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(emitido a las 07.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El semanario Brecha incluye una crónica con el título “El anónimo que sabía demasiado”. Empieza diciendo que “el sistema político se vio sacudido esta semana por la investigación judicial que busca determinar si existe corrupción en ciertas compras de la Armada. El asunto dejó al descubierto la falta de control estatal y de transparencia en la Marina respecto al manejo del dinero público y las denuncias del Ministerio de Defensa que fueron ocultadas a la ciudadanía”. Este último es uno de los puntos en el que pone énfasis el periodista Walter Pernas.

La nota después dice que “la justicia especializada en asuntos del crimen organizado está investigando presuntas conductas delictivas en la Armada a partir de denuncias anónimas parece un síntoma de descreimiento sobre todo el sistema político sin distingo de partidos ni cargos. La denuncia inicial, que aportó datos certeros sobre una presunta maniobra dolosa en la compra discrecional en 2008 de una grúa y de un banco de prueba de motores por los que se habría pagado 600.000 dólares, esa denuncia inicial no fue confiada a las jerarquías del Ministerio de Defensa, ni a la comisión de Defensa del Parlamento, tampoco a ningún político ni policía. Fue presentada directamente ante la justicia, sin remitente ni firma”, dice el autor de la nota.

“A partir de ese hecho, y del inicio de la indagatoria judicial, comenzaron a destaparse diversos casos que involucran a militares: sus compras abusivas bajo el rubro de “libre disponibilidad de dinero”, maniobras con vales de nafta y tickets de alimentación, el uso presuntamente turbio de algunas cuentas bancarias”.

“Además –agrega Brecha- la sociedad se entera ahora de que en 2009 el entonces ministro de Defensa, José Bayardi, había presentado una denuncia penal que involucra al también ex titular de esa cartera Yamandú Fau, por el manejo de una cuenta bancaria en la que se depositaba dinero para pagar alquileres de casas de militares residentes en el exterior, entre otros usos. Bayardi dijo que no dio a conocer esta información y otras en las que algunas presuntas irregularidades fueron denunciadas en los juzgados porque ‘no quería hacer política con la justicia’”.

Y allí viene el comentario crítico que incluye este artículo, dice: “resulta llamativa esa declaración en tanto es difícil concebir a un político que no quiera hacer política, más cuando en otras oportunidades Bayardi ha hecho todo lo contrario a lo que ahora pregona, justo luego de que el asunto cobra notoriedad. El ex ministro olvidó en todo caso algo muy importante más allá de las consideraciones políticas y es nada más ni nada menos que la transparencia que debe existir en las actuaciones públicas. La ciudadanía quiere y debe estar informada de cada una de las acciones relevantes y vaya si una denuncia penal lo es; la ciudadanía quiere y debe estar informada de cada una de las acciones relevantes que un organismo público emprende.

El ministro no informó entonces sobre la presunta responsabilidad de Fau, pero tampoco sobre todas las demás irregularidades detectadas por la Auditoría Interna de la Nación que involucran a varias reparticiones de la cartera que él dirige. Según supo Brecha de fuentes del sistema judicial las denuncias describían eventuales maniobras en cantinas militares, el manejo sospechoso de los rubros provenientes de la ONU, la habilitación anormal de intervenciones quirúrgicas en el exterior de la que se benefició algún militar de alto rango entre otros. Eso estaba incluido en la lista de irregularidades detectadas por la Auditoría Interna de la Nación que por lo visto fue base de aquella denuncia penal presentada por Bayardi”, destaca el periodista Walter Pernas en Brecha.


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EC – Otras repercusiones por supuesto las hay a nivel parlamentario. Estamos en comunicación con el diputado Javier García, de Alianza Nacional, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. ¿Cuál es su análisis?

JAVIER GARCÍA:
Si estas cosas se confirmaron o algunas se confirmaron son hechos graves. Hay que tener una actitud de responsabilidad y de no empezar en operaciones políticas alrededor de cosas que lo importante que tienen es conocer la verdad, llegar a determinar responsabilidades si las hay, y no hay que dedicarse a sacar tajos políticos de cada una.

EC – ¿Y qué tajos políticos se están tratando de sacar?

JG – Es que estas últimas horas abundan los mismos. Yo le dije al ministro Rosadilla hace tres días cuando nos invitó junto al diputado Amy, que es el presidente de la Comisión, y al diputado Semproni, que creo que habría sin duda ninguna tres niveles de responsabilidad si se confirma. Hay una responsabilidad judicial que la está analizando la justicia, por camino independiente como corresponde y que está en sus manos el seguimiento de las mismas. Un camino administrativo que es el que el Ministerio de Defensa y el ministro en particular han llevado adelante en dos niveles: de investigaciones administrativas cuando tiene sospecha de irregularidades y la determinación de algunas llegadas a Montevideo y algunas personas oficiales de la Armada que están a disposición del Ministerio.

Y le agregaba yo: ”mire ministro pero también responsabilidades políticas tiene que haber, no en su caso porque hasta este momento estas son cosas que se evalúan dinámicamente, pero hasta este momento usted hace cuatro meses que asumió estas denuncias aparentemente le llegaron un mes atrás, usted dispuso las investigaciones administrativas, dispuso los retornos a Montevideo de oficiales que están a su disposición. Por ahí creo que se está actuando. Y yo le digo sin que me comprendan las generales de la ley porque pertenezco como usted bien sabe a la oposición y el ministro es el ministro”.