Entrevista en Rompkbzas

Supremo recorte de Justicia

Ricardo Pérez Manrique. ©Lucía Varela
Ricardo Pérez Manrique ©Lucía Varela

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, dijo a Rompkbzas que la institución se está moviendo “en una situación de restricción presupuestal. Ni en las últimas dos rendiciones de cuentas ni en el último presupuesto se aumentaron los recursos”.

El Presidente de la SCJ dijo que no tienen los recursos necesarios para hacer cumplir la ley. “El Poder Judicial (PJ) ha tenido que tomar medidas, una de la que se ha hablado mucho es la restricción de varios juzgados. Lo que se suprimieron son oficinas judiciales en algunos pueblos porque se unieron las secciones. Tenemos algunas deudas por mora con el BPS”, argumentó Pérez Manrique.

“El Día del Patrimonio no podemos abrir la Corte porque tenemos que pagar viáticos a los funcionarios ese día y no tenemos los medios. Hemos logrado luego del diálogo directo con Vázquez un refuerzo de 26 millones para mantenimiento y 10 millones para inversiones. Y ahora negociamos 26 millones de pesos más para llegar a fin de año con los juzgados abiertos. Estamos en una situación de mucha dificultad”, apuntó.

Pérez Manrique dijo que el PJ “necesita centros de mediación en todo el interior, y hoy en día no hay en todos los departamentos”.

Los deshechos humanos de las pericias forenses están siendo arrojados al Río de la Plata según se denunció en el Parlamento. Las condiciones de trabajo de los peritos forenses uruguayos son las peores de América Latina, según dijo a Rompkbzas el abogado representante de los especialistas Hermann leis.

Un grupo de estos profesionales concurrió al Parlamento para advertir que las condiciones en las que realizan su trabajo se están deteriorando progresivamente debido, entre otras cosas, a la falta de personal y a la creciente cantidad de muertos en hechos violentos.

El Presidente de la SCJ dijo que la situación de las morgues judiciales es parejo en todo el país y explicó que están instaladas en cementerios o en hospitales. "El PJ no tiene locales propios para instalarlas, sino que aporta equipamiento. A eso agregamos elementos que no están en consideración. Lo que gana un médico forense en el interior, lo gana en dos o tres guardias. Un forense tiene que estar las 24 horas a disposición de un juez. Forenses han renunciado y llamamos a concursos que quedan desiertos. Un forense tiene derecho a su descanso reglamentario, y es difícil cubrir”, argumentó.

“Cuando planteamos todos estos problemas, nos dicen que hay una situación presupuestal que impide cumplir las solicitudes. Vázquez nos dice que la independencia del PJ es algo que valora mucho en las negociaciones en el exterior”, por lo que no entienden por qué no se les apoya como lo necesitan. “A mí me preocupa que la corte siga viviendo en estas situaciones de precariedad”, aseguró.

Nuevo Código del Proceso Penal

En cuanto a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), dijo que “el año pasado, previo al presupuesto, el PJ hizo un enorme esfuerzo para implementarlo con el mínimo de dinero necesario”.

“Con estos fondos, podemos poner en proceso el nuevo CPP. Una comisión se está reuniendo día a día en este tema. Hay grandes cambios que se avecinan. Se está instalando el sistema multimedia, que va a grabar en audio todas las audiencias. Se está pensando en alquileres o módulos para salas de audiencias”, afirmó el jerarca judicial.

Pérez Manrique dijo que el sistema “seguramente no va a estar al 100%, pero en calidad vamos a acercarnos lo más posible” para la aplicación del nuevo CPP. “Seguro va a haber problemas en el inicio. El 16 de julio de 2017 va a empezar en todo el país. En varios países que tomamos de ejemplo, se ha empezado por zonas, pero acá con todo el apoyo del sistema político, se va a aplicar a todo el país”, apuntó.

El presidente de la SCJ indicó que “en el nuevo Código, si un fiscal le pide al juez la clausura de un expediente, puede clausurarlo. Pero la víctima puede exigir que ese expediente pase a otro fiscal y ese fiscal pide seguir o archivar. Si ese segundo fiscal pide archivar, se archiva definitivamente. Acá se potencia el poder de la víctima en el proceso y lo autoriza a controlar el proceso, estar en audiencias”.

Según explicó Pérez Manrique, para que las víctimas tengan una defensa, se van a hacer convenios con universidades para que donde no haya defensores de oficio del Poder Judicial, haya defensores proporcionados por las universidades. "En donde no haya universidades, la Corte debe pedir una defensa de oficio", dijo. Por este motivo, el jerarca señaló que “vamos a tener 36 jueces nuevos y una cantidad de defensores y se van a abrir llamados a concurso”.

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