Después de décadas de frustrados intentos, los impulsores del proyecto lo volverán a poner a consideración de la Cámara alta, donde será aprobado con la mayoría oficialista.

Lo apretado del margen hace necesario que se hagan presentes en el Palacio Legislativo todos los senadores del Frente Amplio, varios de los cuales ya comenzaron sus vacaciones.

Según dijeron a El Espectador fuentes de la bancada oficialista, los 16 senadores confirmaron que estarán en sala.

El senador nacionalista Jorge Saravia anunció que votará a favor, ya que fue firmante del proyecto cuando estaba en el Frente Amplio.

En el Partido Colorado solamente el senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet, anticipó su postura favorable al proyecto de despenalización del aborto.

Sin embargo, fuentes coloradas dijeron a El Espectador que en la reunión de bancada que tendrá lugar este lunes a las cinco de la tarde, se declarará la cuestión como asunto político y se le dará mandato a sus legisladores.

Si esto ocurre, Pasquet argumentará a favor del proyecto, pero votará en contra por disciplina partidaria. Pasquet fue redactor de un proyecto de despenalización del aborto durante la primera Presidencia de Julio María Sanguinetti.

Si el texto es aprobado este martes en el Senado, pasará a consideración de la Cámara de Diputados para luego del receso. Ya en la Cámara baja es otro cantar y los votos para la mayoría no aparecen tan claros por ahora.

En cuanto al texto que fue aprobado en la Comisión de Salud del Senado y que será votado este martes en el Plenario, el mismo dice que “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”. Aclara que ese plazo no se aplicará “si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial e intervención de médico forense”.

También se establecen excepciones “si estuviera en riesgo la salud o vida de la mujer” o “si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”.

El proyecto expresa que “todos los servicios de asistencia médica, tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de realizar la interrupción voluntaria del embarazo a las usuarias que lo requieran en las hipótesis previstas en esta ley, ya fuera en forma directa o indirecta mediante las contrataciones de servicios pertinentes”. Agrega que si algún integrante del personal médico o de salud “se excusara por razones fundadas de participar en dicho procedimiento, las instituciones médicas deberán asegurar el concurso del personal calificado”. Aclara que “quienes soliciten ser excusados de participar en dicho acto médico, bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de sanciones o actos que afecten su desempeño laboral”.

El proyecto da cuenta de que se deberá garantizar a las usuarias de los servicios de salud “la información sobre medidas de anticoncepción y brindarles información integral y apoyo respecto a sus derechos, y a la interrupción voluntaria del embarazo, antes, durante y después que ésta haya adoptado una decisión”.

Asimismo, los servicios deberán mantener confidencialidad, “dando cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo, sin revelación de la identidad de la mujer”.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Luis Gallo, relató a El Espectador cómo fue el proceso de discusión a lo largo del año.

“Siendo un proyecto que viene del Parlamento hace muchísimos años. Lo discutimos en 2002 cuando se votó en Diputados, después en 2008 cuando se aprobó por el Parlamento, después lo vetó el presidente Vázquez. Todo eso dio lugar a una enorme discusión tanto en la sociedad como en el Parlamento donde vinieron a las comisiones respectivas decenas de organizaciones, algunas en dos o tres oportunidades a dar su opinión con respecto al tema. Esta Comisión de Salud del Senado ha tenido muchísimos insumos, no solamente de las organizaciones que vinieron en esta oportunidad, sino de las versiones taquigráficas que hay un riquísimo material que en definitiva es lo que nos ha dado oportunidad de que en función del análisis de eso trasuntarlo en este proyecto de ley. Se discutió, pero se discutió fundamentalmente en base a los insumos que se tenían de muchísimo tiempo. En ese sentido estamos absolutamente tranquilos de que no ha habido sector de la sociedad que no ha tenido oportunidad de dar su opinión con respecto al proyecto y dejarlo registrado”, indicó Gallo.

El texto admite la objeción de conciencia por parte de los médicos, al tiempo que establece la obligatoriedad de practicar abortos a los instituciones prestadoras de salud.

“Incluye el concepto de la objeción de conciencia. El médico en función de esa objeción de conciencia puede hacer uso a los efectos de decidir no realizar el aborto. Sí la obligación la tiene el prestador de salud que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud, ya sea público o privado. Pero el médico, en función de esa objeción de conciencia, va a poder decidir si lo hace o no”, expresó Gallo.

En filas de la oposición los argumentos que se esgrimen en contra del proyecto son similares, entre otros los vinculados con el comienzo de la vida desde la concepción.

El senador nacionalista Carlos Moreira dijo a El Espectador cuáles son las razones por las que votará en contra del proyecto.

“Por razones de orden jurídico meridianamente porque partimos de la base de que en nuestro orden jurídico interno y por las obligaciones internacionales que ha asumido el país en varios estados, el Pacto de San José de Costa Rica, la convención sobre los derechos del niño, las propias disposiciones de nuestra Constitución de la República, el código de la niñez. La vida está protegida desde el momento mismo de la concepción y acá en realidad es admitir la legalización de procedimientos que precisamente vulneran ese derecho a la vida. Ya existe desde el momento mismo de la concepción un derecho a la vida que nuestro ordenamiento jurídico protege a nivel de tratados internacionales y del propio derecho interno, constitucional y legal. Esas razones jurídicas para mí son absolutamente ilevantables y además con otro tipo de consideraciones, la protección de la familia, la protección de la maternidad”, aseguró Moreira.

Un argumento que mucho se utilizó de parte de los impulsores del proyecto fue el riesgo de vida que corrían las mujeres al practicarse abortos clandestinos. Eso cambió, dijo Moreira, porque ahora, con los métodos farmacológicos, ya no se mueren mujeres.

“Uno de los argumentos que se ha utilizado siempre para admitir esta interrupción o legalización de la interrupción de los embarazos era precisamente el riesgo de vida de la mujer. Nosotros recibimos en la comisión al subsecretario de Salud Pública al doctor Briozzo, que es ginecólogo, y dijo que  hacía cuatro años que no había ninguna mortalidad materna por razón de interrupción de embarazo, de procedimientos clandestinos. Ha variado mucho la forma en que se practican los abortos. Ahora la mayoría son farmacológicos, no son quirúrgicos, sino farmacológicos, por lo tanto prácticamente no constituyen causa de muerte como antes pasaba con algunas clínicas clandestinas que no tenían procedimientos correctos y se morían mujeres. Eso, por lo que el propio subsecretario de Salud Pública nos manifestó, no se da más”, indicó Moreira.  

En tanto,  varias organizaciones sociales anunciaron que estarán presentes este martes en los alrededores del Palacio Legislativo antes de la sesión y luego ocuparán un lugar en las barras.