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Informe de Nicolás Batalla (Suena Tremendo / Radio El Espectador)
El casoEl 27 de octubre de 2010 a la señora Mary Martha Croce le fue diagnosticada la enfermedad conocida como “síndrome mielodisplásico de médula ósea”, una afección que no tiene cura definitiva y cuyo tratamiento consiste en la realización de transfusiones de sangre y plaquetas. En el caso de Croce, estas transfusiones deben realizarse de manera semanal, para evitar que se le produzcan derrames internos que derivarían en su muerte.
Según se expone en la denuncia penal presentada, el pasado mes de febrero desde Medicare se comunicaron con la hija de Crocce, Hilda, para informarle que, por concepto de gastos de atención médica, le estaban debiendo a la institución más de 300 mil pesos
Este sería el primer punto de conflicto ya que, según entiende la familia, los gastos del tratamiento que le está siendo realizado en el Hospital Británico deberían estar incluidos en el servicio al que tiene derecho Croce como usuaria de Medicare.
Sin embargo, la situación se tensó aún más cuando algunos días después volvieron a comunicarse con la hija de Croce, le reiteraron la existencia de la deuda y le informaron que la falta de pago de dos cuotas consecutivas implicaba perder la calidad de socia de la institución.
¿Qué hizo Medicare? Condicionó el pago de la cuota mensual al pago del tratamiento que estaba recibiendo Croce, hasta ese momento, en el Hospital Británico.
En el contrato de Croce no está previsto que Medicare pueda darle de baja a un afiliado por no pagar sus gastos médicos, pero sí le puede dar de baja si el usuario se atrasa en su cuota dos meses consecutivos. De este modo, Medicare optó por no aceptar el pago de la cuota, hasta que no saldara la deuda.
Cuando Hilda, la hija de la Sra Croce, quiso pagar las cuotas de febrero y marzo no le aceptaron el pago, hasta tanto no abonara la totalidad de los gastos de su tratamiento. De este modo, la familia de la paciente tenía dos opciones: o bien pagaba la deuda que Medicare sostiene que contrajeron con la institución y que ellos no comparten, o bien Croce sería desafiliada.
En la urgencia por que Croce no perdiera la cobertura, la familia entregó la suma de 70.000 pesos, con lo cual la institución le aceptó el pago de una de las cuotas que se debían, bajo la misma advertencia de que deberían pagar toda la deuda para que le aceptaran el pago de la otra cuota.
Las idas y venidas continuaron por esos días pero no se llegó a un acuerdo, al punto de que el 12 de abril recibieron un telegrama colacionado de constitución en mora automática por falta de pago de dos cuotas consecutivas.
Ese mismo día, Hilda debió ir a Medicare a solicitar la orden para la transfusión que correspondería hacerle a su madre según su medico tratante. Luego de que se le entrega la orden, la enfermera que debía coordinar el horario de la transfusión le comunicó que Croce había sido dada de baja de Medicare, por lo cual el hospital no autorizaba la transfusión.
Como consecuencia de esto, y según aparece en el relato de la denuncia presentada, su hija debió buscar con urgencia dónde hacerle la transfusión de plaquetas, “recorriendo 3 sanatorios de Montevideo y siendo rechazada por todos”. Finalmente, pudo coordinar la transfusión en el Sanatorio Cantegril de Maldonado. Si bien consiguieron las plaquetas, se les advirtió que no siempre hay plaquetas disponibles para las transfusiones y que ese día era una excepción.
La médica tratante de Croce, la hematóloga Virginia Costa, no quiso hacer declaraciones. En tanto, el Dr. Pablo Muxí, expresidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay –y que no conoce el caso concreto–, realizó una breve descripción del síndrome que padece Croce y cómo suele tratarse:
“Es una enfermedad de la célula madre de la médula ósea, la célula que forma los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Esa célula se enferma y, a partir de ahí, hay un trastorno madurativo de la misma que lleva a que la médula forme mal los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Esta enfermedad puede ser progresiva, no hay ningún tratamiento curativo –salvo el trasplante de médula– y en un porcentaje variable puede evolucionar hacia una leucemia aguda”.
Según surge de la denuncia penal presentada, ese día Croce tenía menos de 10.000 plaquetas, cuando lo normal es un mínimo de 130 mil.
“El valor normal de plaquetas depende del laboratorio, pero más o menos entre 120.000 a 400.00 plaquetas son las cifras normales. No hay riesgo de sangrado hasta que uno tiene unas 40.000 plaquetas. Cuando está entre 10.000 a 20.000 se puede transfundir o no. De 10.000 para abajo se va a transfundir”, señaló Muxi.
Podemos suponer con esto que Croce se encuentra ya en una etapa muy delicada de su enfermedad.
Al día siguiente de que esto ocurriera, Medicare envió un nuevo telegrama colacionado en el cual notificó a su familia que la institución continuaría prestándole sus servicios durante 15 días más, plazo en el cual deberían contratar los servicios de otro prestador de salud o, en su defecto, abonar el monto total adeudado y ofrecer garantía suficiente para las “futuras prestaciones”.
Es decir, que ya no solo se exige que se paguen todos los gastos médicos (en discusión) junto a la cuota, sino también que se requiere garantía del pago de las transfusiones a futuro.
Tras estos hechos, la señora Croce presentó una denuncia penal por extorsión, una denuncia frente al Ministerio de Salud Pública (solicitando que no se acepte su desafiliación de Medicare) y la acción de amparo que garantice que, hasta que se resuelva el caso, Croce continuará recibiendo el tratamiento por parte de la institución, como lo venía haciendo hasta el momento.
Si bien la familia de Croce entiende que los gastos médicos resultantes del tratamiento deberían estar incluidos en la cuota mensual que abonan a la institución, el Dr. Claudio Barboza, abogado de la paciente, consideró que lo más grave es la amenaza de que se le suspenda el tratamiento y se la deje sin cobertura:
“Más allá de la diferencia que hay respecto a que entendemos que Medicare debe cubrir este tratamiento, es evidente que ante la gravedad de la situación no se puede dejar desamparado al paciente. Y mucho menos coaccionar de esta forma, condicionando a la aceptación del pago de las cuotas y advirtiendo que se le va a dar de baja. No se puede discutir el tema de a quién corresponden los gastos si en realidad están amenazando a una señora, que tiene una enfermedad terminal y que depende de esas transfusiones para vivir, de darle de baja y cortarle el tratamiento. Eso es lo más grave y lo que motivó tanto la denuncia penal como la acción de amparo”.