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Rafael Michelini (FA): La ley de responsabilidad penal del empleador "no representa" al mundo del trabajo "en su cabalidad"

Rafael Michelini. Archivo
Rafael Michelini Archivo

El debate sobre la aprobación de la ley de responsabilidad penal empresarial ha dividido las aguas dentro del Frente Amplio. El Frente Líber Seregni (FLS) pretende modificar el proyecto tal cual se aprobó en Diputados. El senador del FLS Rafael Michelini sostuvo, en diálogo con En Perspectiva, que la ley tal cual está no representa al mundo del trabajo en su totalidad. "Estamos intentando encontrar una solución que tenga las dos cosas principales: que resguarde la vida, que sea justo y que no terminen luego pagando justos por pecadores" sentenció el legislador. También manifestó que se está trabajando para que la ley "sea lo más clara posible para que ni pueda ser objetada ni los jueces la puedan interpretar con displicencia".

(emitido a las 7.49 hs.)

EMILIANO COTELO:
La mesa política del Frente Amplio va a analizar las diferencias internas que han quedado planteadas a propósito del proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador.

El Frente Líber Seregni (FLS) confirmó que sigue negociando para que se modifique el texto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Su foco está puesto en que se introduzca el concepto de omisión deliberada para así eliminar la figura de responsabilidad objetiva que, tal cual viene el proyecto de la primera cámara, pena al empresario cuando en su firma no se cumple con las medidas preventivas de accidentes más allá de su intención.

Recordemos lo que dice el texto que se votó en la Cámara de Representantes: "El empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa, no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a 24 meses de prisión". En ese artículo -uno de los tres que tiene el proyecto- está concentrada la controversia, pese a que también hay observaciones que por ejemplo la Cámara de Comercio plantea en el comunicado de ayer a propósito de los otros artículos, pero lo medular parece estar en el artículo primero.

El FLS emitió ayer el comunicado del cual les habíamos anticipado lo principal más temprano en la mañana, en el que señala que el proyecto "afecta el necesario sentido de justicia y de equidad que deben tener las leyes" y corre el riesgo de que luego la ley sea declarada inconstitucional.

Estamos con el senador Rafael Michelini, que integra el FLS.

El martes, después de negociaciones muy largas y arduas que se produjeron entre los senadores y los diputados del Frente Amplio, la bancada de senadores terminó decidiendo que se va a acompañar el proyecto que viene de la cámara baja. En esa instancia ustedes pidieron que la sesión quedara para la semana que viene. Ahora explicitan bien por qué pidieron ese nuevo plazo, porque quieren seguir negociando, insisten en cambiar ese texto. ¿Cómo es esta situación?, ¿para qué se votó entonces el martes?

RAFAEL MICHELINI:
Primero el FLS entiende que se necesita una ley que cuide y proteja la vida y la integridad física de los trabajadores. Segundo, nosotros creemos que se puede perfeccionar ese texto y en función de eso hasta el último segundo vamos a estar tratando de mejorar la ley, como lo hacemos con tantos otros. Tercero, el Frente Amplio representa el mundo del trabajo, no solo a los trabajadores, o a los sindicalizados, también a las cooperativas, cuentapropistas, micro y pequeños empresarios, y sentimos que la ley no representa ese mundo en todo su sentido y cabalidad.

EC – ¿Por qué?

RM – En la medida que cooperativas o micro y pequeños empresarios han expresado preocupación sobre ese proyecto. En función de eso estamos intentando encontrar una solución que tenga las dos cosas principales: que resguarde la vida, que sea justo y que no terminen luego pagando justos por pecadores.

Naturalmente, si necesitamos un instrumento ése debe ser sostenido en el tiempo, no sería bueno que luego de seis u ocho meses ocurriera que la norma no estuviera ajustada al texto constitucional.

EC – Por ejemplo, usted mencionaba recién que el texto tal cual salió de la Cámara de Diputados no representa al mundo del trabajo…

RM – No, no representa a cabalidad al mundo del trabajo, una parte lo representa porque se están muriendo trabajadores y nosotros tenemos que encontrar instrumentos para que todos tomen conciencia, sobre todo los empleadores. Pero no estamos hablando del gran capital sino también del trabajo, también tenemos que escuchar y tener en cuenta algunas afirmaciones de los cooperativistas o de los micro y pequeños empresarios.

EC – ¿Cuáles son las inquietudes de esos sectores? ¿Por qué ven como un problema el texto tal cual está redactado?

RM – Hay dos aspectos. Uno es que la norma tiene que mantenerse en el tiempo porque si no hicimos una ley para seis o siete meses y eso no parece lógico. Otro es que la ley apunte al contumaz, no al empresario cumplidor que por alguna razón u otra se hace una inspección y se encuentra una falta grave. En vez de ir en degradé, primero con una multa, luego con sanción y finalmente la clausura, ya de pique vamos a la sanción penal. Esta parecería lógica para aquel que ya tuvo una multa o clausura del establecimiento, si no entiende que hay faltas que pueden poner en peligro la vida de los trabajadores, entonces la sociedad le dice: "Vamos por tu libertad porque no estamos dispuestos a que tú, que no entendés que estás trabajando en condiciones de inseguridad, lo entiendas a través de mecanismos como multas o clausuras habituales".

EC – Es bueno recalcar a partir de esas situaciones que usted menciona que el proyecto no está referido a la responsabilidad del empleador cuando ocurre un accidente, o eventualmente una muerte, eso ya está legislado. El proyecto avanza por el lado de sancionar a un empleador en el caso de que no cumpla con los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación. Independientemente de que haya o no accidentes. Por ejemplo, si se constata en una inspección que no se está cumpliendo con algún tipo de medidas que sí son obligatorias con eso alcanza, en teoría, para que el empleador marche preso.

RM – Pongamos el ejemplo de una persona que maneja alcoholizada. Aunque no haya accidente las posibilidades de que lo haya son muy altas, para su vida y para la de terceros. Lo que parece lógico es que primero se le ponga una multa, se le retire la libreta y por cierto tiempo no pueda conducir. Hay una serie de sanciones que permiten que ese conductor reaccione, cambie sus hábitos y no vuelva a manejar alcoholizado. Si en determinado momento a partir de una serie de sanciones esa persona insiste en su conducta y por lo tanto en algún momento va a matar a alguien, vamos a la sanción mayor, que es la penal. Lo que no podemos es empezar de entrada con eso.

Yo no digo que el texto sea claro en la dirección contraria, que ya obligue a poner a una persona presa. Si a mí me dijeran que los jueces van a actuar con ponderación y ser restrictivos en su apreciación de la ley, yo sinceramente no tendría problema. Pero como soy legislador y como tengo que votar esa ley, digo: perfeccionémosla, no dejemos a criterio de los jueces, intentemos mejorar ese texto para que no haya dudas de que se va a actuar desde una interpretación restrictiva. Si supiera que los jueces van a actuar así no habría tantos problemas.

EC – Curiosamente esto que acaba de señalar parece una respuesta -al menos indirecta- al ex senador José Korzeniak, que hoy en el diario La República aparece diciendo que entiende que el proyecto no puede ser tachado de inconstitucional y agrega: "Ningún juez va procesar a un empresario si no tenía conciencia de que estaba omitiendo una regla de seguridad o de que la misma fuera omitida voluntariamente". Es obvio, dice, que la responsabilidad solo se configura si el empresario está en conocimiento de la omisión, y agregó: "Me la juego a que ningún miembro de la Corte va a opinar que esta ley es inconstitucional".

RM – Yo comparto que pueda haber una interpretación como dice Korzeniak, ahora, no es que la ley ya terminó, queremos mejorarla para que no haya una discusión de cómo la van a interpretar los jueces, sino que haya claridad de que los jueces la pueden interpretar de una sola manera, entonces no tendríamos problema.

Digámoslo de otra manera, si a mí me dijeran que la Suprema Corte de Justicia no objeta esta ley y que además los jueces actúan con restricción en su interpretación, yo no tengo problemas. Pero como no me puedo jugar antes del partido porque no sé cuál es el resultado a ir mal preparado, entonces intento que la ley sea lo más clara posible para que ni pueda ser objetada ni los jueces la puedan interpretar con displicencia.

ROMINA ANDRIOLI:
El senador Rodolfo Nin Novoa señaló que no va a votar la ley si efectivamente no se modifica. ¿Cuál va a ser su posición concretamente?

RM – La que estamos expresando y la de todo el FLS, que es buscar hasta el último segundo una modificación de la ley. A la vez, así como la ley ya tuvo su efecto porque los propios empleadores dicen: "está bien, esta ley no me gusta, pero nosotros estábamos en falta con el tema de la vida y además le aceptamos que en este caso el PIT-CNT se anotó un tanto porque no era de discutir sobre salarios sino que nos puso el tema de seguridad arriba de la mesa, y tienen razón, hay problemas de seguridad", también en este caso yo estoy haciendo docencia porque estamos mandando el mensaje de que la ley se tiene que interpretar con restricción. Si la podemos clarificar, en buena hora, pero la ley se tiene que interpretar con restricción porque si no se va a cumplir lo que se llama el delito objetivo y obviamente eso sí se da de bruces con nuestra Constitución.

EC – De todos modos si Nin Novoa no vota, el proyecto no sale.

RM – La posición del FLS, incluida la de Nin Novoa, es negociar hasta último segundo la posibilidad de modificar la ley, después cada uno verá. Pero vamos a intentar perfeccionar las cosas, yo sé que todos estamos adictos a ver cuál es el resultado del partido, pero tenemos que jugarlo. El FLS lo está jugando: primero impedir que la ley se votara el miércoles y darnos un espacio de tiempo de reflexión; y segundo, si la palabra "intencionalmente" o "deliberadamente" no es la que de alguna forma convoca el consenso, encontremos una redacción que permita que la ley se lea y se interprete en ese sentido restrictivo que yo hablaba. Pero tiene que quedar claro que se necesita ley.

EC – Siguen llegando mensajes de los oyentes, por ejemplo a propósito de uno de los puntos que usted mencionaba, la preocupación que ha generado el texto en cooperativistas y en pequeños empresarios, dice Daniel, de Rosario: "¿Por qué ese preconcepto de que solo cooperativistas y pequeños empresarios son responsables y los grandes empresarios no? Dejemos de establecer esas diferencias subjetivas, por favor".

RM – Yo no hago diferencias, digo que el gran capital en general está muy protegido para esas contingencias, lo que no están protegidos, en el mundo ese del trabajo que yo señalo, son micro y pequeños empresarios que a veces tienen dos empleados, y todas las contingencias de la seguridad a veces no tienen la conciencia debida de cómo asumirla. A mí me preocupa que a esos micro y pequeños empresarios, o a los cooperativistas, les pongamos un marco legal que ellos mismos nos están diciendo "ojo que nos están dando una complicación adicional que en muchas cooperativas no podemos abordar a cabalidad".

EC – ¿Qué pasa si el Frente Amplio declara este asunto como de disciplina partidaria?

RM – Repito, se necesita ley, nadie está discutiendo que no va a haber ley.

EC – Pero puede declarar que es asunto político votar el proyecto tal cual salió de la Cámara de Diputados.

RM – Pueden pasar muchas cosas, el FLS dice "perfeccionemos la ley", nadie puede estar en contra de perfeccionar una ley, si somos legisladores, si la ley se necesita, si el objeto es el que todos queremos: proteger la vida y prever los accidentes. Si nosotros, legisladores, decimos: "perfeccionemos la ley", hasta último segundo me parece que ese objetivo es viable.

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