Zimmer procesado con prisión

La historia detrás de un fallo judicial inesperado

Informe de Fabián Cambiaso. Edición: Emiliano Cotelo

Emitido el lunes 31.03.2014 a las 8:46 hs.

El pasado viernes, a última hora, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, fue procesado con prisión. Según la Justicia, Zimmer habría incurrido, junto a su director de Hacienda, Juan Ahunchaìn, en un delito de “abuso continuado de funciones” debido a una serie de irregularidades ocurridas durante su primera administración, entre ellas haber documentado con fecha irreal el empadronamiento de vehículos cuando todavía existía la “guerra de las patentes”.

La noticia conmovió a todo el sistema político.
Era conocido, sí, que sobre Zimmer pesaba un pedido de procesamiento, pero nadie esperaba que, en caso de que la jueza aceptara la solicitud de la fiscal, fuera a disponer, además, su encarcelamiento. Así, Zimmer se convirtió en el primer intendente en funciones que termina preso por hechos vinculados a su administración.
 
¿Qué impacto puede tener esta noticia en la campaña electoral? Hay todo tipo de especulaciones al respecto.

Lo cierto es que se trata de un caso muy particular porque los disparos que ahora complican a Zimmer no vinieron de la vereda de enfrente sino del propio interior de su partido. La denuncia que ahora derivó en su procesamiento fue presentada en su momento por quien había sido su secretario general, que asumió como intendente cuando Zimmer renunció para hacer campaña por un nuevo mandato.
Por eso, vale la pena analizar paso a paso todo este proceso.

    ACUERDO Y ENFRENTAMIENTO

En julio de 2005 Walter Zimmer, que pertenece a Alianza Nacional (AN), asume su primer período como intendente de Colonia, con el respaldo de varias agrupaciones del Partido Nacional. Entre ellas, la liderada por Alfredo Martínez, un grupo local independiente tanto del Herrerismo como de AN.

Martínez, que era el primer suplente de Zimmer en la lista, fue nombrado por Zimmer como secretario general de la comuna. Pero años después el propio Zimmer lo destituyó en medio de un duro enfrentamiento político.  El choque no quedaría allí. Las repercusiones aparecerían un poco más tarde. Al final de su mandato, en febrero de 2010, Zimmer renuncia para dedicarse a la campaña electoral con el objetivo de lograr un nuevo período. ¿Y quién lo sustituye? Su primer suplente, o sea, Martínez, el mismo al que Zimmer había cesado como secretario general. El suspenso dura tres meses. El 26 de mayo de ese año, ya confirmada la reelección de Zimmer, Martínez instruye a los representantes legales de la Intendencia para que presentaran una denuncia penal contra su antecesor y contra quien era su director de Hacienda, José María Ahunchaìn.

El escrito se refería a una serie de hechos presuntamente irregulares, algunos de ellos ocurridos dos años y medio antes. Concretamente, y en  base a “denuncias de funcionarios”, Martínez sostuvo que la administración Zimmer empadronó vehículos en Colonia en enero de 2008 haciendo figurar en los papeles que el ingreso había ocurrido el 31 de diciembre de 2007. Esa diferencia de apenas unos días era un detalle muy relevante. Un acuerdo del congreso de intendentes (que más tarde se convertiría en la ley 18.456) establecía que a partir del 1º de enero de 2008 los autos sólo podían empadronarse o reempadronarse en los departamentos donde sus titulares tuvieran sus domicilios debidamente probados.

Asimismo Martínez denunció que durante la gestión de Zimmer se otorgó exoneraciones del 50% de la patente a empresas arrendadoras de vehículos pese a que estas no cumplían con el requisito de estar domiciliadas en Colonia y que hubo falta de control en los contratos con gestores habilitados para tramitar empadronamientos, a los cuales se les entregaban paquetes de matrículas, algunas de las cuales “fueron devueltas con perforaciones como si hubieren sido utilizadas ilegalmente”.

Aclaremos: Martínez, el intendente interino, no se quedó allí. Dio marcha atrás con toda la política referida a empadronamientos, e incluso firmó un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, que estaba fuertemente enfrentada a Colonia, a la que denunciaba por el “robo” de patentes de vehículos que debían estar registrados en la capital.

Pero, volviendo a la denuncia que hizo presentar en el juzgado, Martínez también acusó a Zimmer de pagar “sobresueldos a funcionarios municipales que gestionaban proyectos de cooperación internacional”, “incluida la concubina del señor intendente”, con “rendiciones de cuentas que no correspondían a las erogaciones efectuadas” y “cobros de saldos de cuentas” cuando Zimmer “se estaba retirando para iniciar la campaña por la reelección”.  (*)

      EL PROCESO

Tres meses después, el 26 de agosto, cuando Zimmer ya había asumido como intendente reelecto, él y Ahunchaìn comparecieron por escrito en el juzgado. La defensa de Ahunchaìn solicitó la clausura del procedimiento, para lo cual argumentó que quien representaba a la intendencia en el momento de las denuncias ya no lo hacía y que sobre los hechos en que se basaba la denuncia “había caducado el derecho a instar”. La Fiscalía no lo aceptó y dispuso la instrucción del proceso, comenzando con las citaciones a las partes involucradas.

Las declaraciones de acusados, acusador y testigos, y una serie de diligencias y pruebas pedidas por la Fiscalía insumieron tres años.

En marzo del año pasado la fiscal Darviña Viera pidió los procesamientos de los jerarcas (ver punto 15). Entre abril, mayo y junio se sucedieron otras actuaciones y finalmente Zimmer y Ahunchaìn fueron citados para que concurrieran al juzgado, “legalmente asistidos”, el 30 de julio.

Ese día, además de presentarse, Zimmer y Ahunchaìn notificaron el cambio de sus equipos de abogados. El intendente pasó a ser defendido por los doctores Gastón Cháves y Gustavo Bordes, y el director de Hacienda por Amadeo Ottati y Mario Spangenberg.

Los nuevos abogados presentaron ese mismo día una excepción de inconstitucionalidad contra el delito de “abuso innominado de funciones en casos no previstos específicamente por la ley”, por el cual Zimmer y Ahunchaìn eran acusados. La acción de la defensa paralizó por varios meses el procedimiento.

Ya en 2014, el pasado 19 de febrero, los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia, en forma unánime y en una resolución anticipada, basándose en sentencias anteriores,  desestimaron el recurso presentado por la defensa.

El 27 de febrero la causa se reactivó, con las declaraciones ratificatorias y ampliatorias de los indagados. Respecto al empadronamiento fuera de fecha, Zimmer argumentó que “no ordenó ni cometió acto alguno, ya que la decisión fue tomada por  Ahunchaìn por delegación, siendo imposible para él controlar efectivamente todo el funcionamiento de la Intendencia”. Además, aseguró que “la demanda de los contribuyentes” exigía esa respuesta, que evitó graves perjuicios a la administración e incrementó además la recaudación. Puso números para explicar el desafío ante el cual se había encontrado la intendencia: dijo que el 31 de diciembre de 2007, más de mil vehículos se presentaron en Colonia para ser empadronados.

Por su parte Ahunchaìn justificó la solución que aplicaron por lo que implicaba en aquel momento la “guerra de las patentes” y sostuvo que la denuncia de Martínez obedecía, en realidad, al “cobro de viejas de cuentas” (aludiendo así al enfrentamiento que había ocurrido entre Zimmer y Martínez, y que había terminado con la destitución de este último). Por otro lado coincidió con Zimmer en que con las medidas cuestionadas no se perjudicó a la intendencia, sino todo lo contrario: se favoreció a la administración y a los contribuyentes.

Sobre el otro delito que se le imputaba, “falsificación ideológica” (por la adulteración de las fechas de expedición de las libretas de propiedad de los vehículos), el director de Hacienda sostuvo que las libretas constituyen certificados y no documentos públicos, por lo que, en todo caso, debería haber sido acusado de “certificación falsa”, un delito que para la fecha había prescrito.

    LA SORPRESA

Finalmente, el pasado viernes 28 de marzo, la jueza Virginia Ginares procesó con prisión a Zimmer y a Ahunchaìn por un delito de “abuso continuado de funciones” (artículo 162 del Código Penal, cuya pena mínima es tres meses de prisión). Al director de Hacienda también le impuso un delito “falsificación ideológica por parte de un funcionario público” (artículo 238 del Código Penal, cuya pena mínima es de dos años de penitenciaría).

Pese a que la Fiscalía no lo había solicitado, la magistrada entendió que les correspondía procesamiento con prisión preventiva debido a “la gravedad de los hechos reseñados, la pena de penitenciaría en el caso del artículo 238 del C.P y la continuidad reputada en las figuras delictivas referidas, tratándose de dos funcionarios de altísima jerarquía que no podían ignorar las implicancias de sus decisiones - o de las que no toman debiendo hacerlo- en el desempeño de sus funciones”.  Sobre Zimmer en particular agregó lo siguiente:  “No resulta justo que el Director de Hacienda sea procesado con prisión por hechos que habría cometido cono conocimiento y sin objeciones (previas, concomitantes o posteriores) de quien le colocó en posición de poder de hacerlos”.
 
A la salida del Juzgado, cuando era conducido a la Cárcel de Piedra de los Indios, Zimmer, visiblemente emocionado al recibir el saludo de decenas de simpatizantes que fueron a apoyarlo, dijo que no cuestionará el fallo de la Justicia pero ratificó que siempre actuó dentro del marco legal

“Yo lo que le dijo es que actué totalmente dentro de la Constitución y la ley. Es más, si volviéramos a vivir la situación de vuelta, haría exactamente lo mismo”.

Zimmer se convirtió así en el primer intendente en funciones que es enviado a prisión por un delito vinculado a su gestión. Si bien en los últimos años cuatro jefes comunales fueron procesados por la misma causa, las decisiones judiciales se produjeron cuando ya habían dejado sus cargos.

La defensa ya anunció que apelará el fallo. Mientras tanto, el intendente permanece desde el viernes recluido en la “chacra” de la cárcel coloniense, en una celda “austera y sin privilegios” (según dijeron quienes lo visitaron), que comparte con Ahunchaìn y otros dos convictos.

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(*) N. de R.: Las expresiones entrecomilladas que se citan en este informe de En Perspectiva fueron tomadas del auto de procesamiento dictado el viernes 28.03.2014 por la jueza letrada Virginia Ginares.

Comentarios

  • Andres Irigoyen Diz

    Walter Zimmer deberia reclamar a la SCJ por ?DISCRIMINACIÓN? y tener el ?mismo trato? que la SCJ tuvo para con la ex juez Mary C. Alonso Flumini denunciada por ?ABUSO DE FUNCIONES? y CORRUPCIÓN. Obviamente las Pruebas están, de lo contrario me podrían denunciar por ?DIFAMACIÓN?. NO lo van a hacer para evitar el escándalo en el Poder Judicial. Quien debería encontrar este escrito intolerable es la misma jueza Virginia Ginares Echenique,de ser consistente con su ?fallo? c/W.Zimmer: ?la gravedad de los hechos? ejecutados por ?dos funcionarios de altísima jerarquía, que no podrían ignorar las implicancias de las decisiones que toman en desempeño de sus funciones?. Para su argumento, la magistrada se basa en ela ley 17.060, la cual establece en su segundo artículo que los funcionarios públicos deben tener una ?conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo?, y el interés público debe primar por encima de cualquier otro

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