Resumen de noticias

Primera Zona Nacional

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    Las principales noticias locales en la Primera Zona de Rompkbzas.

    El gobierno envió las venias al Parlamento para la designación del nuevo directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Marcos Carámbula será el titular del organismo. 

     El directorio se completa con Marlene Sica y Julio Martínez.

    La designación de Marcos Carámbula para sustituir a Susana Muñiz hizo que volvieran a relucir denuncias de nepotismo durante su gestión como intendente de Canelones.

    Según dijo el edil de ese departamento, Joselo Hernández, a El Observador, Carámbula tiene un "historial de acomodos" en la comuna, que dirigió entre 2005 y 2015. Entre los casos relató el de la nuera, designada en la Dirección de Turismo. También estuvo el primo de la esposa, como director de Desarrollo Social.

    Según afirmó Hernández, edil nacionalista, estos casos fueron denunciados "reiteradamente" ante la Junta Departamental de Canelones, pero "el Frente Amplio decidió no continuar con el tema".

    A todo esto el Partido Comunista respaldó este jueves a nivel personal y político los "innegables logros" alcanzados por Muñiz al frente de ASSE y su "compromiso innegable con la ética". Según sostuvo el secretario general, Juan Castillo, la ex jerarca "no tiene nada de que arrepentirse".

    Castillo habló de una "ofensiva ideológica, política y mediática de la derecha, que quiere la restauración neoliberal". En ese marco englobó a las múltiples denuncias que sobre las últimas gestiones en el organismo fueron presentadas ante la Comisión Investigadora en Diputados.

    El secretario general habló del poder corporativo, empresarial y mediático que aplicó una batalla constante para que "todos los días" la gestión de Muñiz fuera cuestionada.

    Fuente: El País - El Observador - Ecos.


    Las 10.000 certificaciones médicas solicitadas hasta fin del año pasado al Banco de Previsión Social –BPS- estaban pendientes de una valoración técnica. Por lo que el gerente interventor de Evaluación de Incapacidad prestó su firma electrónica a cinco certificadores de la Junta Médica para agilizar los procedimientos.

    Del total de certificados, unos 800 fueron catalogados como de situación crítica por corresponder a pacientes oncológicos. El procedimiento establece primero un peritaje médico y luego un examen de al menos dos galenos.

    La situación fue denunciada ante el BPS en noviembre de 2017 por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En el sindicato se informó que el gerente entregó su contraseña de acceso a la firma electrónica y laptops a cinco médicos para que pudieran realizar los procedimientos desde sus propias casas, situación que constituye "una falta grave", según el gremio, por violar el Reglamento de Responsabilidad Administrativo y el Estatuto del Funcionario del BPS.

    Según la denuncia, "se generó un plan para el tratamiento de los dictámenes médicos con conexión remota con laptops conformando comisiones técnicas a domicilio". La asociación considera que para que "se pudieran cerrar los dictámenes se requería de dos firmas de técnicos, por lo que cada uno de los profesionales —fuera del recinto del BPS— debería trabajar con una segunda firma, con la rúbrica electrónica del gerente interventor del sector".

    La secretaria general del sindicato, Silvia Lema, dijo a El País que "la irregularidad es que el dictamen técnico debe salir de una comisión técnica" y que el gerente "pone en jaque a todo el sistema" porque la contraseña de acceso sirve para ingresar a todo el sistema". Según calcularon en el sindicato, cada médico procesó 10 historiales clínicos por día durante cuatro meses, por lo que la cifra total llega a unas 800 constancias formadas.

    El gremio solicitó una investigación administrativa de los hechos denunciados. El gerente fue asesor de la directora del BPS, Rosario Oiz, pero luego de las irregularidades registradas en el sector de certificaciones se lo designó como gerente interventor.

    Fuente: El País


    Los servicios de AFE cumplen 22 días de paralización, debido a una huelga iniciada por la Unión Ferroviaria en rechazo al despido de varios trabajadores, según explicó el director de AFE en representación del Partido Nacional, Alfonso Lereté.

    Lereté dijo que el directorio hizo un pedido por escrito al presidente del ente para que presenten los documentos que comprueben los delitos presuntamente cometidos por estos funcionarios, pero todavía no los han recibido.

    Por su parte, el presidente de la Unión Ferroviaria, Carlos Aramendi, dijo a El Espectador que los despidos surgieron en medio de las negociaciones por reestructura, y consideran que este es un claro caso de persecución sindical.

    El sindicato asegura que la única forma de destrabar este conflicto es con el reintegro de los cuatros funcionarios del taller.

     Fuente: Espectador


    Declara ante la Justicia el abogado Juan José Ayala, acusado de ser el presunto autor de una amenaza contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Si bien se trata de una causa concreta, el hecho está enmarcado en el debate que genera el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal.

    Una normativa que tiene a los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana como principales detractores y que justamente asumieron la defensa del implicado en las amenazas al jefe del Ministerio Público.

    "Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle". Ese fue el mensaje que le llegó a Díaz a mediados de noviembre en su oficina. A partir de allí la Fiscalía inició una investigación judicial. Tras escuchas telefónicas con orden judicial logró llegar al abogado en cuestión.

    Lo cierto es que en una de las llamadas telefónicas que se le interceptaron aclaró que e sabía que lo estaban investigando y que por ese motivo decidió esconder un arma que tenía en su poder para que no la encontraran si en algún momento llegaban a hacer un allanamiento en su hogar.

    Uno de los destinatarios de esas llamadas fue Salle. Hoy se iniciará el juicio oral y público donde el acusado será defendido por el exfiscal Enrique Viana, y quien resultó la víctima en este caso, el fiscal Jorge Díaz, será defendido por el abogado Jorge Barrera.

    Salle aclaró que por más que esté en las escuchas no está implicado en la investigación por la amenaza. Así también lo dejó en claro el fiscal Díaz en su declaración de ayer. Pero sí remarcó que su malestar y discrepancia con Díaz es real y puede aparecer en parte de las escuchas.

    "Tengo diferencias de carácter técnico e ideológico", remarcó y agregó que esas diferencias las expresa de forma "absolutamente frontal y leal".

    Una de las alternativas que maneja la defensa, según dijo Viana en diálogo con La Mañana de El Espectador, es presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal.

    El abogado del Fiscal de Corte es Jorge Barrera, que dijo que se está ante una investigación que debe ser ejemplarizante, y de alta gravedad. "Estamos frente a una situación muy grave por lo que implica desde el punto de vista institucional", dijo Barrera y recordó que Díaz es uno de los jerarcas del Estado encargados de velar por la seguridad ciudadana.

    Según publica a esta hora Montevideo Portal, Viana aseguró que un arma que fue incautada no pertenece a su defendido, sino que es uno de sus clientes que se la dio “en custodia”.

    Fuente: El País – El Espectador – Montevideo Portal


    Un subsecretario de la Presidencia de Argentina que ocultó un depósito de US$ 1,2 millones en un banco en  Andorra involucró a Francisco "Paco" Casal como el verdadero propietario de ese dinero.

     Se trata de Valentín Díaz Gilligan, que además ocultó incluir en su declaración jurada la posesión de esa cuenta, que operó entre 2012 y 2014, cuando se desempeñaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El dinero estaba a nombre de Line Action, una empresa británica dedicada a la intermediación en pases de futbolistas, propiedad de una firma panameña llamada Nashville North, de la que el funcionario era accionista.

    Así lo indicó un informe divulgado por El País de Madrid, que ya publicó varias investigaciones relacionadas con depósitos sospechosos que figuraban en la Banca Privada D'Andorra.

    Consultado por ese medio, Díaz Gilligan fue claro. "La plata nunca fue mía", aseguró. "Paco Casal tenía algunos problemas en Uruguay y me pidió el favor.Tenía un juicio en Uruguay y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía"", sostuvo.

    "Paco" Casal no es el primer uruguayo que aparece conectado a la Banca Privada D´Andorra, una institución financiera investigada por su papel en la estructura de pago de US$ 200 millones en sobornos en varios países de América Latina por parte de la constructora Odebrecht.

    Además, según la investigación del periódico español, gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias.

    La conexión de la BPA con Odebrecht pasa, según El País, por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo, cuya extradición fue solicitada por ese pequeño país en los Pirineos.

    Fuente: El País (Madrid)


    De los 37400 ingresos a la función pública que hubo en 2016 unos 3330 casos, equivalentes al 8,9%, se realizaron a través del mecanismo de contratación directa.

    Así lo indica el Observatorio de Recursos Humanos de la Oficina Nacional de Servicio Civil relevado por Cívico,una organización  que "busca promover y profundizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana" en el país.

    El relevamiento indicó que, del total de designaciones directas, solo el 0,9% correspondió al Poder Ejecutivo y el 0,8% a los entes estatales. A los entes autónomos les correspondió el 5% del total.

    Los gobiernos departamentales, en tanto, fueron responsables del 56,2% de los ingresos por esta vía, que aparece allí como una práctica recurrente, sobre todo en el interior del país.

    Así, en 2016 las 19 intendencias contrataron en forma global a 2905 trabajadores. En 1632 casos, más de la mitad, lo hicieron por vía directa. Con todo, el fenómeno ha ido bajando. El 2015 representaba el 64,5% de los ingresos totales, y en 2014 fue de 64,3%.

    Los organismos departamentales son uno de los principales debes en términos de transparencia en Uruguay.

    Así, el más reciente Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), elaborado por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Universidad Católica indicó que las intendencias tuvieron una publicación activa de información en el entorno del 50%.

    Esto incluye la difusión pública de todo lo vinculado a contrataciones, salarios e ingresos de funcionarios.

    Las excepciones las constituyen Montevideo (83%) y Canelones (80%). El peor porcentaje se lo lleva Cerro Largo, con apenas 23% de publicación.

    Fuente: ECOS

     

    Un estudio de un grupo de economistas del Centro de Estudios Fiscales propone eliminar exoneraciones tributarias a la adquisición de fertilizantes y a los embalses para riego.

    El estudio denominado “Instrumentos económicos orientados a proteger el ambiente: aportes para el diálogo”, recomienda hacer exactamente lo contrario a lo que establece la recientemente aprobada ley de riego, que fomenta mediante exoneraciones tributarias la construcción de embalses.

    La investigación analiza el impacto ambiental de los instrumentos tributarios existentes y formula recomendaciones de políticas en base a ese diagnóstico, partiendo del concepto de que la tributación es una de las herramientas más efectivas de protección del ambiente.

    Con excepción de los impuestos a los combustibles, Uruguay no cuenta con tributos ambientales, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- define como impuestos “cuya base impositiva es una unidad física que tiene un impacto negativo específico sobre el ambiente”.

    El informe analiza en particular la calidad del agua, la actividad del sector agropecuario, los residuos, el transporte y la energía.

    Los investigadores advierten que Uruguay otorga “beneficios fiscales amplios” a los usuarios del agua. A su vez recuerdan que en varios cursos de agua estudiados en el país existen floraciones de cianobacterias tóxicas y que los embalses incrementan el riesgo de ocurrencia de floraciones.

    Los economistas proponen como posibilidades el cobro por agua bruta –reglamentando el canon del agua ya establecido en la normativa–, y un impuesto por las descargas de contaminantes a los cursos de agua. Entienden que el canon debería ser mayor para los contribuyentes del sector agropecuario e hidroeléctrico, que son los principales usuarios, y entre los productores agropecuarios, para los arroceros, que utilizan casi 90% del agua para riego.

    El documento afirma que la decisión que tomó OSE en 2017 de incrementar el costo de la tarifa fija de agua potable en hasta 46% para solventar los mayores costos de potabilización “no se ajusta a los principios económicos que fomentan la eficiencia, entre los que destacan ‘el que contamina paga’, ya que se está gravando al usuario y no al contaminador por la merma en la calidad”. Los investigadores proponen cubrir parte de los costos de la potabilización con un impuesto ambiental sobre los efluentes o con uno a los insumos de la producción agropecuaria.

    En materia de energía, los economistas destacan que el indicador “Producción más limpia”, de la ley de promoción de inversiones, se utilizó en mayor medida para las inversiones energéticas, y que podría fomentar otras prácticas, como el reciclado de productos y el uso eficiente del agua y el suelo.

    Mientras tanto, una revisión global publicada hace unas semanas alerta sobre la disminución del oxígeno en océanos, lo que es un problema tan grave como el cambio climático. El informe vuelve a poner al Río de la Plata entre los sitios costeros en el mundo que tienen déficit de oxígeno.

    Nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Gudynas, dijo a Rompkbzas que el Río de la PLata va cmaino a ser un "mar sin oxígeno" como la desembocadura del MIssissippi en el verano.

    Fuente: La Diaria


    La oposición expresó en las últimas horas un reclamo para que el gobierno "revise las relaciones políticas" con Venezuela, ante el silencio oficial respecto a la situación política, económica y social en ese país.

    La demanda llegó de boca del senador Javier García, apoyada por su correligionario Pablo Abdala, que se preguntó qué espera el Ejecutivo para condenar la "dictadura" de Nicolás Maduro en la que, aseguró, "se violan los derechos humanos y se anuncia una votación que no será una elección, sino un fraude".

    Esta postura también es apoyada por el Partido Independiente. El senador Pablo Mieres lamentó que, mientras el contiente "aísla a Maduro", el gobierno de Tabaré Vázquez "para vergüenza histórica", no recorre esa dirección. "La historia juzgará a este gobierno, que apañó al dictador Maduro y a su barbarie".

    La que reaccionó también fue la Iglesia Católica Uruguaya cuyo titular, Daniel Sturla, pidió "hacer algo" por los ciudadanos de ese país que soportan, dijo", una "verdadera dictadura".

    Uruguay no integra el Grupo de Lima, que en los últimos días condenó la decisión del gobierno de Maduro de adelantar para el 22 abril las elecciones presidenciales, que anticipó no reconocerá.

    Este jueves el comité ejecutivo del Partido Comunista (PCU) manifestó su "repudio" a "la escalada de intervencionismo" en la región por parte del "imperialismo yanqui". Manifestó que "el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson en una reciente gira por la región "se pronunció por un golpe de Estado" en Venezuela.

    "El imperialismo yanqui está usando todos los medios para impedir una salida a la difícil situación política, económica y social que enfrenta Venezuela", sostuvo una declaración, al tiempo de resaltar "el recrudecimiento de las sanciones económicas" contra ese país.

    Consideró el PCU que todas son "provocaciones yanquis" y llamó a "estar alerta en defensa de la paz".

    Fuente: El País - Ecos


    El Estado uruguayo ya gastó 810 mil dólares por la demanda millonaria de la empresa Conecta –perteneciente a Petrobras–.

     La empresa promueve un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional contra el Estado uruguayo por 50 millones de dólares, por “incumplimientos del contrato de concesión para el proyecto, construcción y explotación de sistemas de distribución de gas por redes para el abastecimiento de localidades, con excepción de Montevideo, en régimen de concesión de obra pública", firmado en diciembre de 1999.

    Por esta demanda la Corte Internacional de Arbitraje ordenó el pago de 322.500 dólares, cuya transferencia ya fue autorizada por el Ministerio de Economía. La provisión de gasto de la Corte Internacional fue fijada en 645.000 dólares, aunque la cifra puede ser reajustada. Por otra parte, el Poder Ejecutivo autorizó a fin de año la contratación de la firma Macroconsulting SA para que asesore y patrocine al Estado en el proceso. La empresa elaborará un memorial de contestación de la demanda con un costo de 165 mil dólares. Por los dos conceptos ya se acumulan 810 mil dólares de costo, antes de que inicie la demanda.

    Fuente: El País