El Partido Nacional analiza trasladar a la Justicia la información sobre el caso y maneja solicitar una comisión investigadora en el Parlamento.

En tanto, Alfredo Álvarez Saavedra, primo hermano de la senadora Lucía Topolansky, aseguró este jueves que no tiene ninguna vinculación con la compañía, y solicitó que el senador denunciante, el nacionalista Ruperto Long, se retracte de la vinculación que originalmente trazó entre Apliser S.A. y él.

La senadora Topolansky señaló que analizará el inicio de acciones legales por esta vinculación, reiteró que Álvarez Saavedra es uno de sus 52 primos y que no tiene contacto alguno con él.

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, José Mujica, marido de Topolansly, negó que los 32 millones de dólares de la exportación estuvieran destinados a financiar la campaña electoral del Frente Amplio.

Sostuvo que no conoce a  Álvarez Saavedra, pero, además, pidió que los blancos lleven a la Justicia los antecedentes del caso para que se investigue.

“Lo que pido es que si tienen alguna información, que la pasen y yo los ayudo a investigar. (Los fondos de la campaña) provienen de lo que tenemos, está todo documentado; a mí no me mostraron la de Lacalle tampoco. Además, hablan de cosas que no tienen ni pies ni cabeza,  por lo que me dijeron la cifra que manejan da para comprar medio Uruguay. Pero espero que si tienen algún dato serio que lo arrimen, lo investiguen y lo pongan en la Justicia penal”.                              

Long dijo que no se disculpará con Álvarez Saavedra porque, según dijo, en ningún momento le hizo imputación alguna sobre participación en irregularidades.

“Yo no me puedo retractar de lo que no he dicho. Yo en ningún momento le hice a él ni a ninguna de las otras personas imputación de ningún tipo. De modo que no puedo retractarme de algo que yo en ningún momento afirmé. Él me afirmó que no tiene ninguna responsabilidad en el tema y no tengo porqué dudarlo, esas fueron sus palabras. Me parece bien que él lo diga públicamente, acá lo que importa es ir aclarando las cosas. Pero reitero, yo en ningún momento le hice a él ningún tipo de acusación ni al él ni a nadie”, afirmó el legislador.

Long agregó que no entiende qué tipo de medidas legales puede llegar a adoptar Topolansky, porque a ella tampoco la vinculó a ningún tipo de maniobra ilícita.

Desde el ámbito empresarial se dijo al diario El País que existe la posibilidad de que el negocio esté vinculado a una maniobra entre particulares con el tipo de cambio venezolano.

Esto se sospecha dado que en Venezuela está prohibido el uso del dólar. Hay una cotización oficial del Banco Central de Venezuela que este jueves era de 2.15 bolívares por cada dólar, mientras que en el mercado negro de ese país cotizaba a 6.35 bolívares.

El mercado cambiario venezolano está controlado desde febrero de 2003. Por ello, el importador venezolano de los productos uruguayos debe recibir la autorización del Banco Central de Venezuela para comprar los dólares para pagar su compra al precio oficial de la divisa.

Ese dinero se gira a Uruguay para abonar la compra y retorna “en vivo” a Venezuela, es decir, en billetes, para volcarse en el mercado negro venezolano, que paga por cada dólar un precio ampliamente superior al que ofrece el Banco Central de Venezuela.

Long entiende que esta es una posibilidad, pero la considera como una de las tantas posibles maniobras.

El legislador dijo que pretende investigar si el negocio involucró al Estado venezolano o si se hizo entre particulares de ambas naciones. No obstante, señaló que de una manera u otra, el Estado caribeño está involucrado porque para realizar compras en dólares las empresas deben solicitar el cambio de bolívares por dólares al Banco Central de Venezuela.

“A nuestro juicio, igual está la interrogante, que nos parece importante, de la utilización de la importación, también sería importante quién puede ser el destinatario final de este producto, que evidentemente difícilmente sean para poner al público, son materiales educativos... En fin, hay una cantidad de preguntas que tienen que ver con el gobierno de Venezuela”.

Por otra parte, Alfredo Álvarez Saavedra afirmó que no tiene ninguna vinculación con la empresa Apliser.

Según la información publicada este jueves por Búsqueda, Alvarez Saavedra fue el primer presidente de Apliser, desde el 14 de mayo de 2008 hasta noviembre de ese año.

En el primer semestre de este año, la firma elaboró material bibliográfico por el que pagó menos de 500.000 dólares y luego lo exportó a Venezuela por más de 32 millones de dólares.  La diferencia entre las dos cifras llamó la atención del senador blanco Ruperto Long.
 
“Sorpresivamente”, Apliser quedó ubicada en el lugar 21 entre todos los exportadores del país, destacó Long en sus declaraciones a Búsqueda.

El material exportado se llama “Técnicas de la ordenación territorial” y consiste en impresiones cartográficas.

La empresa gráfica uruguaya Mosca Hnos. fue la encargada de imprimir ese material a principios de año y le cobró Apliser alrededor de seis dólares por unidad, de acuerdo con la información que obtuvo Long.

Luego, Apliser S.A. vendió a 498 dólares cada una de esas unidades de material bibliográfico con destino a Venezuela. Eso significa que por cada dólar que invirtió, obtuvo 83 de retorno.

Consultado este jueves por el Espectador, Álvarez Saavedra explicó que él autorizó la utilización de su nombre cuando un estudio contable de plaza creó esa Sociedad Anónima. Luego, ese estudio vendió la empresa a sus actuales propietarios, se nombraron nuevas autoridades y él quedó totalmente desvinculado.

Álvarez agregó que ni siquiera conoce la identidad de quienes están hoy al frente de la compañía.

En cuanto a su relación con la senadora Topolansky, confirmó que es uno de sus primos hermanos aunque descartó que mantenga algún vínculo con ella, “ni siquiera ideológicamente”, afirmó.

Álvarez contó que actualmente se dedica a la producción de champignones en una chacra que posee en la zona de Melilla.

Los propietarios de Apliser S.A. en la actualidad, quienes han llevado adelante las operaciones de exportación bajo sospecha, es un grupo inversor extranjero de Colombia y de Estados Unidos que llegó al país y compró la Sociedad Anónima que estaba armada.

Fuentes empresariales confirmaron a El Espectador que el comprador en Venezuela de este material bibliográfico no es directamente el Estado, sino una empresa privada que luego le vende al Estado venezolano el material bibliográfico junto con los cursos de capacitación correspondiente.

Eel titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que “desde hace días” tiene a estudio el caso.

Gil Iribarne afirmó que investiga este caso desde antes de la denuncia hecha públicamente por el senador Long. Por el momento, no quiso hacer más consideraciones sobre el tema.