el arancel por pago con débito era de entre 2% y 2,2% según el tipo de comercio. A partir de la semana pasada no podrá superar el 1,5%. En el caso de las operaciones con crédito, la tasa máxima a cobrar será de 4%.

    Por otra parte está la obligatoriedad expresa de abonar salarios o, en determinadas circunstancias, las jubilaciones por medios electrónicos.

    Brun se preocupó en aclarar que la postura no es derogar toda la ley sino, justamente, los aspectos obligatorios que implica...

    Esta recolección de firmas tendrá una incidencia directa en el proceso electoral, ya que blancos y colorados se han involucrado directamente en la campaña a través del reparto de papeletas por parte de varias de sus agrupaciones. Incluso líderes partidarios como Luis Lacalle Pou o Jorge Larrañaga han llamado en forma expresa a firmar.

    La inclusión financiera es uno de los puntos que las gremiales agropecuarias y los productores autoconvocados elevarán el lunes 19 al presidente Tabaré Vázquez en la reunión que fue convocada a los efectos de discutir la problemática del campo.

     Curiosamente no es la única campaña que pretende someter la Ley a referendum. En paralelo se está desarrollando otra, llevada a cabo por el Movimiento Popular contra la Bancarización Obligatoria”, uno de cuyos principales referentes es el abogado Gustavo Salle.

    Consultado por Rompkbzas, admitió que, en su caso, la recolección viene muy lento....

    Salle estimó que ya cuenta entre 30 mil y 50 mil firmas y afirmó que a corto plazo pasará a coordinar con la campaña de los comerciantes.

    En los dos casos se optó por la vía  que implica la necesidad de reunir alrededor del 10% del padrón electoral.

    A nivel político, la campaña de Salle cuenta con el apoyo de la Unidad Popular.

    Más allá de las diferentes posturas, en ambos casos se sostiene que la ley “está hecha par los bancos”. Vale decir que antes de la aplicación de la normativa, la operativa con tarjetas de débito apenas superaba los US$ 70 millones anuales. En tanto, se estima que el año 2017 cerró con operaciones por casi US$ 6000 millones.

    A mediados del año pasado un grupo de trabajadores y jubilados "sin afiliación política" lanzaron una campaña de firmas para convocar un referéndum con el objetivo de impedir que las jubilaciones y pensiones puedan ser gravadas con impuestos.

    El planteo es claro y es derogar el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), un tributo que recauda unos US$ 100 millones anuales.

    El grupo se autodenomina "Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución" y busca someter la propuesta a consideración de la ciudadanía en las próximas elecciones nacionales.

    Para eso también tienen que recibir el apoyo del 10% del padrón electoral. En este caso se da una situación curiosa. Las firmas deberán ser más  que las personas que, eventualmente, son afectadas por el tributo, estimadas en unas 165 mil.

    Así lo admitió el dirigente Carlos Sarhou.

    Sarthou es uno de los principales dirigentes del movimiento de jubilados alternativo al oficial, la ONAPJU, cuyo presidente, Sixto Amaro, integra el directorio del Banco de Previsión Social.

    Vale decir que este tributo fue creado luego que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a los jubilados.

    Consultado, Sarthou no quiso estimar cuántas firmas se llevan recolectadas, ya que todavía no se recibió información sobre las papeletas que fueron distribuidas al inicio de la campaña.

    Según sostuvo, los más activos han sido los retirados militares, que han recolectado hasta el momento unas 20 mil firmas,.

    En este caso, los principales líderes partidarios de la oposición también apoyan la recolección de firmas y el planteo de derogar el IASS.

    En enero, en tanto, comenzó la campaña para la recolección de firmas de una norma aprobada en octubre con mucha polémica en el Parlamento, como la Ley de Riego.

    La recolección es impulsada por la Federación de Funcionarios de OSE, los docentes de la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU).

    Los argumentos para la oposición a la norma son variados. Van desde las consecuencias ambientales que tendrá su aplicación, su impacto sobre la producción familiar y que, según sus detractores, terminará privatizando el agua.

    Así lo dijo a Rompkbzas el docente Nicolás Marrero....

    En el caso de los pequeños productores muchos de ellos fuertemente endeudados,Marrero sostuvo que mediante la operativa prevista en la Ley de Riego podrá serles cortado el suministro, algo que hoy no sucede.

    La campaña recién empezó y sus promotores tendrán en marzo una primera reunión de evaluación que servirá para tener un panorama claro. Los cálculos indican que, para llegar a tiempo, se necesitan unas 90 mil firmas por mes.

    En ese sentido, Marrero marcó la necesidad de que el movimiento sindical, el PIT CNT, se involucre directamente en la movilización, algo que hasta el momento no ha sucedido...

    Por otra parte desde el Partido Colorado se está promoviendo una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum el "artículo 15" de la vigente Rendición de Cuentas, que habilitó al Estado a posponer, en determinadas condiciones, el pago de sentencias judiciales adversas si no existe previsión presupuestal.

    El planteo es promovido por el convencional José Luis Franzini Batlle, que pretende revertir los efectos de una norma que, curiosamente, fue aprobada gracias al voto del otro colorado, Fernando Amado.

    El argumento es que es lesivo para la separación de poderes, supedita el cumplimiento de sentencias de la Justicia a la voluntad del gobierno y el Parlamento y, por lo tanto, es claramente inconstitucional.

    Además, un grupo de ciudadanos está juntando apoyos vía electrónica para pedir a los legisladores que aprueben un proyecto de ley, presentado a inicios de esta Legislatatura, que permita la "portabilidad numérica" habilitando que los usuarios conservan el número de su teléfono celular si cambian de compañía.

    Links a las respectivas campañas

    http://www.noalabancarizacionobligatoria.com/