COSECHANDO AMIGOS - ROMPKBZAS

¿Quién protege al torturador Eduardo Ferro?

¿Quién protege al torturador Eduardo Ferro?
©Ricardo Antúnez / adhocFOTOS - En la foto: Eduardo Ferro

    Según informa hoy el diario La República, a requerimiento del Ministerio de Defensa, se integró y comenzó a actuar un Tribunal de Honor militar para dos oficiales de la Fuerza Aérea en situación de retiro. 

    El órgano juzgará  la conducta de los militares José Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Ambos oficiales de la Fuerza Aérea fueron condenados el 6 de febrero de 2013 como autor y co autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, calificado como crimen de lesa humanidad, a la pena de 19 y 16 años de penitenciaría, respectivamente, por la muerte de Ubagesner Chavez Sosa, cuyos restos fueron ubicados enterrados en una chacra cerca de Pando en el año 2005.

    El Tribunal de Honor quedó integrado por el Brigadier General Hugo Marenco (presidente); el Brigadier General José Visconti (vocal) y el Brigadier General Luis De León (vocal-secretario)

    Según el Observatorio Luz Ibarburu, son 308 las causas abiertas por delitos cometidos durante la dictadura, presentadas desde 1985 hasta la fecha. De ese total, 157 están en la etapa de presumario (por el viejo CPP) es decir que aún continúan en la etapa de investigación judicial sin que haya habido pronunciamiento de la Justicia.

    Otras 39 se acumularon con otras causas iniciadas anteriormente, y en otra se declinó competencia de un juzgado de Tacuarembó hacia Montevideo. Un total de 87 denuncias fueron archivadas por decisión de los jueces, a pedido de los fiscales.

    Tres están en la etapa de sumario, es decir que hubo procesamientos pero falta la sentencia de condena. Ellos son el homicidio del maestro Julio Castro por el que fue procesado José Gavazzo; de Aldo Perrini por el que fueron procesados Pedro Barneix (quien se suicidó) y José Puigvert por un delito de homicidio político en calidad de autores; y el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez (fallecido) por tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. Hasta la fecha, 13 causas ya concluyeron con la condena de los militares.

    Uno de los que acumula denuncias pero jamás fue juzgado es el coronel retirado Eduardo Ferro. El militar huyó cuando fue citado por la justicia penal para responder sobre el asesinato del militante comunista Oscar Tassino. Lograron ubicarlo en España y fue detenido a solicitud de Uruguay, pero cuando se otorgó la extradición logró fugarse y hasta ahora permanece inubicable a pesar de tener un pedido de captura emitido por Interpol.

    ¿Quién es Ferro? 

    Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, alias "Oscar", "Guillermo", "Toto", nació el 10 de abril de 1947. Ingresó al Ejército en el arma de Ingenieros en 1964. En 1967 egresó del curso "Cadet Orientation" en la Escuela de las Américas norteamericana en Panamá. En 1975 se integra a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y operó en el centro de torturas "300 Carlos". Luego estuvo en la "Base Valparaíso" donde asesinan a María Claudia García de Gelman. En 1975 fue detenido y asesinado el escribano Fernando Miranda, Ferro está acusado de ser quién lo mató con un golpe de karate. Los restos de Miranda fueron ubicados en el batallón 13,  en diciembre del 2005.

    Durante 1977 Ferro operó en Argentina en el secuestro y desaparición de exiliados, algunos de los cuales fueron "repatriados" y desaparecidos en Uruguay en 1978. Ese año participa en la operación de secuestro y traslado ilegal de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, secuestrados en Porto Alegre, Brasil.

    Fue jefe de la Oficina de Contrainteligencia del Ejército y en 1980 se integra al Servicio de Información y Defensa (SID). En 1998 trabajó en la empresa "Federal Seguridad" integrada por militares y contrabandistas. Actuó como operador del contrabandista Washington Resola y en 2002 se lo denunció por presuntos pagos al Partido Colorado.

    En 2006, al ser reconocido como torturador fue despedido de un cargo gerencial del Hotel Las Dunas de Manantiales, Maldonado.

    Ferro fue señalado como uno de los responsables del espionaje militar a partidos políticos y sindicatos en democracia entre 1988 y 1991. Hechos que
    fueron confirmados ante la comisión investigadora por el capitán retirado del ejército, Héctor Alcides Erosa.

    ¿Quiénes protegerían a Ferro? 

    En la última edición de Brecha, Samuel Bixen aporta datos sobre quienes protegerían ahora al fugado.

    El coronel (r) Eduardo Ferro tiene múltiples padrinos que a lo largo de su carrera le han permitido eludir el castigo por los delitos cometidos, y más recientemente eludir el proceso de extradición desde España. Afirma Blixen y agrega “esos padrinos, que van desde presidentes y generales hasta jefes de estación de agencias de inteligencia extranjeras, explican por qué, desde 1985, cuando ignoró una citación judicial, logró esquivar el cuerpo”.

    Durante su permanencia desde 1989 en la Dirección General de Información del Estado (Dgid) como jefe del Departamento III (Operaciones), Ferro cultivó vínculos con la CIA a partir del interés común en espiar al Partido Comunista en democracia; con los servicios de inteligencia alemanes, con los que hizo varios acuerdos durante el curso que realizó en ese país; y con la comunidad de inteligencia española, algunos de cuyos integrantes conoció en Montevideo cuando se inició la vigilancia sobre ciudadanos españoles acusados de pertenecer a la Eta. Ferro fue de gran ayuda cuando aquí en Montevideo uruguayos víctimas del Plan Cóndor dieron testimonio para el juez Garzón y sus declaraciones llegaron antes a manos de los servicios españoles que a la Audiencia Nacional.

    Blixen dice que “para cuando los tribunales españoles otorgaron finalmente la extradición, Ferro ya estaba en libertad. Fuentes españolas vinculadas a organismos de derechos humanos afirmaron a Brecha que hubo desinterés de las autoridades uruguayas en todo el proceso del trámite administrativo de la extradición. El responsable en Madrid de dicho trámite era el embajador Francisco Bustillo. Al parecer no se habría cumplido con los términos del tratado que taxativamente requerían que se concretaran los trámites en el primer mes de la detención del reclamado. Al cumplirse el mes de detención, Ferro quedó en libertad, y su paradero se desconoce. La justicia uruguaya reiteró ante Interpol un pedido internacional de captura, pero según las fuentes españolas Ferro goza de la protección de lo que denomina “cloaca de los servicios”.
    La displicencia en Madrid tuvo su contraparte en Montevideo. Según las fuentes, la cancillería uruguaya descartó la propuesta de que se designara en Madrid a un abogado para realizar el seguimiento y los trámites del proceso de extradición. La cancillería hasta ahora no ha dado ninguna explicación sobre el desenlace del episodio. Habitualmente un trámite de extradición no tiene mayores secretos: la justicia lo solicita y la cancillería lo tramita a través de su embajada. Resulta significativo que haya habido problemas justo cuando se trataba de que regresara a Uruguay para responder ante la justicia

    Miembro del OCOA y del SID, Ferro gozó de la protección del general Fernán Amado, director de la DGID, cuando desde la jefatura del Departamento III monitoreó el espionaje contra partidos políticos y organizaciones sociales en el proceso de junta de firmas para la derogación de la ley de caducidad, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Recientemente el ex presidente ha aclarado que nunca dio orden de realizar ese espionaje.

    Al comienzo de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, Ferro fue desvinculado de la inteligencia, pero fue restituido en la DGID al comienzo de la segunda presidencia de Sanguinetti.

    Durante ese paréntesis, desde su nuevo destino como jefe del Batallón de Ingenieros 2, montó un sistema de espionaje clandestino contra militantes del Partido Nacional. Dicho episodio no tuvo consecuencias, y su superior, el general Juan Curutchet fue, junto con el general Amado, uno de los tres generales que entendieron en 1996 en el tribunal de honor solicitado por el propio Ferro, quien acusaba a sus dos colegas, los coroneles Carlos Silva y Tomás Casella, de haber filtrado información que fue publicada por el diario La República y que afirmaba que había intentado reclutar como espía a un chofer del presidente Sanguinetti. Ferro atribuyó la maniobra a los “celos profesionales” de sus dos colegas, que coincidieron con él en la inteligencia; uno, Silva, como jefe del Departamento II (exterior) y otro, Casella, como jefe de la Compañía de Contrainformación.

    En sus declaraciones ante el tribunal, Ferro negó la acusación de reclutamiento del chofer de Sanguinetti. “¿Para qué?”, se preguntó. Y agregó: “Tengo que decir que tengo una amistad personal con el secretario privado del doctor Sanguinetti (Ernesto Laguarda)  amistad que nace hace mucho tiempo en un club de pesca”, recuerda el periodista Blixen.