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¿El Banco país rumbo a su privatización?

¿El Banco país rumbo a su privatización?
©RICARDO ANTUNEZ/Adhoc fotos

El próximo sábado se realizará una asamblea de empleados del BROU en la que se debatirá el proceso de tercerizaciones y privatizaciones que el banco país lleva adelante.

El sector que tiene la presidencia de Banca Oficial, aunque no es el mayoritario, presentará un documento para el debate que además de realizar una caracterización del estado de situación, formula muy graves denuncias.

Rompkbzas accedió a ese documento y anoche hablamos con Lorena Lavecchia integrante del  Consejo del Sector Financiero Oficial, también integrante de la lista 810, que tiene la presidencia del mencionado Consejo. Lavecchia quien mostró su expectativa porque la mayoría de los trabajadores participen de esta asamblea donde se discutirá el futuro del BROU y sus 3.745 funcionarios. De ese total, poco más de 3.000 están afiliados al sindicato.

La semana pasada recogimos un informe de Samuel Blixen publicado en Brecha, criticado por el sector Banca Privada de AEBU, y aportamos algunos datos más sobre un proceso de privatización del sector Microfinanzas.

Pero este documento al que accedimos sostiene que ese proceso privatizador es más amplio y abarca a casi todas las áreas del Banco República.

También contiene también varias propuestas para discutir con las autoridades.
El siguiente es parte del documento que debatirán los empleados del BROU.

INFORME DE LA COORDINACION PARA EL CAMBIO A LA ASAMBLEA BROU

Los trabajadores de las empresas del Estado nos declaramos en conflicto. No es casualidad ni novedad la situación. Sí lo es el enfrentamiento de los trabajadores con el Gobierno por la falta de negociación colectiva y de buena fe; por el incumplimiento de los convenios colectivos y por las crecientes, costosas y catastróficas privatizaciones en las empresas públicas. La orden de los organismos internacionales de liquidar las empresas del Estado no es nueva, ni únicamente para nuestro país. Basta con mirar lo ocurrido en toda Latinoamérica en la década de los 90. Sin embargo, parecen estarlo consiguiendo al no encontrar resistencia (por el contrario) en los gobiernos progresistas ni en los trabajadores organizados, en muchos casos, con direcciones afines al propio Gobierno.

Hoy, esa misma orden continúa en pie, y algunos sindicatos en nuestro país, nuevamente, se lanzan a la calle en contra de las privatizaciones, que de manera constante y continua avanzan precarizando el empleo, aplicando el ajuste sobre los trabajadores, y dando de ganar a las empresas privadas, bajo el falso argumento de la baja de costos. El pasaje de las tareas a manos privadas, por sectores, por áreas, en las distintas empresas es parte fundamental de una política que tiende a destruir a las mismas, y por consiguiente, continuar beneficiando a los capitales privados.

Cuando el gobierno no puede controlar un sindicato, aplica, como política de contención del movimiento obrero, decretos de esencialidad o el 401, cada vez con menos argumentación, pero con la misma actitud represiva. La cúpula sindical se encarga de utilizar la aplicación de los decretos para desestimular el empuje de las bases. Las declaraciones de la cúpula del PIT-CNT responsabilizan a los trabajadores por las medidas adoptadas, antes que al gobierno por los decretos represivos y por la situación que genera los conflictos.

La ley de inclusión financiera, enmarcada en lo que consideran derecho humano y justificándolo en que es el camino para solucionar la pobreza en el mundo, cómo si los trabajadores pudieran vivir sin techo, y sin ingresos dignos pero resguardados por tener una tarjeta de débito y una cuenta bancaria, la cual se hace obligatoria y de la cual se restringen los retiros. La "inclusión financiera" no responde ni a la educación, ni a la alza de los salarios ante una canasta básica con un precio exorbitante, sino a la necesidad de los Bancos de captar nuevos depósitos para realizar su negocio, y de facilitar su colocación de créditos al consumo, minimizando su propio riesgo.

Por si esto fuera poco, al tiempo que el Gobierno Uruguayo avanza en la bancarización obligatoria, retira dependencias en el interior del país y obliga a los usuarios a ser atendidos por corresponsales privados, trasladando la operativa, la información, el negocio, las ganancias y precarizando el empleo.

La Banca Oficial

El BSE se enfrentará a una crisis que podrá, de no encontrarse una solución real, dejar a la empresa en bancarrota. El negocio de las AFAPs es tan negativo que ninguna empresa aseguradora privada se hizo cargo, quedando únicamente el BSE obligado por ley.

El BHU está ingresando en una nueva reestructura de la cual el Consejo de Sector recién está en conocimiento, sin saber aún su fundamentación, ni su alcance.

La ANV sigue en su camino de separación de la misma del sistema financiero. Los trabajadores "genuinos" no están amparados bajo el Convenio Colectivo de la Banca Oficial, manteniendo unas condiciones precarias con respecto al resto de la Banca Oficial y en particular de los compañeros de la misma institución provenientes del BHU.

El BCU va de reestructura en reestructura, en pos de la "estructura objetivo", slogan bien parecido al de "tareas de valor agregado" del Directorio del BROU; fusionando escalafones y tareas, tecnificando el personal e incumpliendo aún las condiciones de pasaje a la Banca Oficial de los trabajadores exbandes.

El BROU transita un camino de achique. Su piloto fue en 2013 con el cierre parcial de Baltasar Brum y hoy son 21 las dependencias en esa situación. El Consejo de Sector permitió que el Banco avanzara en ese sentido durante todos estos años a pesar de nuestra constante denuncia al respecto.

El vaciamiento de las dependencias, el retiro de carteras, las recategorizaciones a la baja una y otra vez, cambiando criterios y ponderaciones, imposibilitando a las sucursales a volver a crecer y los posteriores cierres parciales, son todas parte de la política del Banco que no escapa de los lineamientos del Gobierno en cuanto a las empresas del Estado.

La nueva conducción de la Banca Oficial trajo consigo un cambio en la forma de discutir, negociar y sobre todo plantarse frente a un gobierno ajustador y defensor de los intereses de los capitales privados, contraponiéndolo con el compromiso de la defensa de la Banca Oficial, de su rol social, la defensa del empleo y de las condiciones de trabajo.


¿Quién dirige al BROU?

Un exceso de "amparos" en excepciones del TOCAF, altos costos, despilfarro, precarización laboral para los uruguayos, falta de visión y planificación así como la pésima gestión de los recursos humanos, la falta de transparencia y de buenos criterios de administración, saltan a la vista. La constante privatización de los servicios, que entre un 80% y 90% el BROU lo justifican en la falta de personal, y cómo los vínculos del poder tienen como objetivo la pérdida de mercado del Brou, en favor de la banca y de las empresas privadas, está demostrado. De hecho, en el sector informático del Brou, en poder "de 10 trasnacionales" según publica Brecha (El desguace, 18/08/2017), conviven 148 trabajadores de empresas privadas, con 177 trabajadores presupuestados.

Por ley de 2015, el Fondo para el Desarrollo (FONDES) se dividió en: Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP, a cargo del exsiputado por el Partido Socialista Frente Amplio y exconsejero Central de Aebu por la Agrupación 98, Gustavo Bernini), y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE, creada por Ley de 2009 para las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del Cr. Martín Dibarboure, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Corporación Nacional para el Desarrollo).

Álvaro Correa, asesor de Jorge Polgar, es uno de los tres directores de ANDE. Dibarboure y Polgar son concuñados, ambos son yernos de Jorge Brovetto, el exministro de Educación y expresidente del Frente Amplio.

ANDE es capitalizada por la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y por el BROU; profundiza, como vimos, en iniciativas del sector empresarial privado, colaborando para su coordinación con organismos públicos. Actúa bajo la órbita directa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Subrayado, mientras ANDE tiene U$S60.000.000 para administrar, el ala cooperativa está en problemas, debido a que el BROU debe "presentar su balance consolidado incluyendo a sus sucursales en el exterior", por lo que no aportará a Rentas Generales por un tiempo. La implementación de Basilea III obliga al Banco a capitalizar, esta implementación se produce a partir de la crisis financiera del 2008 para contrarrestar un mayor riesgo; entre otras consecuencias, los Bancos tendrán menos dinero para prestar.

A su vez, esto se refleja en la ciudadanía en un aumento de los porcentajes del salario líquido que deben percibir. Sin embargo, a la vez que ellos aumentan, y por ende se otorgan menos préstamos, los límites para operar con tarjetas de crédito aumentaron. El economista José Rocca advierte que, a partir de la Ley de Inclusión "el dinero de trabajadores y jubilados debe pasar por un intermediario que lo recibe en una ventanilla de manera gratuita mientras que del otro lado del mostrador cobra intereses de usura por prestarle ese dinero incluso al mismo asalariado. Los banqueros además obtienen mejores instrumentos para facilitar el cobro directo de sus préstamos".

El Banco Mundial afirma que la inclusión será la herramienta para luchar contra los 2.200 millones de pobres que hay en el mundo. Según la politóloga Beatriz Stolowicz, citada por el economista Gustavo Melazzi "Las transferencias gubernamentales proveen una atractiva oportunidad para llevar a los no bancarizados a servicios financieros formales a través de un consistente flujo de dinero a las cuentas. Menciona la 'seguridad' para los más pobres, y agrega que la 'inclusión' de sus ingresos", probablemente permanecerán en la cuenta durante algún tiempo. Esto, a su vez, puede dar lugar a más transacciones que generen comisiones, y permitir la función de intermediación para obtener intereses de los fondos desde que se depositan hasta que se retiran, sostiene el economista.

A su vez, Melazzi afirma que en 2008 "se crea la Alianza para la Inclusión Financiera, en la cual están integrados todos los países de la América Latina continental" y que "esta bancarización forzosa (esencialmente, los salarios) pone a disposición de los bancos una inmensa masa de dinero para que operen con ella; los trabajadores financian gratuitamente al capital bancario".

Álvaro Correa, el asesor, "posee vasta experiencia en tareas de gerenciamiento y consultoría de empresas públicas y privadas", afirma la página de ANDE, la que posee entre sus cometidos: "Promover, articular y coordinar las acciones de los actores públicos y privados vinculados al desarrollo económico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles" (Ley 18.602). En particular, el apoyo a Pymes.

Actualmente, ANDE lanzó un "Plan de incentivos para el desarrollo de servicios financieros en pequeñas localidades" subsidiados y con garantía de cobro de facturas, es decir, pago de comisiones por parte del Estado, o dicho en otras palabras: en los 95 emprendimientos "deberán poder pagarse: UTE, OSE, Servicios de telefonía, Patente Única (SUCIVE), Tributos departamentales, Tributos nacionales (DGI – Impuesto de Enseñanza Primaria), Aportes BPS, Solicitudes ingresadas a través del Portal del Estado, para Cédula de Identidad y Partidas de Nacimiento".

No en vano el Brou resolvió fusionar agencias y cerrar parcialmente sucursales. Las agencias que cierran dejan en su lugar atención con agenda para las Pymes, resorte de la ANDE. Las sucursales que pasan a Microbanca son despojadas de sus carteras de crédito para luego pasar a cerrar parcialmente. Mientras tanto, ANDE larga una iniciativa para servicios financieros privados, por un lado, y por otro, convoca a interesados en dar préstamos bajo la modalidad de Microfinanzas.

En definitiva, el BROU está subvencionando su propia privatización.

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