Política

El Código del Proceso Penal se termina a contrarreloj

El Código del Proceso Penal se termina a contrarreloj

A 13 días de la implementación del Nuevo Código del Proceso Penal, todavía no se ha terminado de legislar.

Ante el reclamo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes postergó la votación de los plazos de prisión preventiva para menores de edad.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, Macarena Gelman y otros legisladores -incluidos de la oposición- quieren preservar en 90 días el plazo máximo de prisión preventiva para menores.

La Cámara de Senadores estableció que el plazo máximo previsto para la prisión preventiva sea de un año igualando el proceso penal de los mayores de 18 años al de los menores de edad.

El Sindicato Único del INAU se opone a la medida desde lo conceptual y lo práctico. Joselo López, dirigente del SUINAU, dijo a Rompkbzas que le sorprende que legisladores e instituciones que se opusieron a la baja de la edad de imputabilidad apoyen este cambio.

López dijo además que con el caos institucional que existe en el Inau e INISA, aumentar el tiempo de reclusión, complicaría aún más la situación.

El vicepresidente de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, el colorado Ope Pasquet dijo a Rompkbzas que la entrada en vigencia del Código debería posponerse para el primero de febrero, pero desde el oficialismo se negó esa posibilidad e insisten en que esté vigente desde el primero de noviembre.

Para Pasquet es muy grave que se extienda la prisión preventiva en los menores porque hace el castigo más duro que para los adultos.

Otro de los asuntos que preocupa al diputado Pasquet es el rol del fiscal y la presentación de las pruebas.

Si el CPP se pone en marcha como está previsto hoy, el fiscal presentará la prueba y el juez definirá la prisión del acusado, si así estima, sin darle posibilidad al defensor de presentar la pruebas.

La situación será más compleja para los abogados de oficio, estimó. El 90% de los juicios en Uruguay son llevados adelante por estos profesionales que llegan a tener decenas de casos.

Fuentes Rompkbzas – El País

Las más vistas

Registro

Suscripciones:
×