Justicia de Crimen Organizado

La Justicia indaga el contrato con UPM

La Justicia indaga el contrato con UPM

    La Justicia de Crimen Organizado decidió el desarchivo de la causa que pide indagar sobre el contrato que el gobierno firmó con la multinacional finlandesa UPM en torno a la posible construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay.

    El fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu terminaron por acceder así a la solicitud presentada por el denunciante, el abogado Gustavo Salle, que considera "abusivo" dicho acuerdo y que, según adelantó a Rompkbzas, llevará los antecedentes de la causa al país de origen de la empresa.

    La Justicia deberá ahora analizar si hace lugar al pedido del denunciante de citar a declarar a los jerarcas que estuvieron involucrados en el asunto.

    Salle pretende la comparencia de Andrés Masoller. El ex director del Área de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía deberá explicar los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo a fines de setiembre del año pasado.

     "La razón fundamental es la discrepancia con el acuerdo que se estaría alcanzando con UPM", había explicado en una breve conversación con El Observador. Su decisión se vinculó con las concesiones que se le harían a la empresa para convencerla de que invierta en Uruguay.

    Consultado sobre los siguientes pasos de la causa, el denunciante sostuvo que deberían ser convocados a declarar todos los involucrados en la firma del contrato.

    En primer lugar el presidente Tabaré Vázquez, que aparece como denunciado en la demanda presentada por Salle. También al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, al prosecretario, Juan Andrés Roballo, y al director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.

    Los tres jerarcas aparecen como los apoderados para negociar con UPM en nombre del Estado, según una resolución firmada el año pasado por Vázquez. Salle consideró que, desde el punto de vista jurídico, el contrato firmado con UPM es obsceno, con indicios de un hecho criminal.

    Por otra parte y junto al ex fiscal Enrique Viana, Salle solicitará que la Justicia Civil impida, a través de medidas cautelares, que el Poder Ejecutivo ejecute cualquiera de las obligaciones que asumió con la empresa. En particular, la inversión millonaria en infraestructura que tiene planificada a los efectos de lograr que la multinacional instale su segunda planta en el país.

    Salle ha insistido varias veces en torno a sus sospechas de una gran "coima" al entender que se trató de una negociación llevada a cabo en la semiclandestinidad. El abogado argumenta que las acciones del gobierno son inconstitucionales, ya que Vázquez no está amparado por ninguna ley a negociar los recursos naturales, financieros y económicos del país.

    Fuente: Rompkbzas y ECOS

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