Resumen de noticias

Primera Zona Nacional

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    Las principales noticias locales en la Primera Zona de Rompkbzas.

    El personal de la empresa Prosegur realiza un paro de 24 horas desde las 6 de la mañana en respuesta a un intento de robo a remesa donde un guarda resultó herido. 

    El camión de Prosegur llevaba dinero a un banco ubicado frente al ex edificio Libertad, cuando 4 delincuentes intentaron asaltarlo, lo que provocó un tiroteo con los policías que realizaban el servicio 222 de vigilancia, dejando a un guardia y a un policía baleados, pero fuera de peligro.

    Los trabajadores del diario El Observador reclamaron la aplicación de un "subsidio a la prensa escrita de Montevideo" ante las dificultades que enfrenta el sector y se reunirán con la empresa el viernes para negociar una alternativa al despido de diez empleados del diario.

    Luego de reunirse en asamblea, la Asociación de Trabajadores de El Observador –ATEO- emitió un comunicado en el que señala que los despidos "generan situaciones de profunda consternación personal y familiar", además de "preocupación con relación a sus destinos laborales". Según el sindicato, varios de los despedidos "contaban con una larga trayectoria en este medio y les resultará difícil reinsertarse dada la fragilidad que atraviesan los medios de comunicación".

    Los trabajadores reclaman "retomar la discusión" con la empresa y generar "cursos y recapacitaciones para los cargos que, de acuerdo a la empresa, puedan estar en peligro de perderse".

    Por otro lado, ATEO plantea "aplicar un modelo de subsidio a la prensa escrita de Montevideo, al igual que ocurre con el Fondo de Fomento de prensa del interior del país", para no solo salvar las fuentes de trabajo, sino también para “garantizar la libertad de expresión que define al propio sistema democrático".

    Mientras tanto, los trabajadores de Radio Uruguay realizarán un paro el próximo lunes 19 exigiendo respuestas al atraso salarial que los afecta.

    Fuentes: Subrayado – Montevideo Portal – Rompkbzas


    La remoción de la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, generó malestar en filas de su sector, el Partido Comunista, que consideró que el gobierno la coloca en la misma situación que su vice, Mauricio Ardús, cuestionado por la contratación irregular de la novia de su hijo como secretaria, lo que terminó generando el descabezamiento de toda la dirección política del organismo.

    Los comunistas analizarán este jueves lo relacionado con la "camarada" Susana Muñiz, a la que le extendieron su respaldo. "El pedido de renuncia no lo voy a juzgar, pero sí voy a discrepar con la oportunidad, porque termina equiparada a la situación de otro director, no así Susana", expresó el diputado Gerardo Núñez.

    Según Dijo, Muñiz trabajó siempre desde la honestidad y con transparencia, haciendo de la Salud Pública cada vez más un derecho. "Pudieron existir errores, pero nadie puede negar su capacidad de trabajo y su empeño por cambiar cosas que se hacían mal", sostuvo. "Mi respaldo a las compañeras que se la juegan por los de abajo".

    Muñiz denunció este miércoles en su carta de renuncia una "campaña de la derecha descarnada y desleal" destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud y "condenar a ASSE a ser un prestador no competivivo".

    Una derecha, sostuvo, que entre cuyos intereses están los de algunas corporaciones a quienes no le sirve que ASSE siga liderando la reforma de la salud y mejorando.

    La ex jerarca sostuvo que, por estas razones, no pudo cumplir con todos los objetivos que se había planteado. Admitió también errores propios, que no mencionó. “Seguiré con igual compromiso y lealtad con la ética y con la salud pública”, expresó. Muñiz.

    La ex presidenta de ASSE había asegurado desconocer lo que había hecho el "compañero" Ardús pero asumió su responsabilidad. Lo hizo a través de un mensaje de whatsapp en el que le informaba de su renuncia a varios de sus correligionarios del Frente Amplio.

    A nivel oficial Javier Miranda, presidente de la coalición, respaldó la decisión del presidente Vázquez de destituir a la cúpula del organismo. Entrevistado por Radio Sarandí, sostuvo que lo que se debe promover es el proyecto político detrás de la gestión en esa administración.

    Tabaré Vázquez "la vara de la ética bien alta" al remover a los directores polìticos de ASSE en una "fuerte y clara señal de transparencia en la gestión pública" y ahora "le toca al Partido Nacional". Así se expresó sobre el asunto el director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, que le pidió "a los Gandini y Javier García, a los Lacalle Pou y los Larrañaga", que sigan el ejemplo del Frente Amplio y tomen las medidas correspondientes con varios de sus correligionarios.

    Entre ellos mencionó a los intendentes Agustín Bascou, Sergio Botana, Adriana Peña y Pablo Caram. "Si el Partido Nacional no los remueve, expulsa o sanciona, habrá demostrado que todo sus discurso sobre la ética y la transparencia es falso", sostuvo Brenta.

    A nivel oficial el presidente de la coalición, Javier Miranda, respaldó la decisión de Vázquez de remover a la dirección política de ASSE. Entrevistado por Sarandí, sostuvo que lo importante es el proyecto político detrás de la salud pública.

    Miranda se comunicó con Muñiz para respaldar su trabajo al frente del organismo y precisó que Ardús podría ser enviado al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

    La decisión de Vázquez fue saludada aunque considerada tardía por el diputado nacionalista Martín Lema, uno de los legisladores más críticos hacia la gestion de Muñiz.

    El legislador, que venía reclamando desde hace meses la destitución de Muñiz, recordó que en octubre del año pasado, a través de una carta pública, que Vázquez le había contestado que "no podía tomar injerencia" en los hechos denunciados en ASSE.

    Lema hizo referencia este hecho al ser entrevistado en La Mañana de El Espectador....

    Desde su propia fundación, en 2007 y durante el primer gobierno del Frente Amplio, todas las personas que fueron designadas originalmente para ocupar la presidencia de ASSE fueron destituidas.

    El primero en encabezar el directorio fue Baltasar Aguilar, un médico vinculado al PS, que asumió luego de su creación. Duró allí poco más de un año. En octubre de 2008 debió renunciar ya que, al mismo tiempo que ocupaba esa cargo, era propietario de la Asociación Médica de San José, una cooperativa maragata. Una situación prohibida por la normativa de la Junta Nacional de Salud.

    Aguilar retomó su profesión de cardiólogo clínico. Curiosamente, poco tiempo después se convirtió en uno de los directivos del gremio de las mutualistas privadas, enfrentadas fuertemente con el gobierno en torno a la política sanitaria.

    Su mandato fue completado por Félix González, que hasta ese momento ocupaba la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

    El segundo gobierno del Frente Amplio vería la llegada de Mario Córdoba a la presidencia de ASSE. De estilo campechano y vinculado al MPP, llegó desde Paysandú para asumir su cargo a pedido expreso del presidente José Mujica, que lo calificó como "el poeta de la Medicina".

    Al igual que Aguilar, su permanencia en el organismo fue corta. En agosto de 2011 fue removido en medio de un escándalo político. El paso al costado venía siendo reclamado desde hace meses por la oposición e incluso por algunos sectores del Frente Amplio ante lo que se consideraba su inacción por la "emergencia sanitaria" que esa época debió declarar el gobierno.

    La gota que colmó el vaso estuvo relacionada con la Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo había emitido un lineamiento claro. El mensaje presupuestal debía contener "gasto cero". Sin embargo, Córdoba se despachó con un pedido de $ 2400 millones, a los efectos de contratar a más de mil funcionarios.

    Su vicepresidente, Ángel Peñaloza, resistió pocos meses más y fue víctima de la puja política en el oficialismo. En enero de 2012 fue destituido por Mujica, que nombró en su lugar a Eduardo González. Apodado "El Yesero", era integrante del MPP.

    Vinculado al Partido Socialista, la gestión de Peñaloza fue respaldada por ese sector que adjudicó su remoción a razones estrictamente políticas.

    El lugar de Córdoba al frente de ASSE fue ocupado por Beatriz Silva hasta el final del período. La jerarca fue protagonista de un caso particular.

    En marzo de 2015 había sido designada para encabezar la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. El propio mandatario terminó anulando el nombramiento antes de tomar posesión, debido a la voluntad de Silva de autorizar el pase en comisión al ministerio de seis adjuntas que trabajaban con ella en ASSE.

    Fuente: Rompkbzas - Ecos - El Observador - Sarandí - El Espectador


    Los últimos casos conocidos de contrataciones de familiares directos de jerarcas en oficinas públicas apura a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a emitir una declaración sobre a quiénes pueden emplear y a quiénes no los jerarcas de organismos públicos.

    A pesar de que existe un decreto del año 2003 que en uno de sus artículos establece en qué situaciones de parentesco se prohiben las contrataciones, el organismo considera que se deben aclarar ciertos puntos. Por ese motivo, el miércoles 21 en la próxima reunión  está previsto que este tema sea tratado con urgencia.

    La idea es que primero se realice una declaración en forma general, sin mencionar casos concretos, y que en próximos encuentros de los jerarcas del organismo sí se comiencen a analizar organismos puntuales.

    "Creo que, como está la situación, algo tendremos que sacar rápidamente, más allá de que después sigamos avanzando", dijo a El Observador el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne.

    En la misma línea, el vicepresidente de ese organismo, Daniel Borrelli, manifestó que la Jutep tiene que dejar claro que se están cometiendo violaciones a un decreto firmado por el presidente Jorge Batlle hace casi 15 años y que regula ese tipo de situaciones.

    En la reunión del próximo miércoles, Borrelli planteará que en las siguientes sesiones se analice con urgencia el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

    Fuente: El Observador


    La Justicia uruguaya investiga los viajes realizados por el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, detenido en Maldonado el pasado 4 de enero, para determinar si en algunos de los traslados hubo ingreso o retiro de dinero sin declarar.

    De acuerdo a la información publicada por el diario Clarín, Balcedo entró y salió del país en 382 oportunidades, durante los últimos 10 años.

    El aeropuerto Carlos Curbelo de Punta del Este fue la plataforma más empleada por el acusado para viajar, ya que estuvo en 215 ocasiones. El segundo sitio más frecuentado fue el puerto de Colonia, por donde pasó 122 veces. El año que más se trasladó fue en 2013, cuando realizó 59 viajes, a un promedio de uno cada 6 días.

    Fuente: Clarín.


    El próximo lunes  el Consejo Federal de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) tomará postura sobre la convocatoria a referéndum para derogar la ley de riego. Ese sindicato encargó un documento de análisis sobre la iniciativa y su compatibilidad con la Constitución, que ya está circulando entre los docentes universitarios.

    En el texto se recuerda que la posibilidad de utilizar agua para riego ya estaba prevista en la Ley 16.858, aprobada en 1997. Sin embargo, advierte que la nueva norma “posee un alcance mayor”, porque prevé la autorización a entidades o fondos propiedad de nacionales o extranjeros a participar en la gestión del riego.

    Se cita posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sobre este tema, que concluyó que la Ley de Riego habilita a los actores privados a tener control “sobre la cantidad, calidad y disponibilidad de agua dulce, generando afectaciones ambientales no previstas y competencia por el recurso”.

    El documento base para la discusión en ADUR advierte que “mientras la Constitución establece que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano, la ley 19.553 apunta a generar un mercado de aguas a partir de la gestión privada de su represamiento”

    Hasta el momento, el referéndum es impulsado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, organizaciones ambientalistas, sociales y políticas, entre ellas Unidad Popular y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). También apoyan la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

    Fuente: La Diaria


    Los productores de leche discrepan con el fondo de garantía para el sector tal como fue aprobado en el Parlamento y apuestan a hacerle mejoras en la reglamentación.

    El fondo de 36 millones de dólares fue aprobado la semana pasada por los legisladores y se compone de 1,30 pesos por cada litro de leche vendido.

    Los productores comparten, con algunos reparos, dos de los tres propósitos del proyecto, pero consideran que el tercero, que es el que más dinero demanda –con 27 millones de dólares-, quedará en desuso. Se trata de una garantía para las deudas que los productores contrajeron con el banco.

    El titular de la Asociación de Productores de Leche, Wilson Cabrera, dijo a Subrayado que los que van a utilizar el fondo serán los de mayor tamaño, correspondiendo a menos del 15%.

    Con respecto a los 6 millones de dólares que se otorgarán a los productores pequeños, comparten la medida, pero discrepan con el criterio empleado para seleccionar a los beneficiarios, ya que la ayuda será únicamente para los productores que remiten hasta 480.000 litros anuales. El último componente prevé un fondo anticíclico de 3 millones de dólares, que a juicio de los productores será insuficiente.

    En conversación con Dinámica Rural, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Horacio Rodríguez, se mostró preocupado por la falta de leche y los problemas que va a tener la industria, algo que, según dijo, le manifestaron al presidente Tabaré Vázquez hace un año y medio.

    La falta de lluvias importantes que provocó una muy baja disponibilidad de agua en los suelos, especialmente de los departamentos del Centro y Norte del país, preocupa a los productores pensando en la próxima producción de terneros.

    “El monitoreo del 50% de anestro profundo que realizamos a mediados de enero es preocupante” y “creo que vamos a tener un 5 o 10% menos de terneros que el año pasado”,

    Teniendo en cuenta los datos de la Declaración Jurada de Dicose

    Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 2017, el stock de terneros se ubicó en 2.700.506 cabezas, por lo tanto, un 10% menos representaría unos 270.050 animales.

    El director de la Sociedad Ganadera San Salvador y gerente del Frigorífico Modelo, ingeniero Rodrigo Fernández Abella, dijo a El País que “pensar en unos 200.000 o 300.000 (cabezas de ganado menos) es un número que se puede proyectar a nivel país”.

    Por su parte, el CEO de Negocios de Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, explicó a El País que hay una serie de aspectos que hacen un “combo perfecto” para agregar dificultades a todo el complejo cárnico, con el objetivo de visualizar “cómo podremos administrarlo”.

    Fuente: Espectador – Subrayado – El País – Telenoche


    El precio del boleto del transporte colectivo de Montevideo, en relación al ingreso promedio de la población, es el segundo más caro de Sudamérica. 

    De acuerdo a un informe realizado por el semanario Búsqueda en base a datos del sitio web preciosmundi.com, el costo del boleto capitalino en setiembre del 2017 se encontraba en segundo lugar junto a Colombia y solo fue superado por Brasil.

    Paraguay y Venezuela no fueron tomados en cuenta en este análisis porque no se cuenta con información suficiente.      

    Si se realiza la comparación con otros países de Latinoamérica, el lugar de Montevideo se mantiene y países como Costa Rica y México se ubican por debajo de nuestro país, con un valor US$ 1,15.

    Fuente: Búsqueda.


    El enfermero que estuvo tres años en prisión, acusado de matar a sus pacientes terminales, recibirá una indemnización de 6.450.000 pesos por parte del Estado, por daños morales. 

    Según informó a El País el abogado del enfermero, Marcelo Teske, se decidió que el Poder Judicial pague lo correspondiente a tres años de sueldos que ganaba en la mutualista privada y el centro asistencial de ASSE donde trabajaba.

    De acuerdo al fallo judicial, la Suprema Corte también deberá abonar unos US$ 25.000 por concepto de honorarios al abogado.

    El funcionario de la salud y otro compañero fueron acusados de cometer cinco crímenes en 2012.

    Fuente: El País.


    La tasa de desempleo fue del 7,9%  en 2017 y alcanzó el registro más alto desde 2008, siendo los menores de 24 años y las mujeres los más perjudicados.

    Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Montevideo el desempleo fue de 8,2%, mientras que en el resto del país se ubicó en 7,7%. Para los hombres la cifra fue de 6,6%, mientras en las mujeres alcanzó el 9,5%.

    La falta de trabajo es mayor entre los jóvenes de entre 14 y 24 años, llegando al 24%, mientras que en esta franja etaria el desempleo entre las mujeres es del 30,3%, mientras que entre los hombres es del 20,7%.

    Por otra parte, la tasa de actividad para todo el país se ubicó en 62,9%, valor inferior al estimado para el año anterior cuando se situó en 63,4%. La tasa de empleo se estimó en 57,9%, cinco puntos porcentuales por encima de la registrada en 2016.

    En 2017 la proporción de asalariados en todo el país alcanzó al 71,8% del total de ocupados, mientras que los que desarrollan actividad por su cuenta constituyeron el 23,2% de los trabajadores.

    Fuentes: Telenoche - Subrayado


    En todo el 2017, la producción industrial se estancó virtualmente, creciendo solo 0,3% en promedio respecto a un año atrás, midiendo en volumen físico y sin considerar la refinación de petróleo de Ancap.

    Según cálculos de la Cámara de Industrias del Uruguay, el núcleo industrial se expandió 1,9%, sin contar la refinería estatal, ni la producción de concentrados de bebidos y celulosa que se realiza en las zonas francas de Colonia y Rio Negro.

    En tanto, las horas trabajadas y el personal ocupado disminuyeron 1,7% y 2,8% respectivamente el año pasado, en comparación con 2016. Para 2018, la Cámara de Industrias proyecta un crecimiento similar al registrado el año pasado, con niveles relativamente deprimidos, y medida en volúmenes físicos la actividad será similar a la de 2011.

    Según los datos oficiales, nueve ramas disminuyeron la producción entre enero y diciembre del año pasado, frente a igual lapso de 2016. Las caídas más pronunciadas fueron: “Maquinarias y aparatos eléctricos” (15%), “Actividades de encuadernación” (14%), “Prendas de vestir” (9%), “Textiles” (6%), “Curtiembres y talleres de acabado” (4%).

    Fuente: Búsqueda


    Más de una decena de proyectos de ley para combatir la corrupción y mejorar la transparencia se acumulan en el Parlamento, en momentos de gran sensibilidad sobre diversos casos de irregularidades en la gestión pública que trascendieron en las últimas semanas. Su aprobación a corto plazo parece difícil debido a la falta de acuerdos partidarios.

    La iniciativa del senador colorado Pedro Bordaberry de prohibir el ingreso a la función pública de familiares de jerarcas es el màs reciente de una larga lista, que incluye el que anunció Charles Carrera (MPP) para incluir a las intendencias en la obligación de realizar concursos o sorteos para ingresar funcionarios.

    Los reclamos de mejoras en las medidas para mejorar la transparencia y los abusos en la función pública motivaron a su vez que el senador suplente del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, propusiera a principios de este mes un proyecto para evitar que los legisladores alternos, como su caso, cobren salario cuando les toque actuar en el Parlamento.

    Antes, el Partido Independiente había propuesto una paquete de medidas que incluía la limitación de los subsidios que reciben los cargos electivos y seleccionar los puestos gerenciales en el Estado mediante concurso abierto de oposición y méritos.

    El Partido de la Gente había presentado el año pasado un proyecto para tipificar como delito la "corrupción privada", en tanto el colorado Ope Pasquet había hecho lo propio para aumentar las potestades de las comisiones investigadoras parlamentarias.

    Desde la Junta de Transparencia su presidente, Ricardo Gil Iribarne, se mostró escéptico ante algunas de estas medidas. "Los problemas generados en la función pública y su difusión en los medios de comunicación provocan respuestas rápidas y poco pensadas", dijo el jerarca.

    Fuente: Búsqueda