Resumen de noticias

Primera Zona Nacional

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    Las noticias del mundo en la Primera Zona de Rompkbzas.

    La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria –FENAPES- resolvió adherirse al paro de 24 horas propuesto por la Asociación de Enseñanza Secundaria (Ades) para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

    El objetivo del paro, a una semana de que hayan empezado las clases, es adherirse a las actividades que se realicen por la conmemoración del día de la mujer.

    En asamblea general, Fenapes decidió además declararse en conflicto en rechazo a que el comienzo de clases sea este primero de marzo, entendiendo que muchos liceos no se encuentran en condiciones edilicias. Entre ellos destacan el de Bella Unión, que tiene serios problemas en los baños, el 4 de Melo y el 9 de Colón en el que caía agua del techo. A esto se suma que los liceos 1 y 2 de Dolores, todavía no están totalmente reparados de los daños del tornado, por lo que las clases deberán impartirse como hasta ahora en contenedores.

    El presidente de la federación, Marcel Slamovitz, dijo a Telenoche que si bien no afectarán el comienzo de clases, si realizarán otra asamblea evaluatoria el 18 del próximo mes en la que se podrían decidir medidas.

    Fuentes: El País - Telenoche


    La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contrató en marzo del año pasado y de forma directa a una empresa a la que tres meses antes se le había quitado una concesión por presuntas irregularidades en el llamado, y la compañía sigue brindándole servicios hasta el día de hoy, en lo que representa una nueva irregularidad detectada en la gestión de la ex presidenta, Susana Muñiz.

    El llamado, que había sido abierto en abril de 2016 con el objetivo de contratar peones para el Hospital Pasteur, fue adjudicado al mes siguiente a la empresa Ankarus SA –que cumplió funciones durante siete meses–. En diciembre de ese año ASSE decidió que la licitación quedara sin efecto porque había "contradicciones" en el pliego, y aunque el organismo se comprometió a realizar otro llamado a licitación, al final incumplió con esa promesa y en marzo de 2017 Ankarus SA fue contratada de nuevo, esta vez en forma directa.

    El Tribunal de Cuentas (TCR) observó en julio y en octubre de 2017 ese gasto debido a que no se abrió una nueva licitación para contratar el servicio de peones.Pese a la objeción del organismo, ASSE decidió reiterar el gasto y, cada tres meses, le paga $ 7.535.337 (unos US$ 250 mil) a la empresa. La licitación abierta en marzo de 2016 había sido dejada sin efecto luego de que otra empresa, Teregal SA, se quejara de las condiciones en las que fue llevada a cabo.

    El semanario Búsqueda informó en agosto de 2017 que el TCR objetó el 90% de las contrataciones en el Pasteur: $ 80.741.765 (unos US$ 2.700.000) de los $ 89.365.629 (casi US$ 3 millones) que se ejecutaron.

    Fuente: El Observador


    A pedido del fiscal Luis Pacheco, la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu resolvió archivar el expediente sobre supuestos sobrecostos en los pagos que que Alcoholes del Uruguay (Alur) le hizo a Abengoa para la construcción de la planta de bioetanol.

    La denuncia penal la había realizado el abogado Gustavo Salle, basado en las declaraciones del ingeniero Gabriel Pérez Morgan, representante de la empresa brasileña Serrana Bioenergía, quien -ante la Comisión de Industria del Senado- cuestionó el proceso de licitación. Ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco, Pérez Morgan afirmó que la construcción de la planta costó aproximadamente el triple de los precios internacionales, y que Serrana Bioenergía había manifestado interés en realizar la obra a un precio sensiblemente inferior, pero que no fue tenida en cuenta.

    A juicio de la Fiscalía, no se pudo determinar la existencia de delitos, y que Alur era una empresa privada, y por lo tanto, no está obligada a realizar una licitación publica. Asimismo, se afirma que Serrana Bioenergía se presentó al llamado cinco meses después de finalizado el plazo para presentar las ofertas.

    Además, los peritajes ordenados por Pacheco no detectaron la existencia de sobrefacturación en los costos de la planta.

    El abogado de ALUR, Gumer Pérez, afirmó en La Mañana de El Espectador que “no surgen evidencias de delitos de corrupción en que podían haber incurrido directores y gerentes de Alur.

    La Lista 711 celebró este domingo la decisión judicial en una denuncia que apuntaba directamente al senador de ese sector y ex presidente de la empresa, Leonardo De León.

    “En los últimos tiempos hemos asistido al circo de la judicialización con fines políticos, sostenida por actores de la derecha, sus potentes medios de comunicación de masas y la fuerte presencia en redes sociales para ejercer una enorme presión pública con un objetivo concreto”, sostuvo el grupo a través de un mensaje.

    El objetivo, según su visión, era debilitar la determinación de quienes consideran sus enemigos, intentando minar su imagen pública. “De este tenor son los que han venido teniendo la Lista 711 con el fin de perseguir el desprestigio de la gestión de los compañeros Raúl Sendic y Leonardo De León”, se aseguró.

    El archivo de las actuación había sido adelantado el jueves pasado por Salle en Rompkbzas, que apuntó a un ejemplo de los sobreprecios que, al mando del actual senador, Alur pagó por la obra.

    Fuentes: Ecos – La Mañana de El Espectador – Rompkbzas


    El movimiento de productores Autoconvocados  “Un solo Uruguay” se reunirá mañana en Colonia del Sacramento para analizar posibles medidas de protesta. 

    Algunas de las propuestas que maneja el movimiento son realizar un acto en Montevideo y enlentecer el ingreso de camiones a las plantas de Montes del Plata y UPM.

    “Un Solo Uruguay” decidió retirarse de la mesa de trabajo convocada por el Poder Ejecutivo, hasta que no se atiendan los reclamos de los productores que integran el movimiento.

    Fuente: Carmelo Portal. 


    La Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos (Andebu) expresó su preocupación ante la decisión de Presidencia de "contratar un servicio de monitoreo de medios de comunicación para conocer, entre otros, el tono con que se tratan las noticias".

    En un comunicado afirman que los medios de comunicación son "elementos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión" y que el mecanismo de monitoreo propuesto en el llamado a licitación de Presidencia es entendido como un "mecanismo de control sobre periodistas, comunicadores y medios de comunicación puede afectar la forma en que se realiza la cobertura".

    El gobierno abrió una licitación abreviada para la "contratación de los servicios de Monitoreo de Medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa relacionados con las acciones e iniciativas que lleva adelante la Presidencia de la República", según dice el pliego de la licitación.

    La empresa contratada tendrá que realizar tres informes con el tema que se le indique y dichos informes deberán presentar un "análisis cuantitativo y cualitativo". "Deberán señalar alcance, fecha, temas consultados, voceros, los medios en los que se publicó, valoración en la agenda mediática, y el tono con el que se publicaron dichas noticias".

    Este llamado motivó que el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, realizará un pedido de informes para saber "cuál es el sentido y la justificación de la contratación y, entre otros aspectos, el papel de la Secretaría de Comunicación y el alcance de los informes cualitativos que deberá realizar la empresa".

    Fuente: El Observador


    Unos 600 ahorristas del Banco Hipotecario, que iniciaron un juicio civil contra la entidad bancaria por unos 7 millones de dólares por enriquecimiento injusto, analizan ahora presentar una queja ante organismos internacionales. 

    Los denunciantes entienden que Uruguay no reportó la violación de los derechos humanos de 22.500 ahorristas que enfrentan un incremento abusivo de la Unidad Reajustable en los últimos años. En agosto de 2013, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo instó al Banco Hipotecario a propiciar mecanismos que permitiesen la revisión de los contratos de los ahorristas para "restablecer la ecuación económica" de los mismos, evitando así "un enriquecimiento injusto" del banco y "una pérdida en la equidad de la prestación" para la obtención de la vivienda para muchos uruguayos.

    Uruguay está obligado a reportar a organismos internacionales cada situación que surja de eventuales violaciones a los derechos humanos. Para ello, el país cuenta con la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de los Derechos Humanos, que depende de la Presidencia de la República, y la Dirección de Derechos Humanos que funciona bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, en este caso, Uruguay no incluyó en los listados de cuestiones que envía a la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación de los ahorristas afectados por el incremento de la Unidad Reajustable por encima de la inflación.

    En la demanda, los ahorristas no piden quitas ni modificaciones de los contratos firmados, sino que el banco cumpla el contrato de buena fe, es decir, que no cobre más de lo acordado. Los ahorristas probaron que documentos del propio banco reconocían que se generó esta diferencia sustancial. En cambio, la tesis expresada por el BHU es que "a veces se pierde y a veces se gana" cuando se firma un contrato.

    Fuente: El País


    En los últimos días se conoció una investigación realizada por el investigador uruguayo Fernando López D’Alesandro, con detalles sobre el vínculo que existía entre el ideólogo del Partido Socialista Uruguayo, Vivian Trías y el servicio secreto de Checoslovaquia (STB). 

    De acuerdo al documento, elaborado como una continuación del trabajo de los historiadores brasileños Mauro Krasinski y Vladimir Petrilák, se estableció que Trías había creado un informe para sus superiores de la inteligencia checoslovaca, a comienzos de la dictadura argentina, mostrando una versión optimista de lo que estaba sucediendo bajo el régimen de Jorge Rafael Videla.

    En su informe, Trías consideraba que “El golpe militar del 24 de marzo se asemeja a una pausa en un país tremendamente convulsionado. Una pausa ordenadora para rever problemas, soluciones y perspectivas. Esto es válido para todos los sectores y es positivo dada la ausencia de otras alternativas mejores”. 

    Según sus textos, los casos de violación a los derechos humanos no existían como tales y se aseguraba que “el grueso” [de los presos políticos] estaba “constituido por funcionarios y jerarcas del gobierno”.

    Esta afirmación estaba basada en las declaraciones del general interventor de Buenos Aires, Adolfo Sigwald, quien expresaba que “En todos los procedimientos y actitudes se ha procedido muy cuidadosamente, sin revanchismo, procurando tranquilizar y pacificar”.

    Fuente: La Diaria.  


    Las sospechas de nepotismo por la contratación de familiares y personas cercanas por parte de jerarcas públicos alcanzó en las últimas horas al presidente Tabaré Vázquez. El suegro del hijo mayor del mandatario se desempeña en el equipo de seguridad presidencial.

    Se trata de Enrique Estévez, padre de Cynthia, la esposa de Álvaro Vázquez. Ha formado parte de diversas misiones y oficiales y viajó junto al presidente en el país y hacia el exterior, según varias resoluciones de Cancillería.

    A través de Twitter, el periodista Ignacio Álvarez informó este domingo que Vázquez le comunicó que está dispuesto a cesar a su consuegro si existe sobre el caso un dictamen adverso por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

    Fuente: Subrayado


    El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la contratación directa por parte del Ministerio de Economía (MEF) de la agencia de publicidad Amén SA (por unos US$ 150 mil) para que realice una campaña de comunicación de los "beneficios" de la inclusión financiera.

    Como argumento para saltearse el mecanismo de licitación, el MEF adujo motivos de "urgencia" y contrató a la agencia en octubre del año pasado, pero el proceso no convenció a la contadora delegada, que observó el gasto en primera instancia.

    Cuando el MEF lo reiteró sin dar mayores explicaciones, el Tribunal volvió a observar la contratación y envió la resolución a la Asamblea General. A pesar de ello Astori volvió a firmar una resolución en la que reiteró el gasto.

    Fuente: El Observador


    El Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio del Interior realizarán una investigación para determinar si existieron irregularidades en la contratación de José Sánchez , el guardia de seguridad que fue baleado el pasado sábado 17 de febrero, durante el asalto a un supermercado de La Blanqueada. 

    Según informó EL Obsrevador, el trabajador venezolano fue registrado en el BPS el mismo día en que ocurrió el violento hecho y no contaba con la habilitación necesaria de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe) para desempeñarse  como guardia de seguridad.

    El inspector general del Trabajo Gerardo Rey señaló que se averiguará si ese fue "su primer día de trabajo o si hay un registro tardío" del funcionario.

    Mientras tanto, Sánchez continúa internado y permanece el riesgo de perder la movilidad de sus miembros inferiores. Su abogado, Roberto Gossi, explicó a Teledoce que el guardia se encuentra en un estado reservado y están esperando el diagnóstico médico para ver la posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente, ya que tiene un proyectil alojado en la médula.

    Fuentes: El Observador y Teledoce.


    El Estudio Lecueder proyecta la construcción de dos nuevos shopping centers en la zona norte de Montevideo, una vez que se completen las obras del centro comercial que estará ubicado en el predio de Avenida Italia y Mariscala.

    Se trata de un plan del "mayor emprendedor inmobiliario comercial del Uruguay que quiere llevar su éxito a barrios de ingreso bajo de la ciudad", según relató la agencia Bloomberg en una entrevista al director de la firma, Carlos Lecueder.

    La inversión prevista será de US$ 30 millones para cada centro y provendrá de inversores privados, préstamos bancarios y el dinero que diferentes empresas pagarán por instalar allí sus locales. En la entrevista, Lecueder señala que el norte de la ciudad está subatendido desde el punto de vista comercial y que la oportunidad es aún mejor si se considera que el poder adquisitivo se eleva año a año.

    Fuente: Bloomberg.