"Los hemos convocado para darles una noticia que nos pesa un poco darla y es que hemos decidido rescindir el contrato con Carmitel".

Con esas palabras, la intendenta interina de Montevideo, Hyara Rodríguez, le ponía fin a la larga historia de la concesión del Hotel Carrasco a la empresa Carmitel S.A..

Rodríguez afirmó que la decisión se basa en la "falta de garantías financieras de la empresa" y el incumplimiento del cronograma de obras, el cual apenas fue cumplido en un 25 % de lo proyectado.

Hace nueve años que la Intendencia decidió que el Hotel Carrasco, que desde 1921 era municipal, debía pasar a manos privadas. Un proceso lleno de idas y vueltas, de más vueltas que idas, en el que hoy se vuelve a cero.

Las obras de remodelación del hotel en seis años, fue sólo del 25% del proyecto según la intendencia. Además, hubo incumplimientos varios de la empresa Carmitel que la IMM pasó por alto, incluso a pesar de varias observaciones del Tribunal de Cuentas. Hace pocos días todos los integrantes del Tribunal de Cuentas, incluidos los frenteamplistas, votaron la última observación.

El 29 de marzo, el Tribunal de Cuentas advirtió que uno de los integrantes de la nueva Junta Anticorrupción, Adolfo Pérez Riera, cuando todavía ejercía como intendente (julio de 2005), modificó el contrato con la empresa concesionaria del antiguo Hotel Carrasco sin tener la autorización de la Junta Departamental (elemento que es indispensable a nivel jurídico para modificar el contrato).

Pero, además, Pérez Piera fue acusado de mentir al Tribunal de Cuentas. El ex intendente, a través de una carta que envió el 1° de julio de 2005, dijo que iba a firmar un nuevo contrato con Carmitel el 30 de ese mes. Pero, en su investigación, el Tribunal aseguró que, en realidad, Pérez Piera ya había firmado el nuevo contrato el mismo 1° de julio, o sea, el mismo día en que envió la carta en la que anunciaba la firma de un nuevo contrato.

Pérez Piera se defendió al decir que hubo un error tipográfico en ese texto. Publicó en el semanario Búsqueda una larga carta de descargos contra las acusaciones del Tribunal.

Más allá de lo que pasó con el Tribunal, lo que está confirmado es que en esa modificación de contrato, la intendencia volvió a darle una prórroga a la empresa Carmitel hasta 2007 para terminar la remodelación del hotel.

Hay otros dos temas que llaman poderosamente la atención. Por contrato, Carmitel estaba obligada a tener siempre al día una póliza de seguro total por bienes muebles e inmuebles del hotel, incluido obviamente el de incendio, más una garantía de 1.178.000 dólares. Esta garantía funcionaba como reaseguro de que la empresa Carmitel tenía los recursos necesarios para seguir con la obra.

Pero, ni el seguro de incendios ni la garantía (ambos del Banco de Seguros del Estado) estaban ni están al día. Tampoco estaban al día cuando Pérez Piera firmó la nueva prórroga para fines de marzo de 2007.

El segundo punto interesante es que a esta obra no tuvo más que prórrogas y prórrogas.

En el primer contrato que firmó la intendencia, en febrero de 2000, no estaba estipulada una fecha para terminar las obras. Pero en 2003, el ex intendente Mariano Arana le pone plazo final a Carmitel en el que la obliga a tener pronto el hotel para el 31 de marzo de 2005. Después, llega el nuevo contrato que firma Pérez Piera, que extiende ese plazo hasta marzo de 2007.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que las obras de Carmitel estaban paralizadas desde mediados de 2002. Esto lo confirmó la propia intendencia a través de la Comisión Especial de Seguimiento de la concesión del hotel que, en agosto de 2003, dijo que la obra estaba detenida desde setiembre de 2002 y que las instalaciones del edificio mostraban una clara imagen de abandono.

De hecho, ahora que finalmente se rescindió el contrato, la intendencia confirma que en seis años de concesión, Carmitel avanzó un 25% desde 2001. Hyara Rodríguez agregó que ya no se puede seguir esperando y ayer en la tarde lo dejó bien claro al decir: "el tiempo se acabó".

"El Hotel Carrasco es emblemático de la ciudad, queríamos verlo terminado cuanto antes, es uno de los puntos referentes de las entradas principales a la ciudad. Pero llegó el momento en el que no podemos esperar más. Y es literal. Así se lo dijimos a los representantes de Carmitel y ellos ya lo sabían. La intendencia ya no puede darles más tiempo", sentenció la intendenta interina.

Pasado. La historia de todo este proceso empezó en 1997. Durante todo el mandato de Tabaré Vázquez como intendente y los dos primeros años del de Mariano Arana, el Hotel Carrasco siguió deteriorándose y los déficits para la intendencia se acumulaban. El último fue de 800.000 dólares en un año.

Por tal motivo, en 1997, la intendencia decidió privatizarlo mediante el régimen de concesión.

La primera empresa a la que le adjudicaron la concesión fue a Veltica S.A.. El proceso tuvo graves irregularidades, señaladas por el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo haber procedido a la adjudicación "sin dar vista a los demás oferentes". Entonces, el intendente Arana tuvo que anularla.

En 1999, la intendencia hizo un nuevo llamado y la adjudicó la concesión a Carmitel S.A., integrada por Juan Carlos Garramón, Roberto Siegfried y Mario Garbarino, socios del Sheraton Montevideo y Punta Carretas Shopping, entre otros emprendimientos hoteleros.

En el contrato inicial, del 9 de febrero de 2000, la IMM le cedió a Carmitel, por 30 años, la concesión del hotel y, a cambio, la empresa se comprometió a invertir casi 20 millones de dólares (19.960.000 dólares).

Esa cifra estaba destinada al reacondicionamiento del hotel para convertirlo en un verdadero cinco estrellas que, entre otras cosas, incluiría un centro de convenciones, locales gastronómicos varios, spa y locales comerciales. Hotel cinco estrellas que pasaría a formar parte de la cadena de hoteles estadounidense Marriott. Las obras de refacción del hotel empezaron a mediados de 2001.

Un año después, las obras pararon y la empresa argumentó que tenía problemas financieros para seguir con la obra por la crisis bancaria que vivía el país. En ese momento se entablaron nuevas negociaciones entre el concesionario y la intendencia.

Al final, se introdujeron modificaciones importantes al contrato originario. Se pesificaron las obligaciones del concesionario, se rebajó apreciablemente el canon que debía pagar la empresa en casi una tercera parte. El Tribunal de Cuentas hizo entonces serias observaciones advirtiendo que estas modificaciones además de cambiar los términos del contrato entre la intendencia y Carmitel, "constituyeron un apartamiento a lo establecido en pliego de la licitación y la oferta original".