El gobierno y la justicia trabajarán con la hipótesis de la responsabilidad comprobada, que se apoya en los testimonios aportados por testigos presenciales de esos hechos.
Los presuntamente implicados son José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge "Pajarito" Silveira, y algunos otros militares que habrían participado de esos hechos deberán demostrar su inocencia ante la Justicia o en su defecto deberán cumplir penas de prisión.
Fuentes del gobierno dijeron a El Espectador que la oficialidad en actividad no pone ningún reparo en el juzgamiento de este grupo de militares, directamente vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura.
Las fuentes precisaron también que los trabajos en los batallones 13 y 14 arrojarán –al menos- pruebas de enterramientos, cuando no directamente esqueletos.
El tema está siendo directamente coordinado por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que junto al comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, iniciaron el camino para que el gobierno envíe técnicos a los batallones mencionados.
El vínculo entre el Ejército y la Presidencia será a través del jefe de la Casa Militar, general Roberto Álvarez, hombre con una estrecha vinculación con el presidente Vázquez.
Por otra parte, fuentes de la Armada dijeron el viernes a Índice 810 que no tienen prevista una reunión entre el comandante de esa fuerza y el secretario de la Presidencia. Además, señalaron que en la Armada, no hubo una especial inquietud por los anuncios de Vázquez.
Las excavaciones, que comenzarían en los próximos días, van a ser filmadas las 24 horas en presencia de un escribano.
El diario La República informa que los técnicos universitarios que investigan las posibles remociones de tierras por enterramientos clandestinos necesitan apenas "uno o dos días más" para terminar el relevamiento aerofotogramétrico que comenzaron hace poco más de un mes, para luego procesar las fotos mediante un escaneo digitalizado y determinar eventuales sitios de interés arqueológico para comenzar las excavaciones.
Este lunes, Gonzalo Fernández solicitará a la Justicia autorización para dejar sin efecto las medidas cautelares de no innovar en predios militares.
El informe final de la Comisión Para la Paz, de abril de 2003, dice que ese grupo de trabajo ha recibido "de fuentes militares" versiones e informes coincidentes sobre el destino de los restos, que señalaban que los restos de desaparecidos fueron en primera instancia enterrados en dependencias militares y luego, a fines de 1984, exhumados y arrojados al Río de la Plata.