UPM

La Fiscalía de Crimen Organizado aceptó investigar el contrato firmado entre el Gobierno y UPM.

La Fiscalía de Crimen Organizado aceptó investigar el contrato firmado entre el Gobierno y UPM.

    La Justicia uruguaya retomará una denuncia contra el presidente Tabaré Vázquez por supuestas irregularidades en un contrato de inversión firmado con la papelera finlandesa UPM. 

    El denunciante, el abogado Gustavo Salle, denunció a Vázquez y a integrantes de su Ejecutivo que participaron en la ardua negociación para concretar un contrato de inversión con UPM, algo que finalmente se concretó el pasado 7 de noviembre. 

    Las negociaciones, que llevaron 17 meses, fueron manejadas por el Gobierno con estricto hermetismo y el documento se divulgó tras la firma del acuerdo.

    Según la prensa local, para Salle, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la compañía finlandesa es "abusivo".

    El denunciante afirmó a El País que la negociación se realizó de forma "clandestina" y de "espaldas al pueblo".

    "Se obstruye de este modo el acceso del pueblo a un contrato en el cual el Gobierno es parte en nombre del Estado e invocando la representación del pueblo", dijo Salle.

    La Justicia, a través del fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu, investigará ahora esta denuncia, que deberá ser ratificada por Salle el próximo 9 de febrero.

    La concreción de un contrato de inversión entre el Gobierno y UPM supuso la culminación de la primera etapa de negociaciones y el paso hacia una segunda fase, que se prevé durará entre un año y medio y dos.

    La denuncia de Salle había sido archivada en dos ocasiones el año pasado, al considerar la Justicia que no existía sustento para investigar sin antes conocer el contrato de inversión.

    La primera planta que instaló la papelera finlandesa en la ciudad de Fray Bentos, generó tensiones entre Uruguay y Argentina durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después.

    El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales. EFE